Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora norteamericana Deloitte declaró ante una corte del estado norteamericano de Virginia que la licitación de la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones de este gobierno, está manchada por el interés de adjudicarle desde el principio a una sola empresa este proyecto de Asociación Público Privada que representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.

Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Haan recibió una propuesta “ilegal” por parte del entonces director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola empresa, Comunicación Veta Grande (CVG) cuyos integrantes principales después se convertirían en Consorcio Altan, y se evitara el concurso internacional.

El documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan, distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99 por ciento del proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo ganador, el Consorcio Altan. Y que tanto en el caso de CVG como de Consorcio Altan habían fuertes inversiones privadas de capital chino que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra el 85 por ciento del territorio mexicano.

En una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con Bank Of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de Consorcio Altan.

Keith detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altan y el plan de negocios que elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1 por ciento de diferencia”. Haan recordó que esta afirmación se la hizo durante una cena en el Fiola Mare, de la ciudad de Washington.

Haan recordó también que antes de que se lanzaran las bases de licitación de la Red Compartida sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de su director general Mario Góngora. En ese encuentro Aspe coincidió en la necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.

Después de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez.

El mismo personaje, Mario Góngora, le hizo otra propuesta a Haan para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. El sólo se encogió de hombros”, afirmó Haan.

La SCT Prepara Litigio Internacional

Las revelaciones contenidas en esta declaración jurada ante una corte del directivo de Deloitte provocaron una airada reacción de la SCT. A través de un comunicado de prensa, emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.

Según su comunicado, la SCT ya contrató al despacho norteamericano de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de Ganley. La dependencia argumentó que después de haber sido descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía, Rivada Networks han emprendido una campaña para justificar su incumplimiento.

Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, sentenció la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno.

Pardójicamente, la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario, bajo las órdenes de Mónica Aspe. Sólo aclaró que Góngora Preciado “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y “por lo tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.

La SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero que concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas participantes”.

Hasta ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios de Consorcio Altan.

Rivada Acusa a SCT de “Acto de Censura”.

Una semana después que la SCT anunciara que se irá a litigar en las cortes de Estados Unidos, Consorcio Rivada afirmó en un comunicado del 28 de diciembre que acepta la demanda por difamación y aclara que “sería la primera en la historia moderna, en la que un Estado demanda por difamación a una empresa o individuo”.

Una demanda de este tipo constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier Asociación Público Privada (APP) por los riesgos que ello implica”, abunda en su comunicado.

Reitera que “los hechos denunciados sobre prácticas ilegales son ciertos” y “se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez”.

Desde el 20 de diciembre, Rivada Networks lanzó otras preguntas en su comunicado:

¿El trabajo por el que la SCT pagó 5 millones de dólares a Deloitte resultó irrelevante? ¿No constituye información privilegiada?…. ¿Niega la SCT que se haya celebrado una reunión entre la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, el señor Brett Haan, directivo y socio de Deloitte Consulting Group, en la que se consultó la posible adjudicación directa de la Red Compartida a favor de Grupo Altán?”

Consorcio Rivada no renunciará al ejercicio de sus derechos como concursante en el Proyecto de la Red Compartida y ejercerá su debida defensa a la autoridad en los tribunales mexicanos y en los de Estados Unidos”, sentenció en su comunicado.

Rivada Networks ha insistido que la SCT “tiene el deber de investigar a fondo los hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje la duda sobre la causa de la descalificación”.

La SCT “tiene la responsabilidad de asegurar a los mexicanos que la adjudicación del proyecto de la Red Compartida se ajustó a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia”.

Por su parte, Consorcio Altán aclaró en otro comunicado que su propuesta para ganar la Red Compartida es “totalmente original, independiente y única” y negó cualquier vínculo con Deloitte.

Calificó como “infundadas y maliciosas “ las acusaciones de Rivada Networks, rechazó haber accedido a información privilegiada o confidencial para ganar la licitación y que, eventualmente, harán valer sus derechos ante los tribunales competentes.

(Continúa mañana…)