El mismo día que Enrique Peña Nieto arengó en el foro empresarial de Grupo Interacciones que “ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México”, el primer mandatario mexicano decidió realizar dos operaciones sorpresivas fast track: envió al Senado de la República dos oficios para designar como nuevo procurador general de la República al doctor Raúl Cervantes Andrade y nombrar a la maestra Arely Gómez González como titular de la Secretaría de la Función Pública.

La maquinaria de operación política de Los Pinos en el Senado, a cargo del coordinador de la mayoría priista, Emilio Gamboa Patrón, se echó a andar desde el medio día de ese martes 25 de octubre. Por unanimidad el pleno de la Cámara alta aprobó la solicitud de licencia de Raúl Cervantes Andrade, quien apenas había retornado al Senado en noviembre de 2015, después de su fallido intento por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.

En la mañana de ese mismo día, la procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión en Los Pinos con el primer mandatario. Trascendió que discutieron los posibles escenarios para la detención del ex mandatario veracruzano prófugo Javier Duarte, pero en la tarde se enteró que tenía que comparecer ante el Senado para que la ratificaran como titular de la Secretaría de la Función Pública y dejar la PGR.

En paralelo, ese mismo día, los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, Partido Verde y PRD aprobaron una iniciativa para ampliar los plazos de 3 a 7 años y de 6 a 8 años de 4 de los 7 magistrados electorales que habían sido electos días antes. Argumentaron que con esta expansión del plazo “se favorecerá la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejora la calidad de las resoluciones de la misma”.

La novedad la dio el propio Raúl Cervantes Andrade durante su comparecencia en comisiones, el miércoles 26 de octubre, cuando afirmó que no sólo aspiraba a ser el nuevo titular de la PGR sino el Fiscal General de la República por 9 años, posibilidad que marca la reforma al artículo 102 constitucional.

“Pienso que debemos trabajar en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, para que a futuro las víctimas del delito sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud”, sentenció Cervantes Andrade, a pregunta expresa de la senadora Angélica de la Peña, del PRD.

“Sí vengo, y se los digo abiertamente, a generar una ley que tenga la potencia, credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer acción penal y que el transitorio que habilitaría que siendo procurador pasaría a la fiscalía”, reiteró en esa misma comparecencia.

Cervantes Andrade no tuvo mayores objeciones públicas por parte de la oposición. Sólo 3 votos en contra de la bancada del PT, coordinada por Manuel Bartlett, más 82 votos a favor de los senadores del PRI, Verde, PAN y PRD y 1 abstención, recibió su nombramiento.

Culminó una operación fast track que lo convirtió en nuevo procurador y en posible fiscal general por 9 años en menos de 24 horas, sin que nadie le reprochara su abierta militancia priista, sus compromisos como abogado corporativo de poderosos grupos empresariales como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de la Asociación Mexicana del Gas Natural (AMGN) o de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

Por el contrario, su nombramiento tuvo tintes de coronación. Un senador se le acercó para decirle: “más vale saludarlo, con tal de que no tenga órdenes de aprehensión en los próximos nueve años”. La broma hizo sonreír al propio Cervantes Andrade y al coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien lo acompañó en el besamanos final.

Menos halagadora fue la despedida de la ex procuradora general Arely Gómez, quien asumió el cargo en febrero de 2015 en relevo de Jesús Murillo Karam. En aquella ocasión, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, la llenó de elogios por “tu sonrisa, tu sencillez, tu amabilidad, tu trabajo serio y responsable”.

El jueves 25 de octubre, la comparecencia y la sesión en el pleno para que Arely Gómez se convirtiera en la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública fue un mero trámite. Nadie le cuestionó sus desaciertos en la PGR y menos que no se hubieran consultado a las organizaciones ciudadanas que participaron en la configuración del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Arely Gómez se comprometió a “romper los cotos de poder” en la Secretaría de la Función Pública, a eliminar los “amiguismos” y a revisar a los integrantes de todos los Organos Internos de Control de las dependencias federales. “No echaré a la borda 30 años de servicio por amistades”, sentenció.

“Duartismo” en Los Pinos

La celeridad y la ausencia de debate en estos cambios generaron una airada reacción de decenas de organizaciones civiles que trabajaron junto con el Senado en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y en las consultas para crear una nueva Fiscalía General de la República autónoma.

“Lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio para la reflexión crítica y el debate abierto”, reprocharon en su comunicado del 28 de octubre organizaciones como Artículo 19, Alianza Cívica, Fundar, Freedom House, la red nacional “Todos los Derechos para Todos” y más de cincuenta organizaciones de todo el país defensoras de los derechos humanos.

Sobre la llegada de Cervantes Andrade a la PGR el comunicado de las organizaciones sociales advirtió que “es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis en el sistema de justicia penal de México”.
Reprocharon que el relevo en la PGR se dio “tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia”.

Sobre el nombramiento de la nueva titular de la Función Pública subrayaron que “viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”. Recordaron que en septiembre de 2016, Peña Nieto se comprometió a “conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia, expertos para elegir al secretario o secretaria. Esta consulta nunca se realizó”.

Tan dura fue la reacción que en redes sociales circuló un mensaje de la organización México Unido contra la Delincuencia que decía: “#JoderAlPaísEs nombrar a un Fiscal General de la República que sea militante de un partido político, primo del consejero jurídico de la presidencia y que sea además, abogado en ejercicio. Señor presidente, aunque usted diga que no lo hace a propósito, hay días que realmente parece que se levanta con muchas ganas de joder al país”.

Para el senador Manuel Bartlett, de los pocos que argumentó en tribuna en contra de la designación de Cervantes Andrade y de Arely Gómez se trata de “actos de poder de Peña Nieto para imponer la protección de sus intereses y de los intereses que él representa”.

“Es un Duartismo en Los Pinos”, sentenció Bartlett, refiriéndose a la maniobra similar que hizo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte –actual prófugo de la justicia- para designar un fiscal anticorrupción a modo de sus intereses.

Cervantes Andrade “no es un hombre autónomo. Están nombrando a un abogado vinculado a los intereses de Peña Nieto y de su partido. En lugar de designar a un hombre que le dé garantías a todos los mexicanos, prefirieron un operador del PRI”, abundó Bartlett.

“Lo que se requiere para que la procuraduría funcione es un poder brutal. Y si tú pones como procurador a un ostensible militante del PRI están diciendo que no será un poder autónomo, sino vinculado a los intereses de Peña y de su partido”, abundó Bartlett, ex secretario de Gobernación y ex titular de la SEP durante dos sexenios consecutivos.

Bartlett fue más allá y consideró que en cuatro decisiones se observa “un perfil fascistoide” del primer mandatario: el reparto de las cuotas de los partidos en la Sala Superior del Tribunal Electoral que calificará las elecciones del 2018, del 2021 y hasta del 2024 (tres durarán 9 años); la ocupación de posiciones importantes para la lucha contra la corrupción; y “el nombramiento como procurador de un abogado especialista en los intereses corporativos y del partido”.

Reportaje tomado de Revista Proceso No. 2087