El 4 de agosto de 2015, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la modificación al artículo 158 del Código Penal de la entidad, denominado “Del Contagio” a fin de adicionar el término Infecciones de Transmisión Sexual, que no estaba considerado originalmente en el documento.

Entre dichas infecciones se contempla al VIH y al virus del papiloma humano y se establece una pena que va de los 6 meses a los 5 años de prisión y multa de hasta 50 días de salario para quien “dolosamente” infecte a otra persona de alguna enfermedad de transmisión sexual.

La reforma, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas del Partido Verde Ecologista de México, tenía la finalidad de “tratar de prevenir la transmisión de dichas infecciones, principalmente a las mujeres y las niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad…”.

Acción de inconstitucionalidad

Ante los hechos, el 16 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respondió a la petición del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz y otras organizaciones de la sociedad civil, e interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para la CNDH, el nuevo contenido del artículo 158 del Código Penal del Estado de Veracruz “genera un trato discriminatorio en perjuicio de las personas, ya que al tipificar como delito la puesta dolosa en peligro de contagio de enfermedades, genera dos supuestos: que se trate de infecciones de transmisión sexual y que se trate de enfermedades graves”.

Además que no cumple su objetivo de prevenir la transmisión de infecciones sexuales hacia mujeres y niñas, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, sino que provocó una diferenciación basada en el padecimiento de cierto tipo de infecciones, en este caso de transmisión sexual, y calificarlas como graves, hecho que no es real, pues no todas las infecciones de este corte son graves.

Respaldo internacional

A medio año de haberse presentado el recurso, organizaciones de la sociedad civil internacionales como Red Justicia por VIH en todo el Mundo han entregado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la admisión del recurso legal tomando en cuenta que “no hay evidencia de que criminalizar la exposición potencial o percibida al VIH o ITS beneficie la prevención; sin embargo, hay serias preocupaciones de que la criminalización puede causar un daño considerable”.

En el documento entregado a la Corte, se recuerda que diversos organismos internacionales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el Relator Especial del derecho a la salud de las Naciones Unidas, la Comisión Global de VIH y la Ley y la Organización Mundial de la Salud han recomendado a los gobiernos limitar el uso del derecho penal a situaciones extremadamente excepcionales casos de transmisión intencional de VIH (por ejemplo, cuando la persona conoce su propio estatus seropositivo, actúa con la intención de transmitir el VIH, y de hecho lo transmite).

La misiva también señala que las leyes que criminalizan al VIH afectan los derechos de las personas con VIH porque provocan confusión y miedo sobre obligaciones en virtud de la ley; generan fallas en los sistemas de justicia, a menudo como resultado de una representación legal inadecuadamente informada y competente; surgen amenazas que desencadenan el enjuiciamiento como medio de abuso o represalia contra una pareja actual o anterior; las investigaciones policiales son desproporcionadas e insensibles, pudiendo provocar estigma y discriminación, y propicia condenas y sanciones desproporcionadas.

Por tanto, argumentaron los representantes de las diferentes organizaciones civiles, una ley como la de Veracruz no protege a las mujeres contra la coerción o violencia que realmente incrementa el riesgo de transmisión de VIH y coloca a las mujeres viviendo con VIH, especialmente aquellas en posiciones vulnerables y relaciones abusivas, en riesgo desproporcionado tanto de procesamiento, como de violencia.

Además, el miedo al procesamiento judicial puede desalentar a las personas, especialmente a aquellas pertenecientes a poblaciones altamente vulnerables al VIH, de examinarse y conocer su estatus, porque muchas leyes se aplican sólo a quienes son conscientes de su estatus seropositivo e impide el acceso a la atención y tratamiento porque las historias clínicas pueden ser usadas como evidencia en su contra en las Cortes.