La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna adelantó que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para derogar la Reforma Educativa.

Así mismo solicitará que se impulse una transformación integral de la regulación del sistema educativo que corrija las actuales deficiencias y donde se tomen en cuenta todos sus componentes y se incluya a todos los interesados.

La legisladora perredista recordó que muchas de las inconsistencias de la reforma educativa fueron señaladas durante el debate legislativo e inclusive se presentaron diversas reservas.

«En primer lugar destaca el desprestigio de los profesores y falta de integralidad de la reforma. Esta reforma descansa básicamente sobre los profesores. No solamente fueron excluidos de su elaboración sino que también son culpabilizados de las fallas de todo el sistema educativo que es mucho más amplio y completo. Esta falta de integralidad hace a todas luces que los cambios resulten insuficientes y hasta regresivos pues no plantea una mejora de los otros componentes y el discurso oficial ha denigrado la labor docente. En consecuencia, la revisión de la actual regulación presenta la oportunidad de realizar una auténtica reforma educativa, es decir, aquella donde se tomen medidas para mejorar de manera armónica todas las partes del sistema educativo. Sólo un cambio de esta envergadura podrá potenciar de manera importante los resultados esperados en beneficio de los alumnos», añadió.

Sobre la aplicación retroactiva, Padierna Luna recordó que en el artículo 8 transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, implica que la evaluación de desempeño y sus efectos sean retroactivos. Esto se debe a que es aplicable a todos los profesores que ya estaban en servicio antes de la entrada en vigor de la nueva regulación. No es un tema menor pues con 3 evaluaciones negativas, aunque los docentes ya cuenten con nombramiento definitivo, pasarían a realizar “otro tipo de tareas” diferentes a la enseñanza. Antes de cualquier otra consideración, podría tratarse un tema de inconstitucionalidad pues el artículo 14 de nuestra Carta Magna señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

«También existen indefiniciones graves de las consecuencias de la evaluación, debido a que la ley no define cuales serían con precisión el ‘otro tipo de tareas’ que realizarían los profesores con 3 evaluaciones negativas. Tomando en cuenta que hay 1.2 millones de profesores en la educación básica del país (más de un 1 millón en las escuelas de sostenimiento público), no sabemos lo que sucedería con decenas miles de profesores que podrían ser alejados de la práctica docente y permanecerían en el sistema educativo. Entre los ‘otros tipos de tareas’ a las que se puede asignar a los profesores se encuentran las administrativas y que incluyen diversas labores como: intendencia, atención al público, vigilancia de la biblioteca escolar, entre muchas otras. Sin embargo, estas funciones en las escuelas tienen generalmente un salario y prestaciones menores. De esta forma se les puede inducir a renunciar sin ninguna responsabilidad para el Estado», advirtió.

La vicecoordinadora parlamentaria también se refirió al trato diferenciado a las escuelas privadas: de acuerdo a la Ley General de Educación (Art.21), a diferencia de lo que sucede a los profesores de escuelas públicas cuando no acrediten las evaluaciones, aquellos de las escuelas privadas podrán recibir cursos de capacitación sin que la regulación mencione riesgos para su trabajo.

«Esta reforma genera precariedad laboral, pues el hecho de aprobar las evaluaciones no tiene mayores efectos en la permanencia de largo plazo. La ‘idoneidad’ de los profesores es solamente temporal y seguirán sujetos a evaluaciones al menos una vez cada 4 años (artículo 52, LGSPD). No existe la posibilidad de que aseguren su empleo. Esta situación puede tener incentivos negativos en la formación continua de los profesores pues podría resultarles menos conveniente invertir en seguirse preparando sino se cuenta con la certeza del empleo», sentenció.

A consideración de la senadora no son claros los criterios y contenidos de la evaluación, por ejemplo, podría estarse dando más peso al conocimiento de reglamentos que al dominio de las materias. «Además los profesores no han recibido retroalimentación puntual de cuáles fueron sus respuestas erróneas».

«Por si fuera poco, los exámenes no han sido suficientemente sometidos al escrutinio de expertos externos a las autoridades que los validen y hagan del conocimiento público sus veredictos, es decir, no se cuenta con información suficiente o parámetros para verificar que estos exámenes están bien diseñados para evaluar la ‘idoneidad’ de los profesores», afirmó.

Padierna Luna insistió en que no es posible que la implementación de esta reforma llegue a buen puerto pues tiene el rechazo de los principales sujetos, los profesores.

«Los conflictos que se presentan actualmente hacen necesaria una revisión que permita generar respuestas justas y recobrar la tranquilidad social en diversas entidades del país», finalizó.