De acuerdo con el artículo Telecomunicaciones y radiodifusión en el Siglo XXI, redactado por los investigadores Juan Carlos Amador Hernández y César Giles Navarro, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), y publicado en el número 26 de la revista Pluralidad y Consenso, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha propiciado cambios positivos «en la vida cotidiana de las personas, en la medida en que han contribuido a mejorar la calidad y disminuir el costo de los servicios que utilizamos diariamente».

El documento señala que los precios al consumidor de larga distancia internacional disminuyeron 40.7 por ciento; los de telefonía móvil 15 por ciento, y la telefonía fija 4.5 por ciento; y que del 2012 al 2014, el número de usuarios de internet en el país se incrementó un 18.3 por ciento, alcanzando la cifra total de 53.9 millones de mexicanos.

Asimismo, subraya que todos los objetivos planteados en la reforma «se están cumpliendo en beneficio de los usuarios, de las audiencias y de la competitividad económica de México».

Otro punto que destaca es el de las condiciones de competencia introducidas por la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues conforman uno de los cambios más importantes en las últimas décadas.

Afirma también que en el sector de la radiodifusión se ha generado apertura y «se ha puesto en marcha un proceso inédito de competencia», cuyas repercusiones a nivel social y político se espera ocurran en el mediano y largo plazo.

El artículo desglosa el proceso y las principales implicaciones de esta reforma constitucional en 2013, así como el proceso de aprobación de sus leyes secundarias, en 2014.

Aunado a ello, describe el panorama anterior a la reforma, donde hubo una pobre participación económica del sector telecomunicaciones en el Producto Interno Bruto (PIB), dominio del mercado por parte de una sola empresa, y falta de competencia, tanto en este ámbito como en el de la radiodifusión.

La aprobación de la reforma dio paso la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que en marzo de 2014, determinó como agente económico mayoritario del sector al consorcio encabezado por Telmex, Telcel y América Móvil, por lo que se activó la regulación asimétrica prevista en la ley.

Dicha medida obligó a la principal compañía de telefonía móvil a dejar de cobrar roaming a sus usuarios, y a entregar a los compradores los teléfonos de prepago desbloqueados, con el fin de facilitar la portabilidad numérica.

La regulación asimétrica y el aumento de la competencia han disminuido la participación del citado consorcio. A finales de 2015, registró 62.5 por ciento del mercado en telefonía fija y 69.46 por ciento en telefonía celular. Previo a la reforma, los porcentajes se situaban en 80 y 70, respectivamente.

Además, el artículo revela que tras la reforma se duplicó la penetración de la banda ancha con 43 suscriptores por cada 100 habitantes.

Incluso la telefonía fija «recuperó su tendencia de crecimiento hasta alcanzar 21.1 millones de líneas en el primer semestre de 2015», lo que se explica «por la entrada de nuevos competidores que con la intención de posicionarse en el mercado, ofrecen paquetes de servicios con precios más bajos», refiere el texto.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) obtenidos para el reporte, muestran que al primer semestre de 2015, 85.4 por ciento de la población poseía aparatos de telefonía móvil, había 103.4 millones de suscriptores, y la mayoría de ellos tenía teléfonos inteligentes capaces de conectarse a internet.

El documento agrega que en el caso de la televisión restringida, el número de suscriptores pasó de 14.3 a 16.4 millones, entre septiembre de 2013 y marzo de 2015, lo que significa un incremento de 15.1 por ciento.

No obstante, aclara que en el sector de la radiodifusión, los resultados de la implementación de la reforma se harán más visibles cuando empiece a operar la nueva cadena de televisión nacional, y cuando entren nuevos competidores a la radio nacional, ya sea en FM o AM.

«La meta de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión es ambiciosa, pero también es plausible y vale la pena: convertir a cada televisión, teléfono, computadora, tableta y cualquier dispositivo electrónico, en un instrumento para que los mexicanos puedan ejercer una ciudadanía activa en la democracia del Siglo XXI», finaliza el reporte del IBD.

Con información de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República.