Los ciudadanos estamos vinculados a la Ley de forma negativa. Es decir, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido (lo que implica que hasta que se prohíba, lo podemos seguir haciendo).

Los gobiernos (utilizo este término coloquial para referirme a las administraciones públicas, el poder legislativo y el judicial; tal como suele entenderlo el ciudadano) están vinculados a la Ley de forma positiva. Es decir, que pueden hacer solamente aquello que les está expresamente permitido (lo que implica que hasta que se les permita, no pueden hacerlo).

Esto se conoce como principio de legalidad y su mayor o menor cumplimiento es lo que define su cercanía o lejanía respectiva al Estado de Derecho (la sujeción del Estado al principo de legalidad es lo que distingue a los estados de derecho de los regímenes dictatoriales -como el de Venezuela-).

En ambos casos, y precisamente por la forma opuesta en que están vinculados los unos y los otros, la existencia previa de una ley, para regular sus comportamientos respectivos es condición indispensable.

Esto se conoce como principio de irretroactividad y existe para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder.

Para que ambos principios puedan garantizarse, tenemos la División de Poderes (lamento tener que explicar esto, pero muchos funcionarios públicos no entienden la diferencia; para ellos es que lo hago), donde el legislativo emite las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial dirime las diferencias. Ahora bien, las leyes tienen un carácter general y, para los detalles, el poder ejecutivo tiene la facultad de emitir reglamentos más específicos (siempre que el reglamento no vaya más allá de la ley que “regula” -es conocida la tendencia de los poderes ejecutivos a ir más allá de las leyes y restringir derechos o imponer obligaciones que no se encuentran previstas en ellas-).

Esto se conoce como principio de jerarquía legal y está ahí, también, para evitar el abuso de poder.

Gracias a todo esto, los ciudadanos conocemos nuestros derechos y las obligaciones de todos (de gobernados y gobernantes -equivocadamente, en Latinoamérica suele ejercerse el poder como un derecho, cuando no lo es-) y para que no haya duda, en el ejercicio de nuestros derechos debemos apegarnos a la Constitución (los tratados internacionales son materia constitucional), a las leyes y a los reglamentos de éstas; así, en ese orden. O sea que si un reglamento va más allá de la ley o ésta no se apega a la Constitución, pues acudimos a los tribunales para que eso deje de ocurrir.

Del mismo modo, los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones dentro de un marco jurídico. Por supuesto que derivadas, primero de las leyes y luego de los reglamentos y, en teoría, hasta ahí.

Ahora bien, hace años, en México los políticos se han inventado una especie de catálogo legal que incluye figuras destinadas a evitar el proceso legislativo y reglamentario (“acuerdos”, “circulares”, “ordenes”, “programas”, etcétera, por citar algunos de los más usados -originalmente por carecer de un Estado de Derecho; después, por que tenerlo pesa en el ejercicio del poder-). Todo ello para saltarse los principios legales y hacer lo que se les pegue en gana, hasta que un ciudadano o dos los lleven a juicio. Mientras esto no ocurre, los funcionarios siguen aplicando sus propias normas (en vez de que lo haga la ley, ellos mismos se autorizan su forma de actuar). En un principio, estas figuras se aplicaban sólo para informar o requerir a funcionarios dentro de cada administración pública; digamos, de jefe a subordinado. Hoy se les utiliza como si los ciudadanos fuéramos subordinados y los funcionarios nuestros jefes.

Pues bien, esto es precisamente lo que se hizo tanto con la “verificación vehicular” como con la “contingencia ambiental”. En ambos casos, debieron emitir leyes y posteriormente reglamentos para vincular a los ciudadanos a cumplirlos como obligación. En cambio, publicaron sendos “programas” carentes de fundamento legal. De este modo, ellos se lo guisan y también se lo comen y se escabullen de los principios legales. Esto es así, puesto que entre más alta es la jerarquía de la norma, más vigilancia se requiere para emitirla. Si la norma no es tal (como en estos dos casos), carece de formas de ser vigilada (en estas situaciones, no existe otro vigilante que el ciudadano al que se la aplican ilegalmente y, por ende, sólo la posibilidad de protegerse a través de un juicio).

Quiero dejar claro que en este artículo no estoy discutiendo si existe o no la contaminación ambiental. No. Estoy aclarando que el gobierno (todos los involucrados), no ha emitido la ley y su reglamento correspondiente. Por el contrario, emitieron “programas” (los que no estamos obligados los ciudadanos a cumplir). No es cosa menor. En otro documento ya expliqué que la “verificación vehicular” carece de fundamento científico o, siquiera técnico. Aquí aclaro que el mecanismo legal que utilizan, para aplicar la norma oficial mexicana en la materia (la que carece de fundamento científico), carece también de fundamento legal. Vamos, que peor no se puede hacer.

Los “programas” no son formas jurídicas que tengamos que acatar los ciudadanos. Con mucho, son elementos “abstractos” a los que tienen que adecuarse los gobiernos. La Constitución hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo (antigualla tomada de los planes quinquenales de la extinta Unión Soviética) como guía gubernamental, no como obligación ciudadana. Los programas son eso, una forma de planeación, de marca de rumbo; a partir de ellos, los gobiernos buscan promover nuevas leyes, modificar las existentes, emitir algún reglamento pendiente o solicitar un presupuesto determinado. Los programas son guías para los políticos, no instrucciones para los ciudadanos.

Más de un climatofílico dirá que la forma no importa mientras cumpla su objetivo. A él, le contesto que en Derecho no existe el fondo sin la forma. En materia legal, lo que no tiene forma carece de fondo. Este el el caso. Es un asunto legal que carece de forma y, precisamente por ello, de fondo. De ahí que existan los principios legales: para protegernos de los abusos de poder. Éste es el caso: un claro abuso de poder convertido en supuesta norma ambiental, cuando carece del fundamento científico y legal indispensables para ser impuesto a los ciudadanos.

Existen leyes en la materia, pero los programas no son reglamentarios de éstas. No. Por cierto que están hechos bolas sobre la competencia (ya no saben si es federal o local). Como sea, debo insistir en que para imponerle obligaciones a los ciudadanos o restringir su forma de vida, debe hacerse a través de leyes (en este caso, debo aclarar que han de ser federales -es su competencia1-) y si acaso con reglamentos. Todo un proceso legal que, aunque suele hacerse al vapor, nos da la posibilidad de combatir en los tribunales.

Ahora bien, ¿cómo nació esta estulticia jurídica? Los gobiernos federales entendieron, desde el 2006, que la “verificación vehicular” es una forma de financiamiento local que desahoga la petición de recursos federales. En octubre de ese año, la SEMARNAT realizó una “Guía para establecer programas de verificación vehicular en los estados y municipios” (uno de los cuatro participantes en su elaboración fue la “Asociación Mexicana de Verificentros, A. C.”); en la guía se calcula la cantidad de dinero que cada municipio puede obtener si aplica un “programa” de estos (lo divide en tres: ingresos por verficaciones, ingresos por multas, e ingresos por rechazos). Es una guía (de la A a la Z) para sangrar a los propietarios de vehículos2.

De este modo, los estados con mayor parque vehicular hicieron sus cálculos y vieron que era una enorme fuente de ingresos; y visto que el mismo gobierno federal les recomendaba que no pasasen por procedimiento legislativo alguno, pues establecieron sus “programas”. Y así, hasta hoy. Cada vez que se les antoja, modifican su programita o emiten uno nuevo, según sus necesidades de dinero.

Claro que darle la forma legal que merece el asunto requiere poner a la luz lo que no es más que obscuridad pura y llana: tanto la “verificación ambiental” como la “contingencia ambiental” carecen de fundamento alguno. No lo tienen en la ciencia y tampoco en la ley. Puros inventos de intelectualoides que ocupan espacios de poder vacíos. Por un lado, el de los científicos sin voz y, por otro, el de los abogados sin conocimientos científicos.

Voy a terminar con repetir lo fundamental de este escrito: los “programas” no son vinculatorios para los ciudadanos, lo son sólo para los funcionarios. Los ciudadanos estamos vinculados a las leyes y a los reglamentos. Nada más.


1No sólo porque los artículos 73.XXIX-G y 122. C de la Constitución hacen referencia expresa ,sino que la atmósfera es una en todo el territorio; lo mismo que el espacio aéreo (de lo contrario, un pueblucho como San Pedro de los Aguaros podía combertirse en quemadero de llantas por disposición municipal).
2Otra vez como en la “Ley de Herodes”, cuando el secretario López le entrega al alcalde Vargas una Constitución y un revolver para recaudar dinero.