En las más recientes entregas de su afamado cartón “Dilbert”, el norteamericano Scott Adams ha retratado a la perfección las complejidades contemporáneas derivadas de la tirante relación privacidad-seguridad. Apenas el pasado lunes, el director general de la empresa donde labora Dilbert informó a su gerente que el gobierno le solicitó crear un software para desencriptar los datos de los usuarios de los servicios de esa compañía. Aparentemente preocupado, el directivo se detuvo un momento y reflexionó en voz alta: “O escogemos privacidad o seguridad. ¿Deberíamos traicionar a nuestros clientes o empoderar a terroristas”. Sin embargo, acto seguido instruyó a su subordinado: “averigua qué opción es más rentable y me informas”.

Los mexicanos cada día contamos con más evidencias de que el dilema privacidad-libertad claramente no existe para nuestros gobernantes, quienes, incluso en lo relativo a este delicado tema, deciden y operan en función de lo que les resulte política o económicamente más rentable. De esta forma, lo que debería ser una preocupación fundamental del Estado parece estarse convirtiendo en un divertido y lucrativo negocio en manos de un club de privilegiados.

El lunes pasado Aristegui Noticias y Derechos Digitales dieron a conocer un informe titulado “Hacking Team: malware de espionaje en América Latina”. En este fundamental documento de 80 páginas se da cuenta de los sentidos en que un desarrollo tecnológico, diseñado y comercializado por la empresa italiana Hacking Team, viola el marco legal y los derechos de privacidad en 13 países latinoamericanos.

El desarrollo tecnológico en cuestión es un software que cumple las funciones de un “Sistema de Control Remoto” y que, etiquetado para su venta como “Galileo” o “Da Vinci”, permite a quienes lo compran acceder a las contraseñas, emails, posición geográfica, información almacenada en disco duro, registro de cada una de las teclas apretadas, historial de sitios de internet visitados y al micrófono o webcam de los usuarios de dispositivos inteligentes seleccionados. Es preciso recordar que fue sólo debido a una filtración que los mexicanos supimos que nuestro país es el principal cliente de Hacking Team en Latinoamérica, y que desde dependencias federales y gobiernos estatales –como Yucatán, Campeche, Puebla, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Querétaro y el Estado de México- se adquirió este tipo de software.

Lejos de haber generado sentidas renuncias o explicaciones creíbles, el caso Hacking Team rápidamente fue relegado a segundo plano por los principales involucrados. En parte esto fue posible porque una de las reacciones más comunes de los ciudadanos ante la posibilidad de que el gobierno nos vigile es la indiferencia. Finalmente -suele pensarse-, si uno no se mete con el gobierno, ¿para qué habría el gobierno de entrometerse en la vida de uno? Además, ¿de qué debemos preocuparnos cuando no tenemos nada que esconder?

Sin embargo, al dejarnos vencer por la desidia hemos pasado por alto dos de los problemas fundamentales de la privacidad identificados por la filósofa Helen Nissenbaum. El primero es que consciente o inconscientemente los individuos suelen almacenar en sus dispositivos o subir a internet –ya sea en redes sociales o a través de correos o mensajes privados- información de ellos mismos, elementos que preferirían que no fuera del dominio público o que de plano podría causarles problemas –desde el número de una tarjeta de crédito hasta una foto ridícula-. El segundo es que las personas no sólo manipulamos información de nuestras vidas, sino que en nuestras actividades en línea necesariamente incluimos a otros individuos; esto es, transmitimos información de terceros al momento de etiquetar a un amigo en una foto, mandar un correo electrónico o hablar sobre una persona con otra.

Lo anterior significa que entrar a la vida de un individuo puede abrir la puerta a una cadena interminable de conexiones con terceros; es decir, a través de los datos de un individuo se puede llegar a la información personal de otro. Estas “cadenas” de información son tan reales que actualmente diversas empresas suelen emplearlas para maximizar sus posibilidades de ventas, circunstancia que implica masivas invasiones a la privacidad que en otros países han generado serias disputas legales. Pero es cuando este tipo información detallada llega a manos de nuestros gobernantes que ésta se torna en una amenaza para la democracia y adquiere el potencial para ser empleada como un arma política sumamente peligrosa.

En este sentido, los mexicanos tenemos motivos serios para preocuparnos. De acuerdo con el informe “Hacking Team: malware de espionaje en América Latina”, el gobierno de Puebla, por citar un ejemplo, utilizó el software comprado a Hacking Team para espiar a periodistas, estudiantes y opositores. Poder vigilar a las fuerzas que son capaces de generar una alternancia en el poder confiere al gobernante una ventaja injusta y, en el peor de los escenarios, abre la puerta a extorsiones, chantajes o incluso violentas amenazas.

Una lección que debemos aprender del caso Hacking Team es que la privacidad en efecto, tal como señala Raymond Wacks, es un concepto impreciso y nebuloso, por lo que protegerla en la práctica en un mundo con tal nivel de interconexión se vuelve cada día más complicado. Es por ello que Wacks propone que la privacidad sea definida exclusivamente en términos de protección de información personal.

El informe de Derechos Digitales también indica que en estos tiempos un candado legal como la necesidad de una orden judicial para interceptar comunicaciones, que busca proteger la privacidad de individuos no sospechosos de un delito, es claramente insuficiente porque los datos que se recopilan a través de las herramientas disponibles son mucho más complejos, y mucho más reveladores, que la grabación de una llamada telefónica. Es por ello que los mexicanos deberíamos pugnar porque el marco legal vigente, que no regula explícitamente este tipo de “software”, sea modificado para garantizar la protección de nuestra privacidad digital.

Pero una preocupación adicional emerge al considerar que la relación Hacking Team-México, de suyo compleja y enredada, se complica aún más debido a que el software para espiar fue adquirido en muchos casos a través de empresas intermediarias -esto significa que en muchos casos no encontraremos una factura que evidencie una liga entre nuestros gobernantes y Hacking Team- , y si a ello le sumamos que en un buen número de ocasiones los servicios de esta empresa no fueron contratados directamente por dependencias encargadas de tareas de seguridad –como el Ejército o la Marina- sino por oficinas de gobiernos estatales o secretarías de gobierno.

En este contexto, sería en extremo simplista pensar que programas de espionaje como “Galileo” y “Da Vinci” están en poder de “el Estado”, “el gobierno” o “los gobiernos”. En realidad, estas herramientas se encuentran en manos de algunos miembros de la clase gobernante; de un puñado de personas con nombre y apellido que las emplean gustosa y discrecionalmente para maximizar sus posibilidades de éxito político o económico. De esta forma, el secretario de gobierno de un estado “X” pudo haber adquirido este software facturado bajo otro concepto y sin necesariamente informar a su jefe directo.

Que el Estado nos vigile como un “Big Brother” es impermisible y preocupante. Los latinoamericanos conocemos muy bien lo que implica vivir bajo el yugo de regímenes totalitarios. Nadie en su sano juicio puede aspirar a un retorno de este tipo de gobiernos, pero recordemos que entonces el enemigo a vencer era uno y plenamente identificable. Lo que el caso Hacking Team nos ha enseñado a los mexicanos es que actualmente estamos atrapados en el fuego cruzado de un número indeterminado de funcionarios de diferentes niveles de gobierno, quienes emplean nuestro dinero para poder espiar sin restricciones siempre que ello les represente la oportunidad de obtener réditos personales.

Vía: sinembargo.mx