Lamentable inicio de abril con al menos 10 signos de endurecimiento de un gobierno federal que prefiere optar por la mano dura y romper los puentes que se tendieron en crisis como las de Ayotzinapa.

Estos signos de endurecimiento se acompañan, además, de un claro pleito en las áreas de comunicación del gobierno federal. Especialmente entre el vocero Eduardo Sánchez y el jefe de la oficina de la presidencia de la República, Francisco Guzmán. No saben qué hacer más que cerrar las vías de información.

He aquí algunos de estos signos:

1.-Ley Peña-La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para que el presidente de la República pueda decretar el estado de excepción es uno de los signos más claros de endurecimiento. No hubo debate público. Sólo aplicaron la mayoría automática que cuenta el bloque priista-verde, más el PAN.

Esta reforma maneja de forma laxa el concepto de “afectación de la paz pública”, ya que en esa categoría puede entrar cualquier movimiento social, cualquier protesta de habitantes en contra, por ejemplo, del despojo de tierras a nombre de la reforma energética.

2.-Ley Atenco.-La reforma aprobada en el Estado de México para autorizar prácticamente el abuso de las fuerzas policiales frente a la protesta social supera, con mucho, la #LeyBala del estado de Puebla. El mandatario estatal Eruviel Ávila ha querido lavarse las manos frente a la polémica iniciativa aprobada –con el voto a favor del PAN y del PRD- señalando que será la CNDH la instancia que determinará si es viola o no las garantías individuales.

No prometió derogarla, sino “revisarla”.

3.-Ruptura PGR-GIEI.-Con este hecho lamentable inicia abril. En vísperas de que culminen la extensión de su mandato, los especialistas del GIEI decidieron romper con la PGR al señalar que incumplieron el acuerdo de “confidencialidad” para dar a conocer los resultados de un tercer peritaje en el basurero de Cocula. La mano que mueve la tensión y la campaña mediática de odio contra los expertos interdisciplinarios tiende a retornar al punto de la tensión de octubre y noviembre de 2014 con los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

4.-Demanda contra Alvarez Icaza.-Como una extensión de la crisis entre el gobierno mexicano y los expertos del GIEI, la PGR admitió una delirante demanda en contra de Emilio Alvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y actual secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En lugar de apoyarse en la presencia de este mexicano, comprometido desde años atrás en la defensa de los derechos humanos, el gobierno de Peña, a través de la PGR y de un grupo ultraconservador encabezado por José Antonio Sánchez Ortega, pretende perseguir y lanzar un mensaje a todos los organismos internacionales que han criticado la situación de crisis humanitaria y de arbitrariedades en el país.

5.-Exoneración de militares en Tlatlaya.-Si el retroceso en el caso Ayotzinapa es preocupante, en el caso de los militares responsables de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya es peor. El Juzgado Sexto Militar exoneró a 6 de 7 militares involucrados en la matanza del 30 de junio de 2014. Sólo uno fue condenado a un año de prisión por el delito de “desobediencia”. La exoneración insiste en la tesis que justifica los excesos de los militares en labores de combate al narcotráfico: la matanza fue en “respuesta” a la agresión contra los efectivos castrenses que provenía de una bodega donde se encontraban los civiles.

Estamos ante uno de los más graves casos de violaciones a derechos fundamentales y privatización de la vida por agentes del Estado mexicano.