jornadabc.mx

jornadabc.mx

El miércoles 13 de abril, dos días después del desalojo violento y la destrucción de viviendas de habitantes otomíes del bosque de Xochicuautla, representantes del Gobierno del Estado de México y habitantes de la zona firmaron un acuerdo mediante el cual se suspenden los trabajos “en tanto se realizan mesas técnicas” que buscarán alternativas a la construcción de dicho proyecto.

La protesta en las redes sociales frente a lo ocurrido en Xochicuautla y el escándalo generado por el vínculo entre el proyecto de construcción de esta vialidad y los intereses de Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, recién exhibido en los #PanamaPapers, convirtió a este conflicto en una demostración más de las redes de colusión y corrupción entre grupos políticos mexiquenses y el contratista consentido de Peña Nieto.

Hinojosa Cantú “ganó” licitaciones por más de 54 mil millones de pesos durante el gobierno estatal y federal de Peña Nieto y los #PanamaPapers exhibieron su “guardadito” de 100 millones de dólares, a nombre de su madre y su suegra.

El conflicto no ha terminado. Por el momento, la obra está suspendida. En su página de Facebook el Frente Juvenil Xochicuatla ha difundido algunos de los siguientes 10 puntos para entender este conflicto.

Aquí los compartimos:

1.-El desalojo se debe a la construcción de un tramo de la autopista Toluca-Naucalpan que se concesionó a una subsidiaria de Grupo Higa. La resistencia del pueblo otomí frente a esta obra no es nueva.

2.-La obra es “el despojo disfrazado de progreso”, como describe el Frente Juvenil Xochicuautla. El proyecto se aprobó en 2007, siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El trazo de la obra atraviesa el bosque otomí-mexica y daña tierras comunales de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzilapan, Santa María Atarsquillo y Ayotuxco. Son poco más de 6 mil habitantes que no fueron informados.

3.-Avisados después de aprobado el proyecto, en 2008 los habitantes de Xochicuautla iniciaron negociaciones con el Gobierno del Estado de México para un “registro de comuneros para llegar a un acuerdo sobre la compra de tierras”. El Frente señala que sólo se inscribió a una minoría y a ellos se les dio el derecho de voto.

4.-El gobierno de Peña Nieto y el de Eruviel Avila desconocen que “desde 1951, por decreto presidencial, la comunidad tiene derechos patrimoniales sobre la tierra, y puede decidir por usos y costumbres el destino de ellas”, señala el Frente.

5.-El mismo Frente señala que la obra de la autopista no debe realizarse como fue trazada por “un cúmulo de razones”, entre ellas, porque están los derechos de los pueblos originarios; porque el gran bosque otomí-mexica alberga una ruta sagrada donde se realizan ceremonias como las del Fuego Nuevo, y la obra destruiría el carácter simbólico y ancestral del lugar; porque se devastarían 960 mil hectáreas del bosque que es una importante fuente de oxígeno y agua para la zona metropolitana.

6.-La obra dañaría los mantos acuíferos. Xochicuautla posee manantiales que abastecen de agua no sólo a las distintas comunidades de Lerma sino también a uno de los pozos que alimenta el sistema Cutzamala. La construcción podría disminuir en 2 millones de litros al año la producción del agua, según los datos del Frente Juvenil Xochicuautla.

7.-No se trata sólo de la autopista concesionada a Grupo Higa. Es el inicio de un plan inmobiliario para unir Interlomas y la zona del aeropuerto de Toluca, también concesionado a Hinojosa Cantú. El plan se aprobó desde la administración de Peña Nieto e incluye explotaciones mineras y la construcción de basureros abiertos. En el gobierno de Eruviel Ávila se aprobó también la construcción de complejos habitacionales y comerciales. Por supuesto, también a cargo de Grupo Higa.

8.-Desde el inicio, los habitantes de la zona interpusieron una serie de denuncias ante el despojo. Por esta razón, han sido detenidas al menos 22 personas, quienes obtuvieron su libertad pues no se les fincaron cargos.

9.-Ignorando las suspensiones definitivas ganadas, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto autorizó en 2015 la expropiación de los terrenos para continuar con la obra que lleva 7 años de retraso. El 14 de marzo de ese año, un juez federal ordenó frenar las obras hasta que se resolvieran los juicios de amparo. La policía estatal hizo caso omiso de esta orden judicial el lunes 11 y martes 12 de abril.

10.-El desalojo del 11 y del 12 se inscriben en la aprobación de la llamada #LeyEruviel o #LeyAtenco que autoriza a las fuerzas policiacas estatales a actuar en contra de la población civil, argumentando la defensa propia o de terceros. Desde que se aprobó en el Congreso estatal, hace dos semanas, distintas organizaciones ciudadanas destacaron que esta ley estaba hecha a la medida para impedir manifestaciones por obras como el nuevo aeropuerto y la autopista en cuestión. Es una ley a modo de los intereses de Grupo Higa y del Grupo Atlacomulco. Xochicuautla lo demostró con toda su crudeza.