acumlacion-datos-gobiernos-2Hace unos días, la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos reconoció que les fueron robadas 5.6 millones de huellas digitales a consecuencia de un ciberataque. Esto quiere decir que millones de empleados del gobierno estadounidense tendrán que vivir para siempre sabiendo que alguien cuenta con una copia de sus huellas digitales, sin que aún se conozcan las repercusiones que esto podría traer.

La tendencia alarmante de recolectar datos biométricos de forma compulsiva no es algo exclusivo del vecino país del norte, pues en América Latina varios gobiernos se han dado a la tarea de crear y mantener bases de datos sobre sus habitantes cada vez más grandes, a fin de mejorar (según ellos) la prestación de servicios públicos, so pretexto de facilitar los procedimientos de investigación y condena criminal.

Como ejemplos podemos mencionar el caso de Argentina, que desde el 2011 cuenta con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), cuya función es individualizar a todos los ciudadanos a través de un software, a través de un convenio con el Registro Nacional de Personas.

Otro es el de Perú, donde se promulgó el Decreto Legislativo 1182, mejor conocido como «Ley Stalker», que otorga a la policía el derecho a geolocalizar al sospechoso de un ilícito sin que requiera una orden judicial.

Finalmente, Paraguay también aprobó la implementación de un ticket electrónico para cobro del pasaje, tarjetas cuyo carácter será nominal (llevarán el nombre del usuario) e intransferible, lo que permitirá conocer los destinos de cada pasajero, datos que después se entregarán al Poder Judicial si así lo solicitara, en virtud de una investigación criminal.

Por lo anterior, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expidió un informe que explica cómo la recolección de datos ha interferido en los derechos a la libertad de expresión y privacidad de los ciudadanos. No olvidemos que la seguridad es un bien público relevante y todos estamos de acuerdo en que debe ser resguardado de forma adecuada. Asimismo, es imprescindible analizar la proporción de las medidas que hoy en día las autoridades están adoptando para su tutela.

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