Por Javier Corral / @Javier_Corral

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Tras la aprobación de la legislación secundaria en Telecomunicaciones, en junio de 2014, el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan Adatti, fue invitado por el periódico Reforma a entregar una colaboración especial sobre el producto legislativo. En realidad lo fue: Redactó un texto atrevido que hoy resulta memorable. Escribió 10 teleprofecías sobre la manera en la que se habrían de incumplir las principales medidas de competencia tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Si la ley había quedado chica y logrado burlar los frutos más jugosos de la reforma constitucional, las teleprofecías del ex regulador ensombrecían aún más el futuro de un sector en el que se escriben las páginas más negras del poder, el dinero y la política en México.

Recargado de pesimismo, con la sal que Mony De Swaan sabe poner a las heridas abiertas, empeñó su palabra y lanzó las diez predicciones de su “texto odioso”; la mayoría de ellas están cabalmente cumplidas: “El país no conocerá, al menos en un futuro próximo, preponderante en servicio de televisión por cable, a pesar de los claros niveles de concentración”; “A pesar de un claro mandato constitucional que no requería de Ley reglamentaria para cumplirse, entre junio de 2013 y enero de 2015, la SCT no habrá tendido un solo kilómetro adicional de fibra óptica a la Red Troncal”; “Aunque la Constitución es igualmente clara al establecer que la Red Abierta deberá iniciar su instalación antes de terminar 2014, ello tampoco sucederá”.

En estos días está por verse si el manto del mal agüero cae también sobre la número 9: “El apagón analógico no ocurrirá el 31 de diciembre de 2015 como dice la Constitución. Ya encontrarán nuestros legisladores algún motivo para modificar el plazo”, dijo Mony de Swaan.

En efecto, de la mano del presidente de Televisa, Emilio Azcarraga Jean, varios legisladores han salido a proponer -mediante iniciativas de reforma constitucional- que se modifique el plazo y se extienda hasta el último día del 2016. Han montado una treta mediática a nombre de los más pobres de México que se quedarán sin ver telenovelas, y también piden la posposición so pretexto de las carencias de los medios públicos que no pudieron cubrir las inversiones que supone la digitalización. Esos fueron los motivos que encontraron.

Sin acudir a su templo, fui seguidor fiel del nuevo profeta, porque al igual que él conocía las trampas, las ambigüedades, los puntos y las íes de la traición que en la legislación secundaria se hizo de la reforma constitucional en Telecomunicaciones. Las profecías de Mony De Swaan no estaban dichas por inspiración divina, sino por la absoluta conciencia de la mediocridad que envolvió a la clase política para empequeñecer los mandatos constitucionales que habían ofrecido el fin de los monopolios televisivo y telefónico.

Debo aceptar que supuse el incumplimiento de la fecha señalada por la Constitución y que se extenderían quizá al primer trimestre de 2016, pero en estricto sentido, la profecía de que serían los propios legisladores que habían fijado la fecha para el apagón analógico, los que buscarían motivos para modificarla constitucionalmente, se me hacía un exceso de nuestro profeta. Mucho más inconcebible que esa pretensión de ajustar la Constitución fuera al contentillo de un sólo empresario.

Eso y algo peor es lo que está a la vista: el senador panista Javier Lozano, sugiere no sólo que el aplazamiento sea al 31 de diciembre de 2016, también propone que se vuelva a encender lo que ya se apagó y se les devuelva el espectro a los concesionarios que el Estado ha ido recuperando en las diversas etapas de la transición digital; Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo del PRD, proponen que culmine hasta el 30 de junio de 2016. También los presidentes de las tres principales fuerzas políticas, salieron también a defender el retraso.

Tan inusitada convergencia y preocupación por los más pobres no es más que la acción transversal del poder de Televisa, ya en varias ocasiones aglutinador de los más disímbolos actores políticos y sociales en torno de la protección de sus estrictos intereses.

Porque lo que está en el fondo de posponer el apagón de la Televisión analógica un año más, es el incumplimiento de inversión de las dos televisoras en la digitalización de sus señales en todo el país, pero sobre todo de Televisa que es la que concentra la mayor cantidad de espectro. Basta revisar el informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la evolución del programa de transición a la TDT para darnos cuenta del enorme retraso en la digitalización de las señales complementarias concesionadas, las que por cierto, atienden las zonas más pobres y marginadas del país, ahí donde el interés publicitario no cuenta porque hay poca audiencia y cero anunciantes. Las complementarias son las retransmisoras de la señal principal, destinadas a lograr una mayor cobertura social.

Según datos de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT del total de señales complementarias, 846; sólo 67 están digitalizadas porque así se asignaron originalmente; 313 tienen solicitud de migración pero no existe información sobre si alguna ya está en operación, y más de la mitad, el 55%, ni siquiera cuentan con una solicitud de migración ante la autoridad.

En el camino para obstaculizar el apagón, los promotores exageran la franja de tv-hogares que no estará cubierta para la fecha del apagón analógico. Lo que contrasta también con la información oficial: el IFT informó que actualmente el 94.9% de la población de México tiene acceso a la televisión analógica, 86.31% recibe al menos una señal de transmisión digital, mientras el 76.05% ya recibe cuatro. Esto quiere decir que sí es posible alcanzar la meta de 90% de penetración en los hogares para el 31 de diciembre de este año.

Retrasar el apagón vulnera el espectro, al provocar que bandas de frecuencia con alto potencial se desaprovechen para otros servicios y otros posibles competidores, en aras de extender el modelo de negocio de un sólo empresario.

No concluir las transmisiones digitales en el plazo previsto por la Constitución, afectaría gravemente el proceso de licitación de la Banda Nacional de Internet de Ancho de Banda, conocida como la red compartida, que debe desplegarse en la banda de los 700 MHz, hoy ocupada en varios segmentos por algunas concesiones de Televisión, y que en efecto, como lo profetizó Mony de Swaan no se instaló en el 2014, y tampoco en este año.

La banda de 700 MHz, es considerada una de las más rentables por su idoneidad para servicios de banda ancha móvil, por su capacidad para transportar datos a alta velocidad, permitir una amplia cobertura en zonas rurales, y con ello impulsar la inclusión digital, así como mejorar la recepción en zonas urbanas; ventajas que de ejecutarse en función del interés público, se traducirían en más y mejores servicios para mayor número de personas.

Retrasar el apagón analógico también busca que el duopolio concentre, al menos un año más, espectro, infraestructura, publicidad y audiencia.

Hoy Televisa y TV Azteca concentran el 96.5% de la cuota de pantalla en televisión abierta, lo cual le permite acaparar los mayores recursos que destinan las distintas marcas en inversión publicitaria, se estima que en México el 48% de la inversión publicitaria total en el país, se destina a anuncios en televisión abierta, cuyo valor alcanzó en 2014, 38 mil 520 millones de pesos, de acuerdo con Signum Research.

Con el retraso del apagón, ambas televisoras se benefician porque ejecutan una fórmula perfecta: máxima audiencia durante el máximo tiempo posible, igual a ganancias seguras.

Otra de las consecuencias inmediatas con el atraso es dificultar el arranque de la tercera cadena nacional, ya que las frecuencias por las que se pagaron mil 800 millones de pesos son digitales, mientras que el duopolio operaría durante un año más con las dos plataformas: analógica y digital.

Cabe resaltar que este nuevo impulso por el aplazamiento se dio con el apagón en Nuevo León, aunque el IFT informara que se llevó a cabo con éxito, de forma ordenada y sin contratiempos.

Es mentira que se alzara una revuelta social, el mismo IFT informó que “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha cumplido con el 90% de penetración de televisores digitales en el sector de más bajos recursos definido por la SEDESOL y el propio IFT constata que en el área de cobertura respectiva, las estaciones se encuentran transmitiendo señales digitales”.

El IFT informa que sólo el 10.3% de los hogares no cuenta con dispositivos para ver TDT. O sea, la meta de cobertura se cumplió.

Resulta preocupante la ligereza con la que hoy diversos Senadores pretender modificar la Constitución. El mismo presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, ha desestimado el mandato constitucional: “Hay que cambiar un par de números, hay que cambiar una fecha en el transitorio constitucional y no parece, pues, que técnicamente represente un gran desafío”.

También Zoé Robledo hizo lo propio al señalar “coincido, con senadores del PAN, ayer escuchaba que decían ‘éste es un asunto muy sencillo, es prácticamente cambiarle un número a un transitorio’”.

El espíritu de poner un plazo definitivo al apagón era precisamente apresurar un proceso que permitiría a la población tener no sólo mejor calidad en la señal, sino facilitar el acceso a nuevos contenidos, pluralidad de opinión, despejar la banda de los 700 MHz para el envío y recepción de datos, recuperar el espectro en el que opera la radiodifusión analógica, generar competencia en TV abierta y reducir costos.

De cumplirse la novena profecía de Mony De Swaan, el Congreso estaría enviando un mensaje de fragilidad que demuestra lo endebles que son nuestras reformas constitucionales ante cualquier presión extraordinaria. Si a un par de años la Constitución puede ser adecuada por el capricho de poderes fácticos o intereses personales, pueden empezar a remojarse las barbas de las reglas constitucionales en materia energética, del conjunto de telecomunicaciones, educación, financiera o de competencia económica. Que se pueden cambiar al gusto de un empresario con influencias en el Congreso. Sobre todo si tiene un arma poderosa como la de Emilio Azcárraga -su cañon del Canal 2 de TV- y la tiene apuntada a un régimen político corrupto y en franco proceso de pudrición y ocaso.