Reportaje original publicado en Proceso No. 2028

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La Incineración a Murillo Karam

De las poco más de 500 páginas del Informe Ayotzinapa dado a conocer el 6 de septiembre, las páginas 126 a la 144 constituyen un desmentido frontal a la versión defendida por Murillo Karam y su equipo en torno a las razones de la llegada de los normalistas a Iguala, al ataque perpetrado en su contra y al destino de los 43 normalistas que son considerados víctimas de “desaparición forzada” y no de “secuestro agravado”.

“El análisis de las evidencias y testimonios recogidos por el GIEI muestra una realidad distinta a la versión de los hechos dada en la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2014, cuando el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró sobre los hechos de la noche del 26-27 de septiembre de 2014”, advierten en el primer párrafo.

El informe detalla lo siguiente: los estudiantes no se llevaron dos autobuses sino tres, que fueron tomados de la misma estación de autobuses; no hay evidencia de que el chofer de la tercera unidad fuera lesionado por los estudiantes, pero “sí fue objeto del atentado de la policía cuando se dio el ataque contra los autobuses”.

A partir de las declaraciones de los Guerreros Unidos, la PGR consideró que los normalistas llegaron a Iguala a “boicotear un acto de la presidenta del DIF”, pero “las evidencias muestran que cuando llegaron a la central de autobuses, el evento ya había finalizado”.

“No hay ninguna evidencia de que los normalistas tratasen de darse a la fuga” tras el primer ataque en la calle Juan N. Alvarez, tal como lo sostuvo Murillo Karam, “dado que los autobuses quedaron inutilizados y bloqueados, y los estudiantes aterrorizados”.

Los expertos del GIEI contradicen la versión de Murillo Karam al subrayar que no hay evidencias claras sobre la entrega de los 43 normalistas a los integrantes del cártel de Guerreros Unidos ya que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes sobre este tema. Hay contradicciones que cuestionan su validez”.

El GIEI considera que existen cuatro versiones distintas sobre la presunta entrega y asesinato masivo de los 43 estudiantes, a partir de las declaraciones de los Guerreros Unidos, detenidos e interrogados por la PGR, pero la principal contradicción radica en torno a la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula.

“Sobre el supuesto destino final de los normalistas hay diferencias entre quienes señalan que un grupo de 17 habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, mientras otros detenidos señalan que un grupo de 15 habría ya llegado muerto al basurero de Cocula. Los lugares donde habrían sido asesinados también son diferentes, ya sea en la parte de arriba del basurero o una parte arriba y otra abajo, así como el modo en cómo fueron llevados abajo en esas condiciones difíciles de noche y la forma en que habrían muerto también difiere”, señala el GIEI.

Los expertos no califican la versión de Murillo Karam y su equipo, pero sí sostienen que “el conjunto de estas versiones debe ser reexaminada” porque “ninguna de ellas explica las razones para llevar a cabo este hecho atroz que no tiene antecedentes en el modus operandi de Guerreros Unidos, ni se relaciona con las evidencias que se han encontrado en otros casos como fosas de personas desaparecidas que fueron asesinadas”.

Como procurador general, Murillo Karam negó una y otra vez que existieran “evidencias” de la participación de elementos militares en los dos ataques del 26 y 27 de septiembre contra los estudiantes y mucho menos que tuvieran alguna responsabilidad con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, en la descripción de los hechos que realizan los integrantes del GIEI hay, al menos 20 referencias explícitas a la participación de militares. Las evidencias de la participación castrense en la larga noche del 26 al 27 de septiembre van desde que un agente de inteligencia del ejército en una moto “y vestido de civil” informó sobre la llegada de los estudiantes en las inmediaciones de Iguala, hasta las tareas de información que realizaron a través del C4, su comunicación con el jefe de la policía municipal y su presencia en los lugares donde se registraron los ataques a los normalistas.

En la página 91, el informe apunta:

“Como se refirió antes, el ejército ya tenía ya información del maltrato y la violenta detención que habían sufrido los normalistas en el escenario del puente de Chipote a través de la información del agente EM. En cualquier caso el ejército ya tenía información de los destrozos, la detención violenta y golpes contra los normalistas ocasionados en el escenario del autobús Estrella de Oro 1531 cuando fue a la comisaría de policía y no los encontró en dichas dependencias.

«En el segundo ataque a los normalistas, el informe del GIEI destaca los testimonios de normalistas de cómo los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa de la clínica Cristina y les tomaron fotos (pp. 103-105).

«Incluso, información proporcionada por miembros del batallón 27 señala que militares llegaron a la escena del crimen de Julio César Mondragón, el joven apodado El Chilango, y cuya autopsia reveló “visibles muestras de tortura, arrancamiento de piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneales, así como lesiones internas con hemorragias en diferentes vísceras como consecuencia de torturas”.

La Alianza con el Grupo Hidalgo

La presencia de Jesús Murillo Karam en el gobierno de Peña Nieto no es casual. Heredero de parte del poder y de la influencia de Jorge Rojo Lugo, el poderoso ex gobernador y cacique político de Hidalgo, Murillo Karam representa una pieza clave de la alianza entre el llamado Grupo Hidalgo y el Grupo Atlacomulco, desde que Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura en el Estado de México en el 2005.

Murillo Karam fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en las elecciones de aquel año y desde entonces, junto con Miguel Angel Osorio Chong, entonces gobernador de Hidalgo, articuló una poderosa alianza con los mexiquenses.

En 2006 fue electo senador por Hidalgo y ocupó la presidencia de la Comisión de Gobernación. En febrero de 2007 fue electo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Desde ambas posiciones, Murillo Karam fue un aliado fundamental de Peña Nieto contra dos de sus adversarios en la nominación presidencial priista del 2012: el sonorense Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y la tlaxcalteca Beatriz Paredes, presidenta nacional priista.

En la campaña presidencial del 2012, Murillo Karam volvió jugar un papel fundamental como “apagafuegos” en el caso Monex, uno de los más expedientes más conflictivos para Peña Nieto. En agosto del 2012, posterior a la elección presidencial, Murillo Karam sentenció ante la prensa:

“Nosotros contratamos a Alkino que hizo lo que tenía qué hacer y nosotros distribuimos de manera legal, legítima, ordenada y probadamente cada una de estas tarjetas”.

Durante la toma de posesión de Peña Nieto, en diciembre de 2012, Murillo Karam dirigió con mano dura la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para evitar cualquier contratiempo que le evitar al joven mexiquense cumplir con el ritual en San Lázaro.

Considerado uno de los hombres más ricos de Hidalgo, Murillo Karam aprendió el viejo arte de la política priista de Jorge Rojo Lugo. Fue subprocurador de Justicia durante el gobierno de Rojo y su secretario auxiliar en la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas, Murillo Karam fue electo gobernador de Hidalgo, hasta 1998, cuando se integró al gabinete de Ernesto Zedillo, como subsecretario de Seguridad Pública, dependiente de Francisco Labastida Ochoa, titular de Gobernación.

Quienes conocieron a Murillo Karam como gobernador lo recuerdan como un hombre de mano dura, implacable con los opositores y autoritario con la prensa.

Sus familiares administran una veintena de gasolineras, tienen intereses en la llamada Zona Plateada de Pachuca y algunos medios locales lo vinculan con los terrenos donde se construiría la Refinería Bicentenario.

Al interior del gabinete de Peña Nieto, Murillo Karam tuvo dos adversarios poderosos, primos entre sí: el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes, y el ex subprocurador y ex comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. En dos ocasiones trataron de convencer a Peña Nieto que sustituyera a Murillo Karam como titular de la PGR. Eso ocurrió antes de la tragedia de Iguala y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

La tragedia de Iguala marcó su desempeño como procurador general. Sus presuntos logros como la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, quedaron opacados frente a su “verdad histórica”.

A diferencia del cuestionado episodio de la explosión de la torre de Pemex, ahora Murillo Karam tiene encima el informe de los expertos del GIEI que desmienten su versión, una agria confrontación con el primer círculo de Peña Nieto y un distanciamiento con aquellos viejos priistas que antes lo consideraban un “astuto operador político” y hoy evitan mencionarlo.