Por @Canal22SinCensura#Canal22SinCensura

Canal 22El grupo de profesionales que desde junio pasado denunciamos y documentamos las diversas formas de censura que padecemos en Canal 22 por parte de la Dirección General de la institución, a cargo del señor Raúl Cremoux López, interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha aceptado darle curso.

Según lo informamos ampliamente, como consecuencia de esas denuncias, que muestran cómo la televisión pública es utilizada para promoción y beneficio personal de su director general, Raúl Cremoux López, los profesionales de la Dirección de Noticias hemos sufrido presiones, hostigamiento y acoso laborales, y en muchos casos despidos o no renovación o recisión de contratos. Todos estos hechos son la parte medular de la queja interpuesta ante la CNDH, organismo que también tiene competencia en derechos laborales.

Esta acción se suma a otras que emprendidas por la vía institucional, como la que sigue su curso en la Secretaría de la Función Pública, la cual nos ha notificado que realiza una investigación para determinar la responsabilidad del señor Cremoux López por aprovechar un bien público para su beneficio personal.

Por otra parte, el 15 de septiembre pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció públicamente en un comunicado donde afirma que la censura que hemos denunciado trabajadores de Canal 22 contravendría principios fundamentales de la libertad de expresión y llama a que se privilegie el diálogo y la comunicación, y se respeten los derechos de los empleados.

Como profesionales, hemos buscado el diálogo y las vías institucionales para ello. Sin embargo, el señor Raúl Cremoux López se ha negado; ha usado el espacio noticioso de Canal 22 para defenderse de manera personal, mintiendo al hacerlo, y ha pretendido disfrazar y justificar la grave situación que se vive dentro de la institución pública bajo el argumento de que los conflictos laborales son resultado de los recortes presupuestales.

Solicitamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, su intervención para conocer a fondo el problema y actuar en consecuencia, así como al presidente de CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, una pronta reunión para exponerle y entregarle los documentos que demuestran las acciones de abuso, acoso y censura al interior de Canal 22, que ponen en riesgo la credibilidad, calidad, inclusión y diversidad que lo han caracterizado.

Estamos en espera de la respuesta de ambos servidores públicos, quienes semanas atrás han expresado públicamente su interés y disposición en este caso. Esto es apremiante porque, según lo ha expresado, el señor Cremoux López apuesta a la desaparición de Canal 22.

Por otra parte, como se recordará el viernes 4 de junio, el área administrativa de Canal 22 notificó a tres periodistas (Alejandra Flores, Marcos Daniel Aguilar y Guadalupe Pereyra), quienes con otros 30 trabajadores firmaron las cartas de denuncia, que se rescindiría su contrato, así como el de una cuarta comunicadora (Irma Gallo), quien no había podido ser notificada por esa área. A su vez, a Huemanzin Rodríguez lo retiraron de la conducción de Noticias 22, por su participación activa en dichas denuncias.

La semana pasada, de manera informal, el señor Raúl Cremoux López expuso a dos de l@s periodistas (Irma Gallo y Alejandra Flores) en vías de ser despedid@s, que se había detenido el trámite respectivo debido a que “son madres solteras, lo que yo no sabía”. A Marcos Daniel Aguilar, editor en jefe de la Agencia N22, también le retiró la recisión laboral y solo mantiene la amenaza con Guadalupe Pereyra, de 65 años, decana del periodismo cultural en México.

Aunque el argumento del señor Cremoux López constituye una falta de respeto al trabajo profesional de ambas, estamos a la espera que se formalice legalmente esta acción, se garantice que nadie más será despedido y paren el acoso y las presiones en su contra. Lo anterior en virtud de que estas acciones continúan en otros casos, como el de Ariadna Ambriz, asistente de la Jefatura de Información, a quien le rescindieron el contrato la semana pasada por haber firmado las cartas de denuncia mencionadas.

Insistimos en que las autoridades de la televisora pública abandonen la decisión de despedir y “congelar” a personas que durante más de 10 años han demostrado un trabajo ético y consistente, al servicio de los ciudadanos y con altos estándares profesionales.