Foto: Cuartoscuro/Archivo.

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Por Héctor Tenorio

A pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que el país no se incendia, en varias entidades hay gobiernos de simulación. La violencia marca el proceso electoral y el descontento social crece al igual que la inseguridad prevalece, alcanzando a los candidatos a un puesto de elección popular. El problema se ha focalizado en 12 estados, hasta el momento han sido asesinados siete personas: Tres candidatos, dos precandidatos, una dirigente partidista municipal, un asesor. A esto se añade que 34 personas sufrieron algún tipo de amenazas. Ya veremos al final de la contienda cuanto aumenta este número. Es momento de construir una verdadera solución a este dilema antes de que sea tarde.

En este contexto, Jorge Granados Garduño quien abanderaba al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Huetamo en Michoacán renunció a la candidatura para la presidencial ante la posibilidad de ser levantado por el crimen organizado. La realidad se impone, no existe manera de garantizar la vida de nadie. Los partidos políticos en vez de ofrecer propuestas prefieren cruzar acusaciones y se niegan a asumir la responsabilidad que les toca. No es extraño que en la ciudad de México, el tema de la inseguridad sea la principal preocupación de sus habitantes. Paradójicamente en la delegación Benito Juárez, los más de 30 módulos de seguridad están prácticamente abandonados por el delegado panista Jorge Romero.

Bajo tales circunstancias, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello debería erigirse como un hombre de probada moral que emanara respeto para todos los contendientes. Lamentablemente no es así. En una conversación telefónica se burló de la forma como hablan las etnias y de sus peticiones. El funcionario en su defensa argumentó que se trataba de una charla privada, e insistió que fue espiado de manera ilegal.

Los acontecimientos cayeron como agua helada en una sociedad desencantada: Los partidos políticos reaccionaron de manera tibia; el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez condenó el espionaje telefónico contra el consejero presidente del INE, pues atenta contra el estado de derecho; en tanto, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, confirmó que su organismo no abrirá un procedimiento de queja en contra de Córdova Vianello por sus expresiones. En contraste la Organización Campesina de la Sierra del Sur, condenó lo dicho por el funcionario, a quien calificaron de “hipócrita” y no aceptaron sus disculpas. Señalaron que este tipo de expresiones en nada abonan a la ya difícil situación que vive el estado de Guerrero.

Nadie debe sorprenderse si los pueblos indígenas se suman al boicot contra el proceso electoral del próximo 7 de junio. La resistencia estará encabezada por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los maestros disidentes de Guerrero, Oaxaca y Michoacán que luchan contra la reforma educativa emprendida por el gobierno federal.

Ahora bien, quienes espiaron y exhibieron al presidente del INE son los enemigos de Manlio Fabio Beltrones que está en campaña para ser dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El todavía legislador federal fue el principal impulsor de Córdova Vianello quien no está a la altura del puesto que ostenta, le pesa, lo agota, lo enloquece. Así no puede garantizar una elección donde se promueva la equidad entre los ciudadanos. Un árbitro electoral no puede atentar contra los derechos de los electores mediante la burla y la segregación racial.

Si renuncia habrá modo de rescatar la confianza en el proceso electoral. La sociedad ya votó y él perdió.