Por Margarita Campuzano

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Ductos de Pemex. Foto: Pemex

El sábado 21 de febrero del 2015, alrededor de las 8 de la mañana, Don Claudio Rosas Grande, habitante de San Miguel Papaxtla, en el estado de Puebla, se dirigía a su terreno en el paraje conocido como Tecolotla, para continuar con la preparación de su tierra para sembrar. Al llegar se percató que maquinaria pesada para la construcción de la obra Gasoducto Morelos se encontraba invadiendo su terreno. Esto lo sorprendió mucho dado que él ha sostenido su derecho de negar el paso del gasoducto por su propiedad, pese a las crecientes presiones recibidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los empleados de la empresa encargada de la construcción del gasoducto, iban acompañados por personal de la Subsecretaría Jurídica del gobierno de Puebla y resguardados en todo momento por elementos de las policías estatal, federal y también por elementos del Ejército.

Cuando el señor Claudio se aproximó a un funcionario para preguntar qué ocurría y por qué su terreno estaba acordonado por elementos policiacos se le respondió que existía una “notificación de la expropiación del terreno”, la cual él nunca recibió personalmente , sino que había sido dirigida a una persona distinta, fallecida hace varios años.

Este testimonio forma parte de la Acción Urgente que la Red Todos los Derechos para Todos envió a funcionarios del gobierno mexicano, así como a representantes de organismos internacionales, solicitando su intervención para evitar la violación de los derechos humanos, así como para garantizar  la seguridad e integridad de los pobladores de esta comunidad.

Lo ocurrido a Claudio Rosas constituye un botón de muestra del alud de despojos y violaciones a derechos humanos que pueden ocurrir como resultado de las modificaciones legales llevadas a cabo por la reforma energética, la cual sigue manteniendo como eje rector de la matriz energética del país a los combustibles derivados del petróleo.

La reforma estableció que las actividades del sector energético son de utilidad pública y que, debido a su carácter estratégico, se consideran de orden público y de interés social, con lo cual se privilegia este sector sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo. Para ello, la Ley de Hidrocarburos introdujo nuevas figuras jurídicas denominadas Servidumbre Legal de Hidrocarburos y ocupación temporal, cuyos efectos son equiparables a los de una expropiación, ya que restringen el derecho de propiedad a los poseedores y propietarios de terrenos sobre los cuales se quiera realizar un aprovechamiento, sin que haya opción de negarse a ceder o limitar su derecho (1).

El propósito de la Servidumbre Legal de Hidrocarburos es permitir a las empresas involucradas en el sector compartir la posesión y el uso de suelo con sus dueños durante el proceso de exploración y explotación. Sin embargo, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Servidumbre podrá ser promovida ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, o bien iniciar ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un proceso de mediación por el cual las partes acuerden las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación aplicable que corresponda.

El medio ambiente y otras actividades productivas quedan también subordinados a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Es el caso de la agricultura, la ganadería, el manejo forestal comunitario, los esquemas de pago por servicios ambientales e hidrológicos, así como la conservación de los ecosistemas en distintas zonas del país.

Y si bien la Ley de Hidrocarburos prohíbe otorgar asignaciones o contratos para la exploración y extracción en Áreas Naturales Protegidas, esta prohibición no se extiende a la Ley de la Industria Eléctrica ni a la Ley de Energía Geotérmica, y aún se pueden llevar a cabo otras actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en las zonas, como el almacenamiento, transporte y distribución.

A pesar de las graves afectaciones sociales y ambientales que pueden sufrir en su territorio, los pueblos indígenas y comunidades no fueron consultados durante el diseño, elaboración y posterior aprobación de esta reforma. Tampoco se les reconoce en la Ley el derecho a la consulta, ni al consentimiento libre, previo, informado, culturalmente adecuado y de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, ha dicho públicamente que la reforma energética “implementa un enfoque social, que incluye a los derechos humanos, mediante instrumentos clave para proteger los intereses de los propietarios y posesionarios de las tierras en las zonas a desarrollar actividades del sector energético; así como mecanismos para respetar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa al desarrollo de proyectos” (2).

Sin embargo, los ejemplos desmienten estas declaraciones como demuestra lo ocurrido el pasado mes de febrero en el caso del propietario de un terreno ubicado en Rincón del Valle, en el municipio de Los Ramones, en Nuevo León, a quien el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del estado negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo, donde se solicitaba frenar los trabajos de excavación que se realizan en su propiedad como resultado de la construcción de la fase II del gasoducto “Los Ramones”.

La autoridad judicial señaló que la decisión se tomó “por considerar que contraviene el interés colectivo de una sociedad interesada en la distribución segura y eficiente de los hidrocarburos propiedad de la nación”, argumentando que “se ponderó el interés colectivo sobre el particular y se protegió el interés social”.

En el mapa elaborado por el analista Manuel Llano (3), se puede tener una clara perspectiva del escalamiento de conflictos sociales que esto puede detonar ya que mil 899 núcleos agrarios se encuentran dentro de la Ronda Cero, lo que representa un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal traslapada. En lo que se refiere a la Ronda Uno se abarca 671 ejidos y comunidades que ocupan 441,631 hectáreas de propiedad social. Los estados más afectados son Veracruz, Tabasco y Coahuila.

En lo que se refiere a pueblos indígenas, 13 de ellos tienen comprometido su territorio por la Ronda Cero, por un total de 281 mil hectáreas, siendo el más afectado el pueblo chontal de Tabasco. En la Ronda Uno, cinco pueblos indígenas tienen ocupada una porción de su territorio –principalmente huasteco, náhuatl y totonaca-, sumando más de 320 mil hectáreas.
Finalmente, en lo que se refiere a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, la Ronda Cero se traslapa –en más de 80 mil hectáreas- con los Pantanos de Centla en Tabasco y con la Laguna de Términos en Campeche. Por su parte, en la Ronda Uno se encuentran comprometidas 2 mil 886 hectáreas, que incluyen el 100% del Parque Nacional Los Novillos en Coahuila y 2 mil 800 hectáreas de la Laguna de Términos.
En la práctica, la reforma energética está abriendo la puerta para que los derechos humanos fundamentales de las y los mexicanos en condiciones de mayor vulnerabilidad queden subordinados a los intereses de los extranjeros, en tanto que serán éstos quienes en su mayoría llevarán a cabo la exploración y explotación del petróleo y del gas natural.

Así, en lugar de la reforma energética verde, sustentable y socialmente equitativa tenemos una reforma gris, promotora de que México se convierta en la servidumbre de los intereses petroleros internacionales.

1. Ver análisis completo elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). Posibles impactos ambientales y sociales de la reforma energética. Disponible en línea: http://www.cemda.org.mx/posibles-impactos/
2. Excélsior, 2 de marzo del 2015. Disponible en línea: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/03/20/1014519
3. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). Traslape de proyectos de hidrocarburos de la Ronda Cero y Ronda Uno con ANPs, núcleos agrarios y pueblos indígenas (Panorama geoestadístico). Disponible en línea: https://www.dropbox.com/sh/39bezecbkyt2b41/AABSXpm9_ptZf4MaxWb89n2na/Hidrocarburos%20-%20Panorama%20geoestad%C3%ADstico%20R0%20y%20R1.pptx?dl=0