camara diputados Por Jesusa Martínez-Proceso

Luego de que diputados de PRD y Morena se levantaron del debate realizado en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable, 31 legisladores de PRI, PAN y PVEM aprobaron el dictamen de la nueva Ley General de Agua, que prevé entregar las grandes obras de abastecimiento del vital recurso a la iniciativa privada.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, y Aleida Alavez, de PRD, sostuvieron que se reconoce como derecho humano el acceso al agua, pero se otorgan todos los cambios legales necesarios para que sean empresas quienes controlen y cobren por prestar ese servicio.

Los legisladores sostuvieron que la aprobación de “trasvases”, es decir, trasladar el agua de una cuenca a otra como sucederá con el proyecto Monterrey VI, que construyen empresas del contratista favorito del régimen, Armando Hinojosa Cantú, es parte del negocio y tiene como fin proporcionar toda el agua que se requiera para la “fractura hidráulica” y obtener así el llamado gas shale en la zona norte del país.

Los inconformes advirtieron que el acueducto no es para abastecer de agua a la población, sino a los empresarios que llegarán al país luego de la reforma energética.

A su vez, Aleida Alavez destacó que el hecho de eliminar de la actual ley la palabra “asignación”, que es como se cataloga el agua que entrega la Federación a estados y municipios, y al dejar solo la palabra “concesión”, se abre la puerta para que el agua para consumo y el desarrollo urbano quede en manos de la iniciativa privada.

Como el dictamen a “discutir” en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua se entregó apenas dos horas antes de iniciar la discusión -y ante la cerrazón de PRI, PAN y PVEM-, los partidos de oposición decidieron levantarse de la mesa y abandonar las comisiones, en tanto que un día antes se rechazó que la Comisión de Derechos Humanos participara en la dictaminación de las modificaciones a esa ley, cambios que han sido calificados por organismos en defensa del agua como “ley Korenfeld”, debido a que el documento fue elaborado por el director de la Comisión Nacional de Agua, David Korenfeld, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.

Como lo adelantó Proceso en su edición 2000, actualmente en circulación, de acuerdo con dicha iniciativa se pretende cambiar el término de asignación por el de concesión, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.

Se prevé que el dictamen se apruebe en la sesión de este jueves en San Lázaro; además, como ha sido característico en esta legislatura, las propuestas de enmendarlo serán presentadas en el pleno y muy posiblemente rechazadas por la dupla PRI-PAN.