Por Héctor Tenorio

Familiares de los normalistas desaparecidos. Foto: Rubicela Morelos / La Jornada

Familiares de los normalistas desaparecidos. Foto: Rubicela Morelos / La Jornada

Hace ocho años, a la señora María Herrera (como a otras madres) el “crimen institucionalizado” le desapareció a sus cuatro hijos y la mataron en vida al impedirle velar a sus vástagos. Entonces se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dirigido por Javier Sicilia; ahora ha fundado su propia organización. La desesperación de encontrar a sus seres queridos lleva a estos grupos a la intolerancia y al fanatismo. No es para menos: así enfrentan al Estado, quien los aplasta a través de las redes financieras que ha construido con los delincuentes, quienes a su vez se alimentan de una sociedad que nunca pensó en las consecuencias de alcanzar bienes materiales (que de otra manera no hubiera tenido acceso).

Ahora bien: no todas las víctimas de esta guerra contra el crimen organizado reaccionan de la misma forma. El 23 de diciembre de 2010, en Ébano, San Luis Potosí, Los Zetas arribaron a la taquería Las Américas y asesinaron al dueño (Guadalupe Copado Contreras) quien vendía mariguana sin permiso. No dejaron testigos: mataron a Marcos Enoc Flores Hernández, de 18 años, quien fue confundido con el hijo menor del taquero. Su hermana María de los Ángeles, con quien yo mantuve una relación sentimental, fue acosada por los criminales; intentaron pagar el entierro y, como se trató de un error, fusilaron al verdugo de Enoc. No obstante, ella jamás quiso ser activista ni culpó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Se quedó pasmada y seis meses después finiquitó su relación conmigo. Así aprendí qué significa la destrucción del tejido social.

En este contexto, tanto la ONU como la Unión Europea consideran que el caso Ayotzinapa no es un hecho aislado y el elevado número de desapariciones forzadas es propio de una dictadura: bajo una visión colonialista, pretenden destinar recursos a México para que se utilicen en una investigación independiente y se hagan cargo de las víctimas. De seguir la tendencia, dentro de algunos años los Cascos Azules estarán aquí.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere cerrar el caso. Como no puede, ha creado una cortina de humo; congelará cuatro cuentas bancarias del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con lo que iniciaría su juicio político. Se ha detectado un posible desvío de recursos por 287 millones de pesos en contra de las finanzas de la entidad.

Actualmente es difícil pensar que los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad terminen siendo juzgados en la Corte de La Haya. Sólo habría que revisar lo que ha sucedido con los responsables de las matanzas de los estudiantes de 1968 y 1971, pero el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz está muerto y el ex presidente Luís Echeverría Álvarez enfrenta un arresto domiciliario debido a su avanzada edad, mientras que los soldados que dispararon son protegidos por el Ejército Mexicano, quien hoy intenta persuadir a un sector de la sociedad para no tome las instalaciones del 35 Batallón de Infantería en Chilpancingo. Los militares dicen que son acusados sin pruebas de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre; pero no están de acuerdo en que los familiares de los jóvenes los busquen por todos los cuarteles del país.

En este sentido, Sara Sefchovich, maestra en Sociología y doctora en Historia de México, se suma al debate con su libro ¡Atrévete! Ella confía en que las madres de los criminales podrán convencer a sus hijos para que disminuyan la violencia; sin embargo, es una postura fuera de lugar que sólo refleja la desesperación de la clase media. Esto sólo es un negocio en el que los excesos van de la mano del tamaño de las ganancias. Lo que determinará el fin del conflicto son factores económicos, cuando los dueños de los medios de producción encuentren rutas más rentables: entonces la violencia cambiará de escenario dejando atrás una economía en quiebra y a un pueblo destruido por su propia inmoralidad.