Gerardo Ruiz Esparza durante la presentación de las base

Por Mony de Swaan*

Pocas políticas públicas del sector tienen un impacto tan profundo y transversal como la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Directa o indirectamente, la TDT impulsa calidad, pluralidad y competencia en los mercados de televisión abierta , televisión de paga y banda ancha móvil.

El beneficio de la transición para un país y el consumidor es incalculable, como lo han entendido 40 países que a la fecha han concluido su respectivo “apagón”. El primero de ellos (Holanda) terminó en 2006. A pesar de ello aún es posible escuchar voces que pintan a nuestra transición como un capricho nacional, una ocurrencia, casi invento mexicano.

Y es que pocas políticas del sector desnudan y resumen con tanta claridad nuestra frustrante experiencia en materia de telecomunicaciones. La TDT es una historia de tibios compromisos, incongruencias y políticas públicas que invariablemente se someten a intereses políticos y económicos. Los beneficios de la TDT son tantos como los intereses empresariales que afecta. De ahí que siempre surjan generosos voluntarios dispuestos a sabotearla, a inventar amenazas, montar disturbios sociales, vociferar fracasos inexistentes, argumentar que se amenazan elecciones locales o incluso acudir a la Suprema Corte con el afán de descarrilarla.

La protección de intereses empresariales invariablemente será disfrazada de defensa al consumidor (“ya viene Navidad”, “se va a quedar sin novelas” o “se perderá el Mundial”) manteniendo barreras a la competencia, una tenencia concentrada de espectro y una oferta de servicios limitada y de poca calidad.

Un poco de historia. México inició su transición en 2004 —y aún es posible encontrar voces que la tachan de intempestiva o apresurada— con la promulgación de la Política correspondiente. De entonces a 2010, poco sucedió al no encontrarse promotor decidido o confiar en la tasa de sustitución como elemento suficiente para lograr una transición sin fecha definida. Seis años después, según cifras de SCT, la penetración de televisores digitales no alcanzaba 1% de los telehogares. Hasta ahí las aguas calmas; los intereses tranquilos.

Ante el evidente fracaso de la política de 2004, en 2010 el Presidente Calderón emitió un Decreto que en sus apartados más relevantes establecieron la posibilidad de subsidiar dispositivos de recepción entre los segmentos menos favorecidos de la población y fijaron el 31 de diciembre de 2015 como fecha definitiva para el apagón. Ahí, las aguas se enturbiaron, los intereses económicos buscaron voceros y el Congreso se prestó para presentar una Controversia Constitucional en supuesta defensa de facultades de un regulador que nunca antes le interesó defender.

PRI y el PVEM acusaron a Calderón de querer influir en las elecciones del Estado de México (2011) y en las federales intermedias (2012) “regalando televisores”. Durante semanas, legisladores de la Telebancada dedicaron sus columnas al tema. Acusaron engaños, costos insostenibles y objetivos perversos. Durante más de dos años la Cámara de Diputados congeló el proyecto prohibiendo expresamente el uso de recursos públicos para la transición.

A pesar del costo político y aunque sea de manera tímida, el PAN se disciplinó detrás de su Presidente y defendió el Decreto hasta lograr el primer apagón de una ciudad latinoamericana (Tijuana, 2013), por cierto, sin regalar una sola televisión. En escasos cuatro años, la penetración de TDT pasó de 1 a 25.8%.

En un hecho igualmente histórico, el Pacto por México y el Constituyente confirmaron como mandato constitucional que el país debía culminar su transición el 31 de diciembre de 2015 y por primera vez en su historia dotó recursos presupuestales suficientes al proyecto.

Hoy, los papeles se han invertido. En escenas de caricatura, delegados de SEDESOL explican que “Mover a México” no es propaganda, sino la marca del televisor. Legisladores del PRI y PVEM aplauden un gasto que ayer calificaban de dispendioso u ofensivo; ya no acusan a nadie de querer “comprar” elecciones con televisores a pesar de que, ahora sí, se regalan pantallas digitales en pleno proceso electoral. Los nuevos Flores y Orozco son legisladores de oposición que critican la transición y, una vez más, demandan postergarla hasta después de las elecciones de 2015 como si no hubieran votado la Reforma Constitucional; los partidos políticos en defensa de “sus” elecciones y de intereses empresariales aunque ello implique, como siempre, que el costo lo pague el ciudadano con una oferta televisiva poco plural, poco competida y de poca calidad.

Así, lo grave no es el exorbitante costo de subsidiar millones de televisores que ni siquiera promueven mayor conectividad; lo grave no es que se entreguen directamente al ciudadano por una dependencia del Ejecutivo Federal o que se haga sin un padrón o controles claros, como lo demuestran las escenas de personas subiendo las televisiones a lujosas camionetas; tampoco lo es la chatarra analógica que el programa de la SCT generará sin que se tenga claro cuál será su paradero y tratamiento. Lo único que parece importar es que todo ello ocurra en medio de un proceso electoral. La política pública es lo de menos.

La pregunta que queda en el tintero es ¿por qué nadie demanda acelerar y, al mismo tiempo, blindar, economizar, acompañar y vigilar la transición? ¿Por qué el invariable afán por postergarla o detenerla, en lugar de impulsarla? Quizá porque blindándola se cumpliría sólo con el objetivo de garantizar su imparcialidad electoral, pero se dejaría de servir a los intereses empresariales afectados por la transición. Para ellos, lograr que se postergue es fundamental. Su apuesta es 2021, no antes.

* El autor es Socio Fundador de ••• Centro y ex Comisionado Presidente de COFETEL