Javier Corral.

camara diputadosLa Cámara de Diputados confirmó en sus términos la minuta enviada por el Senado en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión. No se le cambió ni una coma. El golpe a la Constitución está consumado en la parte legislativa, y es previsible que con prisa de servidumbre, Enrique Peña Nieto la promulgue cuanto antes, al fin y al cabo fue su proyecto el que se aprobó.

En el derrotero de esta batalla sigue elaborar la demanda de acción de inconstitucionalidad. Ahora tenemos muchas más disposiciones violatorias de la Constitución que hace 8 años que presentamos el recurso en contra de la primera Ley Televisa. En esta segunda temporada de sometimiento y traición a la Constitución de una buena parte del Congreso, podemos construir por lo menos,  34 conceptos de invalidez. Y por supuesto, tenemos mejores bases constitucionales, no sólo las que se derivan de la reforma constitucional promulgada el año pasado, sino a la luz de la reforma en derechos humanos. El reto es conseguir 44 firmas en el Senado, o 167 en la cámara de Diputados.
La nueva ley trastoca dos de los principales ejes de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión: a) fomentar la competencia en los medios comerciales, y b) promover la calidad, pluralidad y diversidad de los contenidos a través del fortalecimiento de los medios públicos y de uso social. Echa por la borda dos de sus grandes definiciones: la de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y su concepción en materia de derechos humanos, centralmente el derecho a la información.

El Ejecutivo federal recupera por la vía de la ley secundaria atribuciones que la Constitución otorgó de manera directa y exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo 28. El caso más delicado es en relación con las libertades de expresión y de información. Esto se produce en materia de vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos de la radio y la televisión, así como en la administración de los tiempos de Estado. Se le devuelve a la Secretaría de Gobernación en el artículo 217, fracciones sexta, séptima, octava, novena y décima facultades de supervisión, monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones, así como establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El gran paso que la Constitución dio para alejar del control político a los medios de comunicación, este dictamen lo revierte de manera inaudita.

También a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le amplía en el artículo 9, fracción primera, de manera contraria a los dispuesto en el artículo 28 de la Constitución su opinión técnica en materia de prórroga de las concesiones. La Constitución no le otorgó esa facultad.

La amputación más grave a la autonomía del Ifetel se desarrolla en sus atribuciones de competencia económica. El artículo noveno transitorio del dictamen es una disposición de excepción al régimen de competencia económica para que los concesionarios de telecomunicaciones puedan realizar concentraciones sin autorización del Ifetel, le quitan uno de sus dos brazos por una medida dirigida a autorizar a Televisa la compra de los sistemas de cable en el país, bajo el concepto de preponderancia por sector.

Los derechos de las audiencias se convierten en letra muerta, como lo han advertido los defensores de las audiencias de radio Educación, Canal 22, Instituto Mexicano de la Radio y MVS porque los deja a la autorregulación de los medios. Y en un acto de evadir la responsabilidad de los concesionarios propone sancionar a los defensores de las audiencias en el artículo 311.

En el artículo 256 se ordena que los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que dicte el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea que el Estado piensa dictarle la ética a los medios de comunicación, pero no les pone obligaciones en la ley.

En los artículos 247 y 248 del dictamen se incrementan los tiempos de publicidad a nivel de escándalo. Y en el artículo 237 se exceptúan de contabilizar dentro de los límites de la publicidad los programas de oferta de productos o servicios, lo que vulnera lo dispuesto en la Constitución para equilibrar la publicidad con el conjunto de la programación, e incluso, este artículo prevé otorgarle al Ejecutivo federal espacios adicionales a los tiempos de Estado.

Es discriminatorio y excluyente el régimen planteado para las concesiones de uso social, indígenas y comunitarias. En este rubro, hay que decirlo con toda honestidad, el proyecto evolucionó hacia lo peor. Quedó peor el dictamen que la iniciativa de Peña Nieto, porque legaliza la marginación y la exclusión de las indígenas y comunitarias, mientras que la iniciativa del Ejecutivo era omisa.

Ahora supeditan a las estaciones comunitarias a vivir de la publicidad oficial de gobiernos locales y el federal, regla que por cierto, con inusitada saña, se excluye a las de uso social en general. Habla de una reserva de espectro para las estaciones comunitarias e indígenas, lo que no dicen es que las confinan a las franjas técnicamente menos favorables para las audiencias, tanto en la banda de frecuencia modulada, como en la banda de amplitud modulada.

No sólo no se desarrolló un procedimiento simplificado para su otorgamiento, sino que ahora se pretende en el artículo 87 del dictamen corporativizar en la Comisión Nacional para el Desarrollo  de los Pueblos Indígenas la gestión y promoción de esas concesiones.

Se hace a un lado el mandato constitucional de garantizar, con mecanismos efectivos, la producción independiente, el Sistema Nacional de Radiodifusión de Servicio Público queda como un instrumento del gobierno, bajo su control la gestión y operación, en materia de medidas de competencia para la radiodifusión son prácticamente inexistentes.

Las medidas asimétricas que se imponen al preponderante en televisión abierta, la mayoría son irrelevantes, son inexistentes las reglas de propiedad cruzada que dictó el artículo 28 de la Constitución, y en el caso de la multiprogramación, no se les obliga al pago de una contraprestación, no obstante que multiplicarán el valor de explotación comercial del espectro.

La definición de sectores prevalece no sólo para liberarlo de medidas asimétricas en la televisión de paga, es la base para que tenga plena eficacia el noveno transitorio del decreto que le permite a Televisa seguir concentrando sistemas de televisión por cable, sin requerir la autorización del Ifetel.