Primera parte del reportaje aparecido originalmente en Proceso 1966.

Los senadores panistas Javier Corral y Javier Lozano discuten sobre leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones. Foto: Cuartoscuro.

Los senadores panistas Javier Corral y Javier Lozano discuten sobre leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones. Foto: Cuartoscuro.

Divide y vencerás, dice un viejo refrán político. En la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron este principio en los últimos cuatro meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacionales del PAN y del PRD afirmaron que era “anticonstitucional” por ir en contra de la reforma aprobada por el Congreso en 2013.

Para lograr vencer las resistencias iniciales, el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador del PAN, Javier Lozano, quien elaboró un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril, se desechó “el documento” de Lozano.

Durante el mes de junio, el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna de su dirigencia nacional- convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores, encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.

Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Miguel Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.

Por el contrario, surgieron nuevos “regalos” para el consorcio de Emilio Azcárraga Milmo como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del IFT.

Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exiga cobros por concepto de regalías.

Todas las “mañas”

En su intento de fracturar y doblegar a los opositores hubo de todo en los últimos días: “guerra sucia” a través de filtraciones y espionaje telefónico como ocurrió con la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro; llamadas constantes de Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, a los legisladores del PAN y PRD; desplegados en prensa de la compañía televisiva para advertir que la preponderancia se debía definir sólo por “sector”; negociaciones hasta las 3 de la madrugada del 2 de julio entre el PAN, PRD y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, para unificar argumentos señalando que era necesario reforzar la presencia de Televisa en televisión restringida ante la inminencia de la llegada del gigante de América Móvil; violaciones al reglamento del Senado para agilizar la discusión y aprobación del dictamen sin discutirlo en lo particular.

La aprobación del dictamen de 315 artículos y 612 páginas se concretó en comisiones el miércoles 2 de julio. Ni las quejas de opositores como Javier Corral, Ernesto Ruffo o Marcela Torres Peimbert, del PAN, o la propia presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la perredista Alejandra Barrales, por las violaciones al procedimiento para convocar y debatir la ley frenaron la votación.

Incluso, la mesa directiva, encabezada por Javier Lozano, hizo caso omiso al uso de la fuerza del equipo de resguardo del Senado para sacar a la fuerza a un grupo de jóvenes que expresaron su desacuerdo por la censura.

La correlación de fuerzas fue aplastante en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y la de Radio y Televisión: 25 senadores del PRI, Verde, PAN, PRD y 1 del PT votaron a favor del dictamen contra sólo 5 en contra.

Sin embargo, en la sesión del pleno del Senado, el viernes 4 de julio, la bancada del PRD decidió votar unánimemente en contra, en lo general, tras sostener una reunión con el dirigente nacional, Jesús Zambrano. “No hay suficientes razones para argumentar un voto a favor”, dijo el presidente perredista.

Los votos a favor fueron 80 y en contra 37, casi 2 a 1. Incluso, los perredistas Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, quienes argumentaron a favor del dictamen votaron en contra tras la reunión con Zambrano.

Barbosa subió a la tribuna para justificar esta situación. Presumió que su negociación incidió en 72 cambios, pero senadores como Alejandro Encinas, Dolores Padierna o Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión argumentaron con votos en lo particular en contra del dictamen.

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, supervisó directamente a sus legisladores desde la discusión en comisiones. Dueño de la escena, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes saludó a Javier Lozano, a “mi amigo” Miguel Barbosa, y hasta se dio tiempo de bromear con sus viejos adversarios de la Ley Televisa de 2006: Manuel Bartlett y Javier Corral, en la sesión el miércoles 2 de julio.

La tarde del viernes 4 de julio, antes de que se votara en lo general, Gamboa Patrón presumió que sólo 15 o 20 senadores del PAN y del PRD votarían en contra porque “triunfó la negociación”. Hasta afirmó que los monopolios “están nada contentos” con la ley de telecomunicaciones. Su cálculo de votos en contra quedó muy corto.

“Se hicieron muchos cambios, más de 70, pero la esencia de la reforma no cambió, la esencia es la misma”, sentenció el coordinador del PRI. En esa misma conferencia, Gamboa Patrón volvió a recordar que su partido y el Verde sólo necesitaban 4 votos de la oposición, pero “el presidente Peña Nieto, hablando conmigo, me hizo ver que era fundamental que tuviéramos un gran consenso y gran mayoría en esto”.

El gobierno federal y el mismo presidente de la República entraron a presionar directamente. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el 3 de julio que el retraso en la aprobación de la ley secundaria frenaban las inversiones en telecomunicaciones por 100 mil millones de dólares, citando a la OCDE.

Ruiz Esparza dio claramente una “línea” a los priistas para que votaran a favor de la preponderancia “por sector”: “Si la Constitución, en su exposición de motivos habla claramente de preponderancia por sector, eso es lo que debe obedecer la ley secundaria, porque si no sería una ley anticonstitucional y eso de entrada sería algo muy grave”.

Continúa mañana.