Instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).  Foto: Gustavo Graf

Instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Foto: Gustavo Graf

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional ha incrementado, desde diciembre de 2012, el espionaje telefónico. En el periodo citado, el organismo de inteligencia ha solicitado la intervención de las comunicaciones privadas de 759 personas (530 de estas intervenciones corresponden al 2013). Esta cifra representa más del doble de las intervenciones realizadas entre 2005 y 2012, cuando fueron escuchadas las comunicaciones de 340 ciudadano.

Lo anterior según publicó esta semana el Diario 24 horas, el cual informó la solicitud de transparencia 0410000012514 realizada al Cisen señala que en nueve años se ha intervenido a mil 99 personas. De esta cifra, el 69% corresponde a los dos primeros años de la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto.

También se consigna que durante el último año del sexenio de Vicente Fox se realizaron solamente 21 solicitudes. Para el mandato de Felipe Calderón el número de intervenciones telefónicas fue de 319, correspondiendo la mayoría al año 2012, con un total de 214 solicitudes.

Durante el primer semestre de 2014, según registra el documento presentado por el Cisen, se han realizado 229 intervenciones telefónicas. El organismo, que es dirigido por Eugenio Imaz, señala en la respuesta a la solicitud de información que el resultado de estas intervenciones “es información reservada que sólo puede conocer el director general del Cisen, las personas que designe el Consejo Nacional de Seguridad y los jueces federales competentes”.

Según el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue aprobado en marzo pasado, tanto el Cisen como la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales pueden hacer uso del espionaje telefónico “cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesario la intervención de comunicaciones privadas, la PGR o los servidores públicos facultados en términos de su ley orgánica, así como los procuradores de las entidades federativas podrán solicitar al juez federal la autorización para realizar la intervención”.