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Segunda parte del reportaje original publicado en Proceso No. 1968. Consulta la primera parte aquí.

El despojo y la negociación en el campo

Luis Sánchez, vicepresidente del PRD en el Senado, considera que la posibilidad de expropiar u “ocupar temporalmente” las tierras con potencial energético afectará al menos a 12 entidades del país y a más de 260 municipios donde se llevarán a cabo actividades para la extracción y exploración de hidrocarburos.

Luis Sánchez, vicepresidente del PRD en el Senado, considera que la posibilidad de expropiar u “ocupar temporalmente” las tierras con potencial energético afectará al menos a 12 entidades del país y a más de 260 municipios donde se llevarán a cabo actividades para la extracción y exploración de hidrocarburos.

En paralelo, otro estudio jurídico elaborado por Luis Sánchez, vicepresidente del PRD en el Senado, considera que la posibilidad de expropiar u “ocupar temporalmente” las tierras con potencial energético afectará al menos a 12 entidades del país y a más de 260 municipios donde se llevarán a cabo actividades para la extracción y exploración de hidrocarburos.

“La explotación petrolera y la industria eléctrica, cuando la lleven a cabo los particulares, tendrán un evidente propósito de lucro particular y las expropiaciones crearán un conflicto que puede resultar muy explosivo ante la dificultad para solucionarlos como en el pasado”, advirtió Luis Sánchez, durante el debate en el pleno del Senado.

“Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado que implicará procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como desarraigo de pobladores, ruptura del tejido social, aparición de fuerzas armadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticias y exacerbación del resentimiento social”, abundó el legislador perredista.

Según el mapa, de los 260 municipios más afectados, 47 corresponden a la cuenca Sabinas-Piedras Negras que abarca un municipio de Chihuahua, 18 de Coahuila y 28 de Nuevo León. Además, hay otros 26 municipios de Tamaulipas con un alto potencial de conflicto. Todos, en la región noreste, la más promovida para las inversiones privadas.

En Coahuila, el municipio de Sabinas también tiene potencial para el gas shale y para gas asociado a las minas de carbón, al igual que Burgos y Tampico, en Tamaulipas, y Misantla, en Veracruz.

El mismo estudio del PRD prevé conflictos en 51 municipios de Veracruz y Oaxaca, y en 90 de Chiapas, 1 de Tabasco, 4 de Hidalgo, y 4 de San Luis Potosí.

El capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos –el pilar de todas las leyes secundarias discutidas en el Senado- estableció una fuente de conflicto entre los inversionistas y operadores privados, por una parte, y los propietarios, poseedores o titulares de los terrenos, bienes o derechos porque estableció que sea el libre mercado quien defina este trato.

En el artículo 95 establece la negociación directa, sin considerar las asimetrías entre una y otra parte, y en el 91 estableció que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos… Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.

La negociación entre el PRI y el PAN modificó el término de “expropiación” por el de “ocupación temporal” y estableció que el porcentaje de utilidad lo definirá la Secretaría de Energía, con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. “Estamos hablando de los estándares internacionales de 0.5 hasta 1.5 por ciento, que sea éste el porcentaje que estarán recibiendo en este caso los tenedores de la tierra”, afirmó el panista Francisco García Cabeza de Vaca, en el debate de la Ley de Hidrocarburos.

Durante la discusión de la misma ley, el viernes 18, el dirigente nacional de la CNC, el senador priista Gerardo Sánchez García, negó que pudiera existir conflicto en las comunidades agrarias y afirmó que el dictamen “establece disposiciones en materia de contraprestaciones, por la ocupación y afectación superficial de las tierras, que permitirán, por una parte, dar protección a ciertos grupos que pudieran estar en condiciones de desventaja, y por otra, dar certeza a las partes sobre el cumplimiento de acuerdos que hayan alcanzado”.

“¿Cómo vamos a desaprovechar la oportunidad de que haya alternativas que capitalicen al campo y a sus familias? Por eso el tema de la tenencia de la tierra, es un tema que de manera seria y responsable la Confederación Nacional Campesina la asumió y lo planteó”, presumió el líder agrario priista.

En el mismo sentido, los senadores priistas Manuel Humberto Cota, Diva Gastélum, y el panista Francisco Domínguez negaron que existieran conflictos o injusticias e, incluso, acusaron a los perredistas de que “no saben leer” lo estipulado en las distintas leyes.

En respuesta, la senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que en varias leyes del paquete energético se trata el tema del “despojo de la tierra” y enumeró: en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de Industria Eléctrica, en la Ley de nuevos órganos éstos se convierten en “gestores del despojo de las tierras” y la Ley de Geotermia, en su artículo cuarto establece también la posibilidad de las servidumbres.

“Todo el capítulo cuarto de la ley de Hidrocarburos considera a las compañías petroleras en igualdad de capacidad de negociación que las comunidades”, afirmó Padierna. “Para empezar, los representantes de las petroleras ya tuvieron la ventaja de plasmar en ellas sus intereses y las comunidades no, ni siquiera han sido consultadas, serán despojadas con todo abuso de poder”, abundó la legisladora.

En la misma discusión, el priista Cota Jiménez negó que se privilegiara el despojo. Afirmó que los mecanismos de negociación “son acordes a las mejores prácticas internacionales” y prevé “que los valores de la tierra deban considerar posibles plusvalías por virtud de los proyectos, el lucro cesante y la indemnización por cualquier afectación que se llegara a sufrir”.

Sobre la figura legal de las “servidumbres”, establecida también en la ley de Hidrocarburos, Cota Jiménez afirmó que “es una figura de carácter excepcional usada internacionalmente para alcanzar acuerdos entre las partes”.

Durante el mismo debate sobre el tema de la afectación a la propiedad de la tierra, Alejandro Encinas, del PRD, leyó la Ley del Petróleo de diciembre de 1901, durante la dictadura de Porfirio Díaz, que estableció lo mismo: privilegiar la expropiación de las tierras para las actividades energéticas.

“¿Quiénes son los nostálgicos del pasado? ¿Nosotros o ustedes, los priistas, que ahora reviven a Porfirio Díaz?”, preguntó Encinas.