América Móvil oficinasAmérica Móvil, propiedad de Carlos Slim, deberá aún presentar un “plan de desincorporación” ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De ser aprobado, las medidas anunciadas para desincorporar entre 20 y 30 por ciento de sus activos podrán ser ejecutados hasta el próximo año, precisó el consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos.

En conferencia de prensa junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y con el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, Castillejos afirmó que “en caso de que se apruebe el plan (de América Móvil) podrá suspender la ejecución de la tarifa cero de interconexión y entonces se transitaría al modelo de compensación de tráfico de llamadas o bill and keep”.

El consejero jurídico de la presidencia de la República abundó sobre la decisión de América Móvil como si él fuera integrante de IFT. Ante el anuncio conocido un día antes, “deberá presentar su plan ante el instituto”, insistió Castillejos.

En el tema de internet y la presunta violación de derechos de privacidad, el consejero de Los Pinos afirmó que “el gobierno no interviene en ningún procedimiento que ahí se lleve a cabo”.

“Las facultades del gobierno son las que establece la Constitución, como la de opinar sobre los términos económicos de una licitación de manera no vinculante”, aclaró Castillejos.

Por su parte, Ruiz Esparza insistió en las bondades de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Enunció los 10 grandes avances, casi todos relacionados a la telefonía y pocos o ninguno relacionados con los contenidos en medios audiovisuales (televisión abierta y televisión restringida).

Entre esos 10 avances, según el titular de la SCT, están la eliminación de los cobros de llamadas telefónicas de larga distancia; la extensión de la vigencia del saldo en telefonía móvil hasta un año; servicios especiales para personas con discapacidad; mayor acceso a internet en 250 mil sitios públicos; conexión de telefonía móvil en todo el país; portabilidad voluntaria sin cargos ni bloqueos; transición a la televisión digital terrestre; y la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología digital.