A raíz de la aprobación de la denominada #LeyBala, que regula el uso de la fuerza pública en Puebla y que permite el uso de armas de fuego en caso de agresiones contra policías o terceros durante manifestaciones, distintas organizaciones del Estado publicaron un desplegado en conjunto con el que se oponen a esta ley, votada el pasado lunes 19 de mayo en el Congreso de Puebla.

Miembros de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 Puebla protestaron ayer frente a la sede del Legislativo y convocaron a ciudadanos y organizaciones sociales a formar un frente para echar abajo la ley que regula el uso de la fuerza en manifestaciones públicas. Foto: José Castañares.

Miembros de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 Puebla protestaron ayer frente a la sede del Legislativo y convocaron a ciudadanos y organizaciones sociales a formar un frente para echar abajo la ley que regula el uso de la fuerza en manifestaciones públicas. Foto: José Castañares.

Como miembros de la sociedad civil del Estado de Puebla manifestamos nuestra preocupación por la aprobación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”. Sin un debate claro, profundo y público, 32 legisladores del Congreso del Estado votaron a favor de una ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de Puebla para ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos en la entidad.

Es claro que términos imprecisos como manifestación “ilícita” o “violenta” posibilitan actos represivos por parte de la policía. La ambigüedad en referencia a situaciones en las que alguien puede ser detenido deja en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía. Se ha hablado de que el uso de la fuerza letal es el “último recurso” en detenciones, manifestaciones públicas, desastres naturales y emergencias, sin embargo en un estado en el que las autoridades funcionan con opacidad y gozan de impunidad cómo podrá probarse que en efecto fue el “último recurso” y no el primero.

El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación. Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores. Es evidente que la preocupación del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual.

La aprobación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado” no es un caso aislado. En un momento en el que México está hundido en una crisis humanitaria que se desencadenó después de la guerra contra el narcotráfico, el congreso de Chiapas también aprobó el “Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública de Chiapas”, lo cual anuncia la posible aparición de iniciativas similares en otros estados, agudizando así la situación de criminalización de la protesta en todo el país.

Contingente Puebla
El Taller
Nodo de Derechos Humanos
Bordados Puebla
Corazón del Barrio
Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos
Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva
Lado B
Tetela Hacia el Futuro
Comité Orgullo Puebla
Pacis: Circulación Social
Vida Plena Puebla
DDSER
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C.
Kundu’AKukani, A.C.