El hallazgo de los cuerpos de migrantes de San Fernando, Tamaulipas.  Foto: El Universal

El hallazgo de los cuerpos de migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
Foto: El Universal

La recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas resultó “parcialmente violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e, incluso, perjudicial al derecho a saber”, argumentan un amplio colectivo de decenas de organizaciones civiles en un comunicado enviado al Senado.

En vísperas de que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, comparezca este martes ante la Comisión de Derechos Humanos por la masacre de San Fernando, las organizaciones encabezadas por Fundación para la Justicia, Casa del Migrante de Saltillo, Cofamde, Hogar Refugio para Migrantes y Comité Cofamipro adelantan que solicitarán la formación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos que asumirá el ombudsman nacional.

“La CNDH demoró 3 años y 4 meses de ocurridos los hechos en suscribir la recomendación derivada del proceso de investigación. Dicha recomendación contiene aspectos relevantes en materia de medicina forense, cadena de custodia, manejo de restos, así como iniciar procedimientos por algunas responsabilidades vinculadas con la investigación penal y medidas estructurales como la creación de un banco de datos en genética y políticas de prevención”, argumentan en su comunicado.

“Sin embargo –advierten las organizaciones ciudadanas- la recomendación 80/2013 viola dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre (violación al derecho a la vida) ni sobre la responsabilidad del Estado en los hechos”.

Al no garantizar su derecho a participar en el proceso de investigación, la CNDH “no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas quienes conforme al derecho nacional e internacional también son víctimas”.

La CNDH tampoco estableció “medidas de reparación integral del daño” y “deberá rendir cuentas sobre su falta de actuación para emitir medidas cautelares y prevenir violaciones de derechos humanos de familiares de migrantes”.

En una carta firmada por decenas de universidades y organizaciones de derechos humanos le demandan a los senadores la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos de la CNDH y para buscar una reparación que “dignifique y cuide a las víctimas”.