Proceso.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de Artículo 19.  Foto: Xinhua / Alejandro Ayala.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de Artículo 19.
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala.

La organización Artículo 19 exigió al Poder Judicial de la Federación (PJF) garantizar la independencia e imparcialidad de los integrantes del órgano jurisdiccional responsable de resolver el amparo interpuesto para revertir la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz del homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en dicha entidad federativa.

Hernández Silva fue liberado en agosto de 2013, debido a que los magistrados locales determinaron que fue torturado durante su declaración. En consecuencia, Ángel Alonso Martínez, hermano de la periodista, interpuso un amparo ante el PJF para revertir la liberación del acusado.

“ARTICLE 19 solicita  al Gobernador Javier Duarte, así como a los integrantes de su gabinete,  abstenerse de presionar directa o indirectamente a los magistrados del Tribunal Federal que en estos momentos tienen la responsabilidad de avalar o desechar la hipótesis de que a Regina Martínez la asesinaron por robarla y no por su ejercicio periodístico crítico de la administración estatal y federal”, cita un comunicado de la organización.

La asociación advierte que “de no resolverse de forma transparente la solicitud de amparo, se corre el riesgo de que la decisión se mantenga bajo una sombra de impunidad. Se debe evitar a toda costa que la impunidad se vuelva en un doble asesinato para Regina, sin justicia ni reparación del daño, tanto para los familiares de la periodista asesinada como para los comunicadores en Veracruz “.

Enfatiza que “tanto la Revista Proceso, como las organizaciones sociales defensoras de la libertad de expresión, consideran que existen suficientes elementos para presuponer que a Regina la asesinaron por su actividad periodística crítica de la administración pública (Federal y Estatal). Sin embargo, la Procuraduría veracruzana en ningún momento mostró interés en iniciar una línea de investigación relacionada con su ejercicio profesional”.

Este lunes se cumplen dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. El informe anual de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, difundido la semana pasada, hace referencia al juicio de amparo iniciado en septiembre de 2010 por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, contra la decisión de la CNDH de mantener en secreto el expediente, encomiando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallar a favor del semanario.