por Gabriel Sosa Plata

El Universal.

Televisa IusacellAlgunos errores de procedimiento de la ahora extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) echaron por la borda el conjunto de condiciones impuestas a Televisa y Grupo Salinas en junio de 2012 para autorizar la concentración en Iusacell, una de las operaciones más importantes y polémicas en la historia de las telecomunicaciones mexicanas.

Televisa presentó y logró obtener un amparo (expediente R.A.-27/2013) en el Décimo Tribunal Administrativo, del Distrito Federal, resuelto en el tercer trimestre del 2013 y que por esas cosas raras que suceden en el mercado de las telecomunicaciones mexicanas prácticamente pasó desapercibido en los últimos meses, pese a su enorme trascendencia.

Así que los compromisos aceptados por Grupo Televisa y Grupo Salinas para que les fuera autorizada la adquisición del 50% de Iusacell, son ya letra muerta.

Algunos de estos compromisos eran no obstaculizar la licitación de una nueva cadena de televisión, el no llevar a cabo prácticas discriminatorias en la venta de publicidad a cualquier operador de telecomunicaciones o el no realizar ventas atadas. De igual manera, Televisa tampoco está obligada a desprenderse de su participación en Total Play, empresa de Grupo Salinas, que forma parte de Iusacell, dedicada a ofrecer servicios de triple play (telefonía, televisión restringida e internet) en el Valle de México.

Como se recordará, la concentración Televisa-Iusacell no fue autorizada por la CFC, en una primera resolución, en enero de 2012, porque podría “dañar la competencia en televisión abierta y restringida”, no así en telefonía móvil. Y justificó: “La concentración, en los términos planteados por las empresas, no se reduce a una coinversión en Iusacell, sino que induce casi forzosamente la coordinación entre ambos grupos económicos en todos los mercados en los que coinciden”, lo que sería perjudicial para la competencia en el sector.

Luego, en junio de ese mismo año, la CFC informaba, con el voto de calidad de su entonces presidente Eduardo Pérez Motta y bajo un clima de fuerte tensión política, que se autorizaría la cuestionada concentración como consecuencia del recurso de reconsideración presentado por Televisa y los compromisos asumidos –como los ya descritos- por los operadores para evitar las lamentables consecuencias que en competencia en la televisión se generarían luego de la adquisición.

Con el amparo ganado por Televisa, regresamos al problema previsto inicialmente y así prevalecerá mientras no se hagan realidad los principios en materia de competencia definidos en la reforma constitucional de telecomunicaciones y las resoluciones pendientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

EL ERROR

De acuerdo con la resolución del Décimo Tribunal Administrativo, presidido por el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo y quien también fue ponente del amparo en revisión 27/2013, el problema fue de origen. Televisa (Corporativo Vasco de Quiroga y GSF Telecom Holdings) presentó la solicitud de concentración el 7 de abril de 2011. El 11 de abril la CFC respondió que faltaban documentos para armar expediente (a esto le llaman “prevención”) para dar trámite a la solicitud, la cual se desahogó el 27 de abril. A partir de ese momento, la Comisión tenía un plazo de 35 días, es decir, hasta el 17 de junio, para resolver el procedimiento de notificación de la concentración.

Dice la resolución que “ante el desahogo de la prevención” (es decir, la entrega por parte de Televisa de la información solicitada), la Comisión podía únicamente desecharla por no haberse cumplido o tener por presentada la solicitud de concentración. Pero no emitió ninguno de los acuerdos y tampoco requirió información adicional en los días siguientes marcados por la ley. Gran error. En mayo, vinieron una segunda y tercera prevenciones, quizás necesarias para que la Comisión tuviera toda la información, Televisa cumpliera y armara adecuadamente el expediente, pero dichas prevenciones no están previstas en la ley y se notificaron fuera de los plazos legales, lo que abonó al conjunto de irregularidades.

Poco más de un año después y una vez “autorizada” la concentración con las respectivas obligaciones, Televisa promovió el amparo el 5 de julio de 2012 y demandó la “afirmativa ficta” al no tener respuesta oportuna a su solicitud de notificación de la concentración y, claro, por las irregulares solicitudes de las dos prevenciones adicionales.

En una primera instancia (Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región), la CFC logró en octubre de 2012 que no prosperara el amparo. Televisa se inconformó y presentó un recurso de revisión, que fue admitido en enero de 2013. Ya en el tribunal, finalmente se resolvió a su favor en dos asuntos: la revocación de la sentencia que había negado el amparo y el amparo y protección en contra “de la resolución del 6 de junio de 2012, emitida por la Comisión Federal de Competencia en el recurso de reconsideración RA-043-2012 y acumulado”.

¿POR QUÉ?

 

Se podrá decir que parte de los problemas de competencia generados por la alianza Televisa-Iusacell, podrían tener ahora una solución con los cambios a la Constitución en materia de telecomunicaciones (por ejemplo, con obligaciones como el must carry y el must offer), pero ¿y si no hubiésemos tenido reforma constitucional o la legislación secundaria se aleja de los principios incorporados en aquella?

Ahí queda la pregunta y el registro de un caso importante, uno más, en el que una de las instituciones fundamentales del Estado fue derrotada en los tribunales por uno de los operadores dominantes. ¿Por qué? ¿por error, incapacidad, falta de conocimiento, negligencia, ingenuidad o qué? Vaya reto que tiene el Ifetel para lo que sigue: la declaración de preponderancia de Telmex, Telcel y Televisa.