CiberespionajeUno de los principales sucesos noticiosos del año pasado fue, sin duda, las revelaciones de Edward Snowden en torno a los distintos programas de espionaje que el gobierno de Estados Unidos tiene en marcha.

Desde entonces y hasta ahora, diversas organizaciones y activistas han hecho campañas para intentar frenar estas actividades, el grupo ContingenteMX se une a esta petición.

A través de un comunicado de prensa, el colectivo exige el “fin de la vigilancia masiva”.

“De un tiempo ahora se ha vuelto necesario actualizar la forma en que entendemos los alcances internacionales de los derechos humanos para dar cuenta de las nuevas tecnologías y técnicas de vigilancia. La urgencia de esta tarea está demostrada por las recientes revelaciones que confirman la vigilancia masiva de individuos inocentes en todo el mundo”, dice el comunicado, en el que se convoca a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos a firmar por “los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones”.

La finalidad principal de esta solicitud es ayudar a preservar las libertades y los derechos fundamentales de los individuos en una época como la nuestra, en la que la información personal fluye por el mundo digital.

De igual manera, el colectivo llama a las autoridades de nuestro país, tanto a nivel federal como estatal, “a que armonicen su marco normativo con los principios propuestos”, es decir, las obligaciones que éstos tienen con respecto al derecho internacional de los derechos humanos. “Dichos principios”, aclara el comunicado, “son resultado de más de un año de amplios diálogos y consultas entre la sociedad civil y expertos en privacidad y tecnología”.

Los 13 principios por los que aboga el ContingenteMX son:

  1. Legalidad: Cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescrita por ley. El Estado no debe adoptar o implementar una medida que interfiera con los derechos a la privacidad en ausencia de una ley públicamente disponible.
  2. Objetivo legítimo: Las leyes sólo deberían permitir la vigilancia de las comunicaciones por parte de autoridades estatales específicas para alcanzar un objetivo legítimo que corresponda a un interés jurídico preponderante e importante y que sea necesario en una sociedad democrática.
  3. Necesidad: La vigilancia de las comunicaciones sólo debe llevarse a cabo cuando es el único medio para alcanzar un objetivo legítimo, o bien cuando habiendo varios medios sea el menos propenso a vulnerar los derechos humanos. La carga de establecer esta justificación, tanto en los procesos judiciales como en los legislativos, recae en el Estado.
  4. Idoneidad: Cualquier caso de vigilancia de las comunicaciones autorizado mediante ley debe ser apropiado para cumplir el objetivo legítimo específico identificado.
  5. Proporcionalidad: Las decisiones sobre la vigilancia de las comunicaciones deben tomarse sopesando el beneficio que se persigue contra el daño que se causaría a los derechos de las personas y contra otros intereses en conflicto, y debería incluir un examen de la sensibilidad de la información y de la gravedad de la infracción al derecho a la privacidad.
  6. Autoridad judicial competente: Las decisiones relacionadas con la vigilancia de las comunicaciones deben ser realizadas por una autoridad judicial competente que sea imparcial e independiente.
  7. Debido proceso: exige que los Estados respeten y garanticen los derechos humanos de las personas asegurando que los procedimientos legales que rigen cualquier interferencia con los derechos humanos estén enumerados apropiadamente en la ley, sean practicados consistentemente y estén disponibles para el público general.
  8. Notificación del usuario: Las personas deben ser notificadas de una decisión que autoriza la vigilancia de las comunicaciones con el tiempo e información suficientes para permitirles recurrir la decisión, y deben tener acceso a los materiales presentados en apoyo de la solicitud de autorización.
  9. Transparencia: los Estados deben publicar, como mínimo, información global sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios, y según el tipo de investigación y sus propósitos.
  10. Supervisión pública: Los estados deberían establecer mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones.
  11. Integridad de las comunicaciones y sistemas: los Estados no deben obligar a los proveedores de servicios o proveedores de “hardware” o “software” a desarrollar la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de vigilancia estatal.
  12. Garantías para la cooperación internacional: los tratados de asistencia judicial recíproca (MLAT, por sus siglas en inglés) y otros acuerdos celebrados por los Estados deben garantizar que, cuando la legislación de más de un Estado pueda aplicarse a la vigilancia de las comunicaciones, se adopte la norma disponible con el mayor nivel de protección para las personas.
  13. Garantías contra el acceso ilegítimo: Los Estados deben promulgar leyes que penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores públicos o privados. La ley debe proveer sanciones penales y civiles suficientes y adecuadas, protección a los denunciantes y medios de reparación a las personas afectadas.

Entre las más de 300 organizaciones que han firmado ya estos acuerdos, están Article 19, Australia Privacy Foundation, Electronic Frontier Foundation, Human Rights Watch y OpenWatch.ca, entre muchos otros.

Puedes firmar la petición aquí.

Para más información:

@ContingenteMX

contingentemx@gmail.com