por Héctor Tenorio

Aeronave Venezuela¿Cómo debe encarar en conjunto América Latina el reto que implica la lucha contra el narcotráfico sin la supervisión de los Estados Unidos? Es la pregunta que ha quedado en el  aire después de que el avión Hawker Siddeley DH, 125, serie 400A, con matrícula mexicana XB-MGM propiedad de Jorge Salazar Ochoa cargado de cocaína fuera obligado a descender en tierras venezolanas y posteriormente incendiado por las Fuerzas Armadas de Venezuela poniendo a prueba las relaciones entre ambos países.

Recordemos que en Caracas la Asamblea Nacional (AN) aprobó en mayo del año pasado la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo que permite la aplicación de acciones de interceptación, persuasión e inutilización de aeronaves u objetos que infrinjan disposiciones sobre la circulación aérea. A principios de octubre, el mandatario Nicolás Maduro anunció la decisión de comenzar el derribo de aviones sospechosos de pertenecer al narcotráfico y que no atendieran las instrucciones y órdenes de las autoridades venezolanas en su territorio.

Bajo su administración 13 aeronaves presuntamente ligadas al tráfico de drogas han sido derribadas y 17 han sido destruidas. Es necesario puntualizar que Venezuela es considerada por Naciones Unidas como un país no productor de drogas, pero señalado como lugar de tránsito del narcotráfico.

Mientras que en México la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementó el Sistema Integral de Vigilancia Aérea para garantizar la seguridad y soberanía del espacio aéreo. Utiliza radares tipo TPS-70 para actividades de vigilancia, identificación, seguimiento e intercepción de tráfico aéreo no identificado o sospechoso. De diciembre a la fecha se han incautado 20 aeronaves de organizaciones criminales, y se destruyeron 173 pistas clandestinas. El número de aeronaves incautadas a grupos delictivos en lo que va del sexenio es el mismo con el que cerró el último año del gobierno calderonista, por lo que se refiere a las pistas, éstas sólo representan la mitad en comparación con 2012. Durante la administración de Felipe Calderón fueron aseguradas por la Sedena un total de 540 aeronaves y se ubicaron 3 mil 922 pistas de aterrizaje que fueron destruidas.

Bajo este contexto analicemos la bitácora del avión mexicano: el pasado 4 de noviembre a las 11:59 horas partió del aeropuerto de Querétaro a Bonaire, Antillas Holandesas, con siete personas a bordo: Isaac Pérez Dubon, Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga, Manuel Rodríguez Benítez, los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla.

Una vez que la aeronave arribó a las Antillas Holandesas, se presentó un nuevo plan de vuelo rumbo a la Ceiba, Honduras. En la aeronave sólo iban tres personas: los dos pilotos y una tercera cuya identidad no fue revelada. No obstante, se supo que no formaba parte del grupo de cinco pasajeros que la utilizaron ese día.

La aeronave mexicana se desvió hacia el sur e ingresó al espacio aéreo venezolano sin la debida autorización, el comando de defensa aérea espacial de la Fuerza Aérea Bolivariana la persiguió por espacio de cuarenta minutos. Los pilotos hicieron caso omiso a los llamados de las autoridades venezolanas. La nave fue obligada a aterrizar en una pista clandestina y posteriormente fue calcinada junto con la cocaína, (cuestión que ha causado gran indignación en la prensa mexicana acostumbrada a que se pierda la droga en los decomisos que hace el ejército de nuestra nación). Vale precisar que todo sucedió en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, donde los venezolanos mantienen una estrecha vigilancia antidrogas. No se encontró rastro de la tripulación.

Cabe destacar que la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció una versión sobre que uno de los pasajeros posiblemente era el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. El escándalo creció y resultó necesaria la intervención de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación quien salió a desmentir la versión. Queda claro que no  tienen idea donde anda el narcotraficante más buscado de México

El mandatario venezolano Nicolás Maduro ha mostrado su molestia ante el pedido del gobierno de México de una aclaratoria sobre las circunstancias en las que el jet fue inmovilizado y le sorprendió mucho que México abogue por una aeronave del narcotráfico. La Cancillería mexicana señala que no se le ha notificado oficialmente el contenido de la carga de la aeronave, convocó al embajador de Venezuela en México, Hugo José García Hernández, con la intención de compartir información sobre la identidad  y destino de los tres fugitivos, además de la razón que llevó a los militares de ese país sudamericano a quemar la evidencia.

En un exceso la bancada del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Senado le exigió al gobierno federal que le retire a Venezuela su apoyo para obtener un sitio temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras no proporcione información satisfactoria.

Ahora bien, los funcionarios mexicanos corren el riesgo de quedar en ridículo, el avión salió de una ciudad importante del país sin que este fuera revisado, ambos pilotos presentaron licencias apócrifas, no se ha podido precisar la nacionalidad de los pasajeros aunque órganos el gobierno mexicano sospecha que podrían estar relacionados con el cártel de Sinaloa y el dueño del avión es socio del “Chapo Guzmán”. Por lo que se refiere a la destrucción de la cocaína y de la aeronave es un asunto interno de Venezuela que ejerció su derecho a defender su espacio aéreo.

¿Quizá el problema, es que a la administración de Enrique Peña Nieto le cuesta trabajo aceptar que México se convirtió en un exportador de narcotraficantes?

Ante este reto las dos naciones deben ponerse a trabajar en la construcción de un órgano de investigación antidroga regional latinoamericano, el cual sería un instrumento de inteligencia no dependiente de los Estados Unidos.