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Foto: Senado de la República

Senadores del Grupo Parlamentario del PRD informaron el 1 de octubre, durante el Foro sobre Derechos Humanos: Justicia y Amnistía en México, que buscarán impulsar una iniciativa de Ley de Amnistía para el caso del profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, quien en el año 2000 fue culpado por el homicidio de 7 policías municipales. Los legisladores perredistas destacaron que el profesor, quien hoy purga una sentencia de 60 años por este caso, fue culpado de manera injusta.

“Desde el punto de vista de los senadores existen serias deficiencias en el juicio del profesor Patishtán. Hubo irregularidades en el debido proceso al que tenía derecho, pues la detención se circunscribió a la segunda declaración de un joven menor. Además de que durante el proceso el profesor no tuvo el acompañamiento y asesoría de un traductor” explicó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La legisladora, quien convocó este foro, señaló que el objetivo de este encuentro es buscar los mecanismos que permitan obtener la liberad del profesor Patishtán.

De la Peña destacó que es urgente lograr una salida legislativo-jurídica para que se reconozca la inocencia del indígena tzotzil y no solamente se le perdone de algo que “evidentemente” él no cometió. En el encarcelamiento de Alberto Patishtán, agregó, existe una clara cuestión política y un juicio viciado.

De hecho, la organización Amnistía Internacional presentó en días recientes un estudio sobre el caso del profesor bilingüe del estado de Chiapas, en el que se concluye que el Estado debe poner fin los 13 años de encarcelamiento injusto. La organización consideró que el proceso judicial y la sentencia en contra de Patishtán fueron injustos; el documento destaca que las pruebas indican que el indígena tzotzil no participó en los hechos y que durante la investigación existieron graves deficiencias. En este caso, señala Amnistía Internacional, los familiares y sobrevivientes tiene derecho a que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia.

En este sentido, el senador Alejandro Encinas Rodríguez afirmó durante el foro que los errores en este proceso no solamente fueron jurídicos, sino también políticos, lo cual se “ve desde el momento mismo en que se fabrica un culpable al no dar con los responsables de los asesinatos”. El perredista señaló que la incapacidad del poder judicial de reconocer y revertir sus errores lo han llevado a sostener una decisión insostenible en términos jurídicos.

Por su parte, el senador Manuel Camacho Solís coincidió con sus compañeros de partido, destacando que dentro de un sistema democrático de justicia se debe sancionar a quien penalmente lo merezca, pero también se debe tener la capacidad de reconocer la inocencia de quien ha sido injustamente acusado por el Estado. Una amnistía en este caso, dijo, beneficiaría un sólo hombre, pero tendría un gran significado en el contexto político del país, “este régimen se va a ir por la línea autoritaria o somos capaces de abrir causes civilizados a la solución de los conflictos, lo quiero ver como un símbolo y por lo tanto, lo vamos a apoyar con gran determinación”.

La senadora De la Peña manifestó que ya que el Primer Tribunal Federal ha ratificado la sentencia en este caso, solamente quedan tres caminos por seguir: el indulto -que en caso de homicidio no puede aplicarse-; la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y finalmente una Ley de Amnistía específica, la cual no pueda aplicar para los verdaderos culpables.

La perredista denunció que no solamente se trata de una injusticia en contra del profesor chiapaneco, sino para los familiares de las víctimas. Se trata de un caso en el que existen una serie de omisiones de la autoridad ya que no han sido capturados los verdaderos asesinos, quienes continúan libres, dijo De la Peña.