por Irene Levy

El Universal.

CFE logo¿Se acuerda usted de la Aseguradora Hidalgo? Era la empresa de seguros propiedad de Gobierno Federal que en 2002 fue vendida a Met-Life durante la presidencia de Vicente Fox.

Esta empresa era líder en ventas de seguros de vida, un año antes de ser privatizada concentró el 51% de ese mercado incluyendo, por supuesto, a los casi tres millones de burócratas que estaban asegurados en esa empresa pública simplemente porque era propiedad del Gobierno y no porque ofrecía el mejor servicio ni el menor precio.

¿Cuáles deben ser las reglas cuando la iniciativa privada y el gobierno conviven y se combinan en la prestación de un servicio o el desarrollo de una actividad? ¿Se vale que el gobierno “compita” en un mercado que ya está atendido por empresas privadas? ¿Debe el gobierno únicamente entrar a un mercado para suplir aquellas zonas, sectores o actividades no atendidas o no cubiertas correctamente por las empresas particulares? ¿Debe someterse a la misma regulación o debe tener una regulación específica por tratarse del Estado?

Estos son algunos de los cuestionamientos que se hacen las empresas privadas de telecomunicaciones a propósito de dos temas en concreto: la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como concesionario que presta servicios de telecomunicaciones, y la red mayorista compartida en la red de 700 MHz en la que, según la reforma constitucional, participará el organismo descentralizado Telecomunicaciones de México (TELECOM). De hecho, uno de los temas que preocupa mucho a la industria del sector y que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) externó a través de su vicepresidente, Eduardo Ruíz Esparza, durante el evento realizado el 10 de octubre en el CIDE, es precisamente el que le comento y que se conoce como el principio de “neutralidad competitiva”.

¿En qué consiste este principio?

La neutralidad competitiva requiere que las actividades económicas gubernamentales no se beneficien de las ventajas competitivas que pudiera tener el sector público sobre los agentes económicos privados. Se trata de una política que debe estar acompañada de las modificaciones pertinentes al marco jurídico y fiscal, a fin de que se evite cualquier distorsión de mercado que pudiera ocasionar la participación del gobierno en una actividad que también desarrolla la industria privada.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido una guía sobre el gobierno corporativo de empresas gubernamentales en la que sugieren una serie de medidas para evitar la “depredación” y desigualdad en los mercados en los que conviven la actividad gubernamental y la privada. Este tema ha preocupado mucho en otros países, tal es el caso de Australia, que incluso tiene una oficina para quejas sobre neutralidad competitiva que depende de la Comisión de Productividad.

Pero en México no hemos ni siquiera logrado incluir el tema en la agenda legislativa; vaya, es un término que prácticamente no se conoce. Hubiera sido deseable que la reforma constitucional en telecomunicaciones incluyera este principio para fomentar y proteger la inversión privada. Pero aun cuando no lo hizo, la ley secundaria puede y debe preverlo, a fin de que la CFE, TELECOM y la próxima empresa que explote la red mayorista no aprovechen las ventajas que tienen como entes gubernamentales y que marcan un desequilibrio en las reglas del juego de la competencia.

Pago de derechos

El viernes pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados decidió por 314 votos a favor y 165 en contra, aprobar la eliminación de los artículos 244-G y 244-H que establecían los derechos que, para el uso del espectro en las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz, había propuesto el presidente Peña Nieto y cuyo monto había sugerido disminuir la Comisión de Hacienda de dicha Cámara. La propuesta del Diputado Federico González Luna argumentó que “en tanto no esté definido en la legislación sectorial que regule la reforma constitucional en materia del uso y modelo que se le dará a estas bandas anchas (sic) del espectro radioeléctrico, se considera conveniente no establecer, por lo pronto, el régimen tributario a que deberá sujetarse la explotación del bien del dominio público de la Federación”.

Pero ojo, esto no significa que no se cobrarán derechos por el uso de estas bandas, solamente se retrasa la definición. A mí no me parece una mala decisión, de hecho era sorprendente la tremenda disparidad que existía entre la propuesta del secretario Luis Videgaray y la contrapropuesta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de 96% menos para la banda de 700 MHz y 56% menos para la de 2.5 GHz, con lo que era inevitable pensar que alguno de los dos estaba forzosamente equivocado, así que se optó por patear el balón al futuro.

Esta decisión desde luego que no conviene a MVS que había logrado ya un monto más o menos confortable mientras que ahora, de aprobarse en definitiva la iniciativa en la Cámara de Senadores, tendrán que empezar de nuevo a hacer números de la mano de los comisionados del IFETEL, de Hacienda y del Poder Legislativo. La enseñanza que nos deja toda esta rebatinga es que se debe revisar la estructura fiscal del sector de manera integral y no solo las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz y, en mi opinión, deberían sustituir el sistema de pago de derechos por un esquema único de aprovechamientos.

En la sobremesa

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina acaba de cumplir 4 años desde su aprobación por el Congreso de ese país y por ello el académico, periodista y experto en el tema Martín Becerra le dedica un ensayo muy interesante que denominó “Cuatro años de la ley audiovisual: un balance”. No deje de consultarlo en http://martinbecerra.wordpress.com/2013/10/09/cuatro-anos-de-la-ley-audiovisual-un-balance/, nos aporta un excelente recorrido sobre esta polémica legislación y sus efectos colaterales.