Miembros del CNTE bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Víctor Camacho.

Miembros del CNTE bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Víctor Camacho.

Se ha registrado una cobertura intensiva en noticiarios radiofónicos, televisivos y cibernéticos sobre las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia formada a partir de algunas secciones sindicales de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal, pero en muy pocos casos se ha explicado qué detonó estas protestas.

“Maestros flojos”, “vándalos”, “irracionales”, “radicales”, entre muchos otros calificativos, se han vertido en tinta y en el espectro radioeléctrico. Los dirigentes de la CNTE tampoco han utilizado los medios de manera intensiva o alternativa para explicar a la siempre irascible ciudadanía capitalina por qué los bloqueos a las sedes del Congreso de la Unión y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El centro de esta propuesta está en la primera de las tres grandes reformas constitucionales que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó a través de este mecanismo de acuerdos cupulares que es el Pacto por México: la reforma educativa.

Bien dicen los críticos que no se trató de una reforma educativa al ciento por ciento, sino de una reforma laboral en el sector educativo. De ahí provino el desplante de Elba Esther Gordillo, la lideresa del sindicalismo oficial, que desembocó en la cárcel para quien controló durante más de dos décadas al mayor sindicato de América Latina.

La CNTE nunca ha sido aliada de Gordillo, pero en el tema de las reformas a los artículos 3 y 73 existen más coincidencias que diferencias entre ambos sectores. Esta reforma, promulgada por el Ejecutivo federal el 26 de febrero de 2013, estableció las bases jurídicas para cambios en la carrera docente, en el acceso a puestos directivos de escuelas y zonas escolares y en el diseño e implementación de la política educativa a nivel básico y medio superior. De estos cambios surgió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En las reformas constitucionales se estableció que el ingreso para el servicio docente y la promoción a cargos directivos sería mediante exámenes de evaluación que garanticen “la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan” a cada función, así como la sujeción de reconocimientos, estímulos y la permanencia en el servicio a la evaluación obligatoria.

Todos estos procesos deberán definirse y reglamentarse en la ley secundaria conocida como Ley del Servicio Profesional Docente, para cuya expedición se facultó al Congreso de la Unión mediante un agregado al artículo 73 constitucional.

Las movilizaciones recientes se detonaron en la Ciudad de México por múltiples razones –incluyendo las demandas de mejores condiciones para aulas e ingresos de los mentores-, pero el núcleo central fue la inclusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente  en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, junto con otras dos leyes que tampoco fueron del agrado de la CNTE.

Durante meses, la CNTE negoció en el seno de la Secretaría de Gobernación que sus propuestas alternativas de legislación secundaria serían consideradas por el Pacto por México y en la discusión legislativa. PRI y PAN avanzaron en la redacción de unas reformas que no son del agrado de los docentes de la CNTE. De ahí vienen las movilizaciones que, bien vistas, constituyen la primera gran presión en contra de las reformas de la generación del Pacto por México.

Hasta dónde la evaluación

Los estereotipos de “los maestros son flojos”, “no quieren dar clases”, le tienen “miedo a la evaluación” y “son revoltosos” fueron alimentados durante meses por los medios de comunicación y por la propia SNTE, que pagó spots televisivos para diferenciar al magisterio “elbista” (hasta que la apresaron) del profesorado disidente (la CNTE).

En marzo de 2013, el Instituto Belisario Domínguez del Senado organizó un seminario titulado “La Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y Desafíos”. Tuvo escasa cobertura en los medios. Sin embargo, ahí se plantearon algunos puntos de vista que convienen retomar a la luz de las recientes protestas.

La síntesis, elaborada por Rodolfo Ramírez Raymundo, investigador del Instituto, aporta elementos importantes en relación con el tema de la evaluación. Aquí algunos de los puntos clave:

1.-En el artículo 3 se incluyó la obligación del Estado de “garantizar el máximo logro de aprendizaje en los educandos” como resultado de la confluencia de métodos, materiales educativos, organización escolar y condiciones materiales adecuados, así como la disposición de cada centro escolar de profesores y directivos escolares “idóneos”.

2.-La evaluación del desempeño docente y del aprendizaje es importante “pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación”, se discutió en el seminario. La aplicación reiterada de pruebas tanto a estudiantes como a profesores “no origina procesos de mejoramiento de la calidad, aún cuando incluya estímulos por resultados; bajo ciertas condiciones –deficiencia de los instrumentos, asociación de los resultados con salarios y débil control de su implementación- esta política puede ser, incluso, contraproducente; la experiencia mexicana de la última década es elocuente al respecto”, dice la síntesis elaborada por el Instituto Belisario Domínguez.

3.-Se propuso que en la legislación secundaria se incluyan “la evaluación del desempeño no solamente de los profesores, directores y supervisores” sino de “los funcionarios que dirigen el sistema en sus diversos niveles (regionales, estatales, federales); asimismo deberían ser objeto de evaluación las políticas federales y estatales, el currículo, los libros de texto, la oferta de formación continua, las condiciones materiales en las que trabajan y estudian profesores y alumnos”.

Al parecer, estos criterios no se incluyeron en la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Uno de los criterios más importantes, expuestos por especialistas en ese foro del Senado fue el siguiente:

“Las capacidades, habilidades y los saberes de los profesores se manifiestan –como cualquier competencia, en cualquier campo laboral se cierra la diferencia- en el desarrollo mismo del trabajo; por esta razón, la evaluación de los profesores debe concentrarse en la práctica docente; lo que implicaría dar prioridad a la observación del trabajo con los estudiantes, e incluir otros instrumentos que permitan conocer la calidad del trabajo real, es decir, su congruencia con propósitos educativos y principios pedagógicos esenciales, su compromiso y creatividad para responder a las circunstancias particulares de los estudiantes, su pertinencia a la diversidad cultural. Con las adaptaciones correspondientes, este criterio aplica en el caso de directores, supervisores y del personal que se ocupa de la tesorería, técnica o pedagógica”.