por Miguel Á. Elorza-Vásquez.

@melorzav.

El SilvaEl 9 de agosto, la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), con sede en Xalapa, revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta a Jorge Antonio Hernández, El Silva, por el homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la Revista Proceso en Veracruz, ocurrido en la madrugada del 28 abril del 2012.

Aunque para algunos sorpresiva, la liberación de El Silva era previsible si se toma en cuenta que el proceso al que fue sometido Antonio Hernández fue bastante sospechoso y oscuro —por decir lo menos—, debido a la politización del caso por parte del gobierno del Estado de Veracruz a cargo de Javier Durarte de Ochoa, como lo muestra el reconocimiento que éste recibió el 2 de abril de 2013 (justo antes del aniversario del asesinato de Regina Martínez) de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos A.C. (AME) “por su compromiso con la libertad de expresión […] y por impulsar la creación de la comisión de Atención y Protección a Periodistas como un modo para fortalecer las libertades de expresión y prensa” a pesar de que en Veracruz a la lista de periodistas asesinados se le suman los nombres de Guillermo Luna Varela, Gabriel Hugo Córdova fotógrafo de Veracruz News, Esteban Rodríguez, fotógrafo del Diario AZ, Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, cuyo cuerpo fue encontrado en noviembre de 2011, Miguel López Velasco, Miguel López Solana, también de Notiver, Noel López Olguín de Horizonte y Noticias de Acayucan y Víctor Manuel Báez Chino de Milenio Portal de Veracruz.

En su oportunidad, la organización internacional Artículo 19, en voz de su director en México, Darío Ramírez, declaró a Carmen Aristegui que el reconocimiento entregado al mandatario veracruzano no era más que “una simulación de que se atiende el problema de agresiones a los periodistas […] un insulto para las familias de los nueve periodistas que han sido asesinados y los dos que han desaparecido durante la gestión de Duarte”

Así pues, la revocación de la condena a El Silva por considerar “que no se llevó a cabo un debido proceso […] porque no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado [y porque la condena] se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura”,  no es más que un capítulo en la “simulación de que se atiende el problema de agresiones a los periodistas”, puesto que la Procuraduría General de Justicia (PFJ) de Veracruz no investigó a fondo el trabajo de Regina Martínez que indagó “el dispendio y descomunal endeudamiento que dejó Fidel Herrera al concluir su sexenio y que publicó la corrupción y la impunidad en Veracruz” (Proceso, 1853), a pesar de que varias organizaciones —incluso el propio semanario Proceso— coincidieron “en que la primera línea de investigación que la procuraduría local debe agotar es la relacionada con su trabajo periodístico” (Proceso, 1853)

Por el contrario, a seis meses del homicidio de la periodista y profesora, la PGJ del estado de Veracruz pretendió resolver con la exhibición de Jorge Antonio Silva Hernández como presunto asesino supuestamente movido por el robo, a pesar de que en la casa de Regina Martínez, en la colonia Felipe Carrillo Puerto de Xalapa, había muchos bienes que el supuesto ladrón y homicida no llevó consigo: una laptop nueva, una impresora, un reproductor de videos y de que no se vaciaron los cajones de los muebles. Además, el cuerpo de la periodista fue encontrado tirado en el baño de su casa, entre la puerta y la tina, a un costado del inodoro, con una jerga alrededor de su cuello que cubría los moretones del pómulo y del mentón y, por si fuera poco, presentaba la rotura de un maxilar y de dos costillas, signos que bien podrían considerarse como de tortura.

La PGJ veracruzana pretendió dar carpetazo a la investigación del crimen del homicidio de Regina Martínez, a pesar de lo que el fundador de Proceso, Julio Scherer García, le espetara al gobernador Javier Duarte, el domingo 29 de abril de 2012, un día después del homicidio:

Lo que usted está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera. La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos.

De esta manera, Julio Scherer se adelantó a los resultados de las investigaciones arbitrarias —por decir lo menos— de la Procuraduría Veracruzana que, a través de la juez Beatriz Rivera Hernández, sentenció a “quien no se puede defender”, como reza el comunicado de la revista Proceso del 9 de abril de 2013, puesto que ésta “sin honrar la división de poderes propias de una democracia, siguió al pie de la letra, con todas sus inconsistencias, el expediente armado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para sentenciar a 38 años de prisión a Jorge Antonio Silva Hernández”.

Además de que, como ya se mencionó, la línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico de Regina Martínez fue desechada, el 9 de abril de 2013, la jueza Beatriz Rivera Hernández dictó condena contra El Silva, sin más argumentos que los de la PGJ, sin desahogar las pruebas solicitadas por Proceso, que fungía como coadyuvante, y sin contar con los resultados del Protocolo de Estambul (manual de procedimientos para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos de la ONU), que habrían arrojado indicios sobre la tortura a la que el ahora condenado y liberado refiere haber sido sometido, pues Hernández Silva mencionó en su primera declaración ante la juez que estuvo secuestrado durante varias semanas en una casa de seguridad y que elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) lo golpearon y amenazaron con que matarían a su mamá si no se declaraba culpable.

También, en la confesión de El Silva, quedó establecido que, según él, la periodista “bebió cerveza con ellos e incluso fue ella misma quien antes de la medianoche salió a comprar la bebida”, sin embargo, los dictámenes de la PGJ, señalan que “no se detectó la presencia de alcohol etílico (etanol) u otra sustancia de tipo volátil en la muestra de la sangre de la C. Regina Martínez Pérez”

Por otro lado, la Jueza dictó condena sin ser informada por la PGJ veracruzana que no se encontró ni una sola huella de El Silva, en la casa donde fue asesinada Regina Martínez pues, como refiere el dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de 2012, “los fragmentos dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y dirección”. Además, tampoco se consideró que una muestra tomada de una gota de sangre que quedó en el baño de la casa de la periodista, de acuerdo con los peritajes de la PGR, no corresponden al ADN de El Silva, ni de Regina Martínez.

El colmo de las inconsistencias de este caso llegó después de que se dio a conocer la sentencia de la juez, pues en un comunicado se refiere a “los lamentables acontecimientos del pasado 27 de abril de 2012”, a pesar de que se estableció que Regina Martínez murió a las 4 de la mañana del sábado 28 de abril.