El Universal, Cartera, 30 de agosto 2013

Columna Telecom y Medios

por Gabriel Sosa Plata

Al Dr. Mariano Cebrián Herreros

cinemex-cinemarkCinemex y Cinemark presentaron un recurso de reconsideración en contra de la resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC) de no autorizar la concentración promovida entre ambas empresas. Así que esta historia continúa.

Parte de sus argumentos de defensa quizás se centren en que una operación como ésta derivaría en más inversiones y capacidad de crecimiento para hacer frente a Cinépolis, que detenta más del 60% del mercado en México.

Sin embargo, de concretarse la concentración, se afianzaría el duopolio en la exhibición de películas (Cinépolis y Cinemex-Cinemark, con 95% de establecimientos y asistentes), lo que podría facilitar aún más la realización de prácticas monopólicas entre las dos grandes cadenas, como fijar los precios, e inhibir la posibilidad para la entrada de nuevos competidores en el mercado, como lo ha dicho la misma CFC.

De hecho, en la resolución apenas publicada en su portal en internet, la CFC expone otros elementos que le llevaron a impedir dicha adquisición, entre éstos que en Cinépolis y Cinemax (supuestos competidores) “existe un comportamiento similar, sostenido, implícito o explícito, que se materializa en el arrendamiento y ubicación preferente de los complejos cinematográficos”.

Además, dice la CFC, “estas cadenas ofrecen servicios iguales o similares, con las mismas ventajas, como sistemas de fidelidad, de clientes frecuentes, calidad similar, posibilidad de hacer reservaciones en línea, comercialización de bebidas carbonatadas bajo el esquema de exclusividad, adquisición centralizada de películas y exhibición de prácticamente las mismas películas”. Y concluye: “este comportamiento similar es un factor que puede facilitar la realización de conductas anticompetitivas”.

Aclaraciones

Hace un par de semanas, este columnista citó las palabras del presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, durante una entrevista que le hizo la periodista Carmen Aristegui el 13 de agosto, e interpreté que ante la reforma constitucional en materia de competencia económica, ambas empresas ya no podrían presentar el recurso de reconsideración, por lo que su única opción era acudir directamente al amparo.

Ese mismo día, la CFE me aclaró que la opción del recurso de reconsideración seguía vigente, debido a que  -como lo dijo Pérez Motta en la misma entrevista- en el proceso de transición que se vive entre la ley actual de competencia y la reforma constitucional, todavía podría recurrirse a esa posibilidad jurídica. Un especialista del sector me dijo que esta declaración fue más bien una invitación a presentar el recurso, aunque jurídicamente las dudas permanecen sobre si procedía o no con base en las nuevas reglas constitucionales. En todo caso, ya admitido el recurso, corresponderá a la futura Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) resolverlo.

En mi columna también cité una opinión de la CFC, de noviembre de 2012, en la que se opone a la iniciativa de diversos senadores para reservar el 10% de las pantallas en el país para la proyección de películas mexicanas. Al respecto, la comisionada del órgano antimonopolio, Cristina Massa me aclaró vía Twitter que dicha opinión “no es de la CFC, sino de su Presidente. El pleno ni la vio”.  Interesante.

A su vez, el analista y crítico de cine, Javier Ortiz Tirado, afirma a este columnista que es de sobra conocido que los precios de exhibición los decide el duopolio Cinépolis-Cinemex y no los productores o distribuidores. “Es insólito –dijo- que ninguna persona o institución haya denunciado hasta ahora las prácticas monopólicas de ese sector de la exhibición” y agrega que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) “ha preferido mantenerse calladito” sobre estos abusos.

En el colmo de los absurdos, dijo, en el año 2008, Cinépolis denunció ante la CFC a Entretenimiento GM de México y Cinemex por una supuesta concentración prohibida y sus negativos efectos en materia de competencia en diversas zonas del Valle de México.

Libro, programa y más

Y mientras se discuten casos de competencia económica, académicos como el Dr. Xavier Ginebra aportan luces sobre el tema. “La competencia en México” (Editorial Sista, 2013) es su nuevo libro con capítulos que no dejaremos de leer sobre derecho de las telecomunicaciones, de los consumidores y de la publicidad.

Otra doctora, Clara Luz Álvarez, conduce desde hace tres semanas una serie extraordinaria dedicada a los medios de comunicación y las telecomunicaciones y su impacto en la construcción democrática en México: “Código Democracia”. El programa se transmite los martes a las 10 de la noche en el Canal del Congreso. La serie es una iniciativa impulsada por el Consejo Ciudadano de Programación del Canal del Congreso.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y su representación en México y el Consejo Consultivo de Pueblos indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca tienen ya preparadas, por separado, sus propuestas para ser incluidas en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, en las que se proponen obligaciones de disponibilidad de frecuencias a la radiodifusión comunitaria e indígena, así como opciones de financiamiento y transmisión de publicidad. En breve las presentarán al Congreso.