El Universal, Cartera, 7 junio 2013

Columna Telecom y Medios

por Gabriel Sosa Plata

El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, en imagen de archivo. Foto: Notimex. Fuente: jornada.unam-mx

El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, en imagen de archivo. Foto: Notimex. Fuente: jornada.unam-mx

El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, lanzó esta semana una advertencia: grupos con poder económico y político buscan influir en la conformación de los nuevos órganos reguladores en materia de competencia y de telecomunicaciones para colocar a comisionados “cercanos a ellos”.

La declaración de Pérez Motta (EL UNIVERSAL, 4 de junio 2013) parece una obviedad en un país en el que las instituciones del Estado se han caracterizado por su debilidad frente a esos poderosos intereses, como se constató la semana pasada con el bochornoso caso del apagón analógico de la televisión en Tijuana. Es más, el mismo presidente del órgano antimonopolio y el resto de los integrantes del pleno de la CFC han vivido esa vulnerabilidad en carne propia y prueba de ello es que la estructura monopólica, al menos en el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones, prevalece prácticamente intacta.

Pérez Motta sabe de lo que habla y tan es así que, vaya casualidad, el pleno de la Comisión Permanente exhortó al presidente de la CFC –un día después de sus declaraciones a EL UNIVERSAL- que explique por qué tres de los cinco comisionados de ese órgano no cumplieron con los requisitos relativos al grado de estudios establecidos en la normatividad. ¿Cómo leer este “exhorto”, justo ahora?

Uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es justo acotar a los llamados poderes fácticos e impulsar un entorno de mayor competencia y pluralidad en el sector. Con ese fin se impulsaron varios cambios históricos a la legislación, entre ellos la creación de dos órganos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

La integración de ambos órganos se hará, según la reforma, mediante un proceso en el que intervendrán, a través de un Comité de Evaluación, otras instituciones autónomas del Estado: el Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para garantizar la transparencia en la selección de entre tres y cinco especialistas que formarán parte de las ternas, mismas que serán presentadas al Presidente de la República, para que a su vez éste palomee a los que su parecer sean los mejores y presente su propuesta al Senado, el cual podrá ratificar o rechazar.

Si bien el proceso para seleccionar a los comisionados parece complejo y en apariencia confiable, “no se puede asegurar”, como bien afirma Pérez Motta en la entrevista concedida a EL UNIVERSAL, que la selección de los candidatos “esté blindada”.

Desde hace algunas semanas se han estado mencionando en los “pasillos” del sector y en columnas periodísticas varios nombres de quienes podrían ser los futuros comisionados y comisionadas de ambos órganos reguladores. En algunos casos, estas menciones son una muestra de la simpatía o reconocimiento hacia algún personaje y se busca crearles un escenario favorable previo al proceso de selección. En otros casos, la develación de nombres, aderezada de calificativos negativos, sólo busca perjudicarlos antes de los exámenes porque son personas  independientes de los intereses políticos y económicos que mencionó por Pérez Motta.

Ahora bien, algunos de los representantes de los llamados poderes fácticos o bien fuentes del mismo gobierno federal han filtrado el dato que “está casi lista” la selección de las ternas y quintillas para los 14 comisionados a ser nombrados (siete por cada órgano), cuando ni siquiera se ha publicado la convocatoria ni mucho menos los aspirantes se han sometido a los exámenes  que deberán aprobar para ser considerados.

Sobre este hecho hay dos consideraciones. La primera es que aquellos intereses tienen el objetivo de desacreditar desde ahora el proceso para concluir que la reforma será un fracaso y que la celebrada transparencia en la elección de los comisionados es una falacia, aunque quede en entredicho el prestigio de los órganos que forman parte del Comité de Evaluación. Al respecto, debe recordarse que el mismo Pérez Motta y otros comisionados de la CFC no estuvieron de acuerdo en la creación de los órganos constitucionales autónomos de competencia y telecomunicaciones.

La segunda es que se trata de una voz de alarma, bien intencionada, que debe considerarse para impedir que los órganos reguladores sean capturados por los regulados. Los poderes fácticos, por supuesto que están actuando y entre sus filas hay especialistas muy conocidos que podrían cumplir con los requisitos para ser candidatos, pasar fácilmente los exámenes y estar en las ternas. Los “amarres” en el Poder Ejecutivo como en el Senado son bajo tal circunstancia estratégicos para cumplir la meta de llegar al anhelado cargo de comisionado, en este caso del Ifetel, y para esas “gestiones” son muy experimentadas algunas empresas del sector, como se ha demostrado en la historia reciente (decretazo de 2002, ley Televisa, exención de pago de derechos en licitaciones a modo y un largo etcétera).

Por eso los procesos para la integración del Ifetel y de la CFCE deben ser vigilados con lupa e impedir que sólo participen personas allegadas a los conglomerados mediáticos y de las telecomunicaciones, así como a grupos políticos o “tribus” allegadas a esos intereses. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y por supuesto la academia deben sumarse a la supervisión, pero también ir por las posiciones de los nuevos órganos reguladores para que realmente cumplan los objetivos expresados en la Constitución.

Se prevé que, ahora sí, la próxima semana el presidente Enrique Peña Nieto publique la reforma y a partir del día siguiente hay un periodo máximo de dos meses para que el Comité de Evaluación realice el proceso de selección y presente sus ternas al presidente. Luego vendrá la siguiente etapa, de unos 30 días adicionales, para la elección de comisionados ya con la participación del Senado. Así que posiblemente en agosto o septiembre a más tardar se habrán integrado los órganos autónomos, pero ya empezó, como se ha advertido, la operación política y el cabildeo para tomarlos.