Primera parte del reportaje originalmente publicado en Proceso 1901.

Javier Corral aseguró que los "cambios inadmisibles" en la Reforma de Telecomunicaciones serán analizados y revertidos.

Javier Corral aseguró que los “cambios inadmisibles” en la Reforma de Telecomunicaciones serán analizados y revertidos.

Por lo menos, “cinco cambios inadmisibles” de última hora en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para beneficiar a Televisa, convertir al secretario de Hacienda, Luis Videgaray en el “gran concesionante del país”, vulnerar la autonomía del IFETEL a través de un “doble chipote presidencialista” y otorgarle al Ejecutivo federal el manejo del espectro más valioso en las bandas 700 Mhz y 2.5Ghz serán analizados y revertidos en el Senado de la República, advirtió el senador panista Javier Corral.

La identificación de cinco cambios de última hora, realizados el 21 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados, así como la franca rebelión de los coordinadores de las bancadas del PRD y del PAN frente a la presión de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México para aprobar “fast track” la reforma marcarán en los próximos quince días la discusión de esta reforma en el Senado de la República.

Protagonista de la batalla en contra de la Ley Televisa, en 2006, e impulsor de un bloque de senadores del PAN, del PRD y del PT para realizar cambios en la minuta de reforma constitucional, Javier Corral advierte que los cambios realizados en la Cámara de Diputados “son contrarios no sólo a los objetivos del  Pacto por México y a lo que han venido diciendo el presidente de la República y los líderes de los partidos, sino dirigidos a beneficiar de manera burda y descarada a Televisa, con lo que la reforma aumenta el desequilibrio entre el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión que ya traía de por sí la iniciativa”.

“Además –advierte Corral– es grave que el secretario de Hacienda, el verdadero jefe por parte del gobierno del Consejo Rector del Pacto por México, aproveche los ocultamientos de las reservas que hicieron los diputados para introducir como bola rápida una facultad para él de esta dimensión y, lo más grave, que los líderes de los partidos acepten darle a Videgaray una ventaja de ese tamaño para su aspiración presidencial”.

En entrevista con Proceso, Corral detalla los cinco cambios “inadmisibles” que se le realizaron de última hora a la iniciativa y que llegaron a la minuta del Senado que pretende ser modificada y aprobada antes del 30 de abril, el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.

En el artículo 28 constitucional se le agregó un “doble chipote presidencialista” para que tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes como el titular de Hacienda den opiniones en materia de concesiones al espectro. Para Corral se trata de un “veto de bolsillo” a favor de Luis Videgaray, quien se convertirá en el “gran concesionante del país, pues dependerá de él el tiempo para fijar una contraprestación o para encarecer o abaratar las concesiones”.

En el párrafo sobre las facultades de IFETEL para otorgar, revocar o autorizar cesiones o cambios al control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, se aprobó que el organismo autónomo “notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales”.

Y se estableció un segundo candado:

“El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria”.

Al mismo tiempo, en el mismo párrafo advierten que las concesiones para uso público y social (es decir, las controladas por el gobierno federal) “se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento”.

Este párrafo, junto con las modificaciones a los artículos 16 y 17 transitorios de la reforma constitucional, le permitirán al Ejecutivo federal tener el control “en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia”, que son las bandas de 700 Mhz y la de 2.5Ghz, según advirtió Corral.

En el caso del décimo sexto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal “instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, conforme al artículo 6, fracción B párrafo II que establece que este servicio público de interés general será garantizado por el Estado en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Se elimina la posibilidad de la gratuidad.

Para otorgar este servicio, el Ejecutivo federal aprovechará “al menos” 90Mhz del espectro liberado por la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en la banda 700 Mhz, considerada la más valiosa actualmente para los servicios de cuádruple play, así como los recursos de la red tronca de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”. Es decir, la banda 2.5 Ghz que le fue “rescatada” a MVS como concesionario mayoritario, por el gobierno de Calderón.

“La gran contradicción de la minuta es la autonomía del IFETEL, pues las principales decisiones en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia, se lo dan al Ejecutivo. Eso lo vamos a cambiar”, sentenció Corral.

Ante las bancadas del PRI y del PRD, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió por “razones de seguridad nacional” y para evitar posibles ingreso de grupos criminales o de lavado de dinero a las concesiones, la necesidad de que tanto el titular de la SCT como el de Hacienda sean consultados por el IFETEL.

Ruiz Esparza, el único de los integrantes del gabinete federal que ha sido convocado para las consultas internas de las fracciones, también negó que se pudiera dar “internet gratuito” por parte del Estado, ya que “violaría la libre competencia” y descartó que sea necesario incluir en la reforma constitucional el derecho de las audiencias, ya que esto forma parte de una legislación secundaria.

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