Segunda parte del texto Calderón y las telecomunicaciones, ni cobertura, ni convergencia ni competencia. Consulta la Primera Parte.

La Tercera Cadena Fallida

“Nuestra responsabilidad como comisionados de una y otra institución debe ser de cara al interés público, como lo entienda cada uno de nosotros. Para eso nos nombraron, nos dieron periodos transexenales y nos hicieron inamovibles salvo por causa grave. No hay pretexto para ceder a presiones, para mediar entre posiciones particulares a costa del interés público o para tratar de quedar bien con quien sea. Más vale que lo entendamos todos”, dijo Eduardo Perez Motta.

El caso de la tercera cadena es ilustrativo de un sexenio perdido en materia de cobertura, convergencia y competencia. Una de las 6 condiciones que interpuso la Comisión Federal de Competencia para autorizar en junio de este año la polémica fusión entre Televisa y Iusacell (propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca) fue establecer que el 30 de noviembre, a más tardar, deberían estar las bases de la licitación y en junio de 2014, dos años después, ya operarían uno o dos jugadores más en esta tecnología.

A una semana de que termine el sexenio, las bases de licitación para una cadena de televisión digital terrestre (TDT) no estarán listas. Funcionó la presión, el chantaje y la “captura” de Televisa sobre los organismos reguladores, especialmente de la Cofetel, que acabó en una franca división entre su presidente Mony de Swaan, promotor del proyecto de licitación, y los 4 comisionados restantes.

Así lo admitió, entre líneas, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, en un artículo publicado el 20 de noviembre en el periódico Reforma. En el texto titulado “Licitación de televisión: no nos hagamos bolas”, el responsable del organismo responsable de evitar las prácticas monopólicas le advirtió a los comisionados de Cofetel y CFC:

“Nuestra responsabilidad como comisionados de una y otra institución debe ser de cara al interés público, como lo entienda cada uno de nosotros. Para eso nos nombraron, nos dieron periodos transexenales y nos hicieron inamovibles salvo por causa grave. No hay pretexto para ceder a presiones, para mediar entre posiciones particulares a costa del interés público o para tratar de quedar bien con quien sea. Más vale que lo entendamos todos”.

Antes de que se publicara este artículo, las presiones de las televisoras sobre Cofetel y CFC fueron evidentes. Dos de los cinco comisionados de Cofetel bloquearon la posibilidad de que avanzaran las bases de licitación de la tercera cadena; en distintos medios y columnas afines a Televisa y a TV Azteca se ventilaron denuncias de “corrupción” en contra de Mony de Swaan, principal interesado en promover la nueva licitación.

En el artículo, Pérez Motta también lanza una clara advertencia hacia Televisa y TV Azteca:

“Sí hay un plazo fatal para esta licitación, y es junio de 2014, 24 meses a partir de los condicionamientos impuestos por la CFC a Televisa y TV Azteca para aprobar la alianza Televisa-Iusacell. Si para este momento se ha publicado la convocatoria para la licitación, pero ésta no se ha concluido exitosamente, las empresas tendrán que deshacer la alianza. Si no se ha publicado la convocatoria, se extingue la condición y las instituciones involucradas tendremos que vivir con la responsabilidad de haber sido incapaces de  siquiera llamar a una licitación (ya no digamos llevarla a cabo en el módico plazo de dos años”.

Entre 2009-2010 todo lo que oliera a una tercera cadena o a competencia en el ámbito de la televisión de paga fue combatido desde el Ajusco o las oficinas de Televisa San Angel. Menos sangrienta que la guerra del narcotráfico, la disputa de las telecomunicaciones fue también un conflicto de cárteles.

La idea de una tercera cadena resurgió con el proyecto de Mony de Swaan, titular de la Cofetel, al anunciar un programa de concesionamiento de frecuencias para dos cadenas de televisión digital abierta en 2011. En otras palabras, para crear dos redes que, en el mediano plazo, significaran una competencia real para Televisa y TV Azteca.

Así le fue a De Swaan. La agencia Reuters lo acusó de favorecer con licitaciones a un grupo de amigos. La diputada federal Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones, demostró en un artículo que las acusaciones fueron promovidas por grupos de especialistas vinculados a Televisa.

El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), anunciado por Felipe Calderón como la posibilidad de una tercera red de televisión pública, sólo provocó un cambio administrativo: que Canal 11 y Canal 22 pasaran a formar parte del ámbito regulatorio de la Secretaría de Gobernación.

El Thrilller de las Telecomunicaciones

En menos de seis años desfilaron por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tres titulares: Luis Téllez, Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome.  También cuatro subsecretarios de Comunicaciones y una de ellas, Purificación Carpinteyro, se enfrentó públicamente con Téllez y con el gobierno de Calderón, acusada de “filtrar” y “espiar” llamadas telefónicas del actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

El escándalo de las grabaciones de Téllez derivó en la salida de éste y en un prolongado juicio en contra de Carpinteyro, que inició el 27 de enero de 2010 y culminó un año después cuando el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero Vértiz, la exoneró de la supuesta difusión de grabaciones telefónicas.

Carpinteyro argumentó en su defensa que el problema real era tender una “cortina de humo” para no abordar la competencia televisiva y en el servicio de telecomunicaciones. Después de su salida, se agudizó la disputa entre Televisa-TV Azteca, por un lado, y Telmex-Telcel, por el otro. No hubo autoridad que frenara la guerra de desplegados entre ambos agentes dominantes.

La ex subsecretaria de Comunicaciones también reveló que las grabaciones se las dio Héctor Osuna, anterior presidente de la Cofetel, quien estuvo enfrentado abiertamente con Téllez durante la primera mitad del sexenio. Las diferencias entre Cofetel y SCT no han disminuido. Por el contrario, se agudizaron y han sido alentadas desde los propios consorcios que deberían estar regulados por el gobierno.

En agosto de este año, otro escándalo se detonó a raíz de la decisión del titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, de anunciar el “inicio del rescate” de las concesiones en la banda 2.5Ghz, detentadas en su mayoría por el Grupo MVS, de Joaquín Vargas, serio competidor de Televisa en televisión satelital, a través de Grupo Dish, donde Telmex participa como socio en los servicios de facturación.

Tras más de 24 meses de negociación, el gobierno de Calderón decidió bloquear el proyecto “Banda Ancha para Todos” de MVS, asociado a otras empresas telefónicas y de telecomunicaciones, cuya inversión superaba los 1 mil millones de dólares.

En un gesto inusitado, Vargas ventiló públicamente las presiones y negociaciones con la administración calderonista. Reveló que tanto la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, como el secretario del Trabajo, Javier Lozano, le pidieron la “cabeza” de la periodista Carmen Aristegui, a cambio de que refrendaran los títulos de concesión en la banda 2.5Ghz, al tiempo que acatara la fusión de Televisa-Iusacell, sin promover amparo o recurso jurídico alguno.

El thriller de las telecomunicaciones llegó hasta el final del sexenio. Mucho antes de que detonara el escándalo con MVS, en julio de 2008 Cablevisión,  empresa filial de Televisa,  interpuso un alegato jurídico de 17 cuartillas, firmado por Jean Paual Broc Haro, para “darle línea” a las autoridades de Cofetel y de la SCT (ver Proceso No. 1729).

En ese documento, los abogados de Cablevisió argumentan que el uso de la banda 2.5-2.6 Ghz “es imperativo que México adopte pasos similares (a otros países) para reconfigurar la banda de manera tal que se generen condiciones para que se haga un uso más eficiente” y para que “se propicie la entrada de nuevos operadores”. Fueron los mismos argumentos de la SCT.