A dos meses de que el empresario méxico-norteamericano, José Aquino presentara el 7 de junio una demanda por presunto fraude y conspiración por 56 millones de dólares en contra de Alejandro Carrillo Garza Sada y 17 coacusados más, incluyendo a colaboradores de la campaña de Enrique Peña Nieto, la empresa Grupo Multimedios, accionista de Milenio Diario y Milenio Televisión, negoció con el abogado Maxwell C. Agha para que “dejara morir” la denuncia de su cliente, a cambio de obtener publicidad política y turística durante 6 años en el canal 50, de San Diego, California, de su propiedad.

Así explica José Aquino, inversionista de Frontera Television Network y de otra serie de medios electrónicos de Estados Unidos, la traición de su abogado Maxwell C. Agha y la resolución del pasado 13 de septiembre de la Corte de Distrito Central de California que desechó la demanda judicial presentada el 7 de junio.

“La demanda la rechazó el juez porque mi abogado se vendió al PRI por medio de Milenio y Multimedios. Le prometieron 6 años de publicidad de turismo y de los candidatos del PRI a cargos de elección popular”, sentencia Aquino, entrevistado por Proceso vía telefónica.

Aquino advierte que esta semana interpondrá otra demanda en la que incluirá a Maxwell C. Agha y a los directivos y propietarios del Grupo Multimedios, y descartó que exista alguna negociación con el PRI o con Alejandro Carrillo Garza Sada, protagonista central de esta historia, para recuperar

Maxwell C. Agha es abogado y propietario del canal 50 de San Diego, “el cual se menciona en la demanda original como una de las cadenas de televisión que reservaría spots para la campaña de Enrique Peña Nieto que se lanzaría a través de Frontera Television Networks”, explica Aquino.

Al reconstruir esta historia del presunto fraude por 56 millones de dólares, Aquino recordó que cuando Alejandro Carrillo Garza Sada lo contactó para que reservara spots para la campaña de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, el abogado Maxwell C. Agha “estuvo envuelto desde el principio en todo el caso, porque era dueño de uno de los canales que accedieron a reservar espacios para promocionales”.

“Cuando a mí no me cumplió el PRI y yo no les pude cumplir a otra serie de canales de televisión que iban a formar parte de este proyecto, el dueño de canal 50 que es abogado me amenaza con demandarme si no le cumplía”, rememora Aquino.

“Max Agha fue quien me propone demandar a todos los priistas y a todos los que incumplieron en el trato y que le firmara un segundo contrato para que él representara a Frontera Television Network en el litigio. Max presentó la demanda el 7 de junio. Incluso, anunció en su oficina que estaba orgulloso de tener un gran caso en su bufete.

“Seis semanas después, Max realiza declaraciones en Milenio Diario anunciando que se retiraba del caso, sin antes haberme avisado a mí. Investigamos en su oficina y nos enteramos que bajó la señal de mi canal afiliado TVC Mas Latino para poner en su lugar a Milenio TV sin siquiera dar una notificación”.

-¿Qué le ofrecieron a cambio a su abogado para que desistiera de la demanda?

-Nos enteramos en la investigación que Maxwell recibió promesas y dinero de Milenio y de Alejandro Carrillo y que le habrían garantizado 6 años de publicidad política y turística a cambio de no defender mi caso y hacerme ver mal en Milenio Diario.

Desde el 30 de junio, durante el litigio en la Corte del Distrito Central de California, los abogados defensores de Erwin Lino Celaya, secretario privado de Enrique Peña Nieto, de David López, coordinador de Comunicación Social, y de Roberto Calleja, coordinador de Comunicación de la dirigencia nacional del PRI, le solicitaron al abogado Mawell Agha que retirara la demanda por considerar que las acusaciones por conspiración y fraude carecen de fundamento y resultan inverosímiles.

Tres meses después de esta solicitud, José Aquino concluye que no sólo hubo un acercamiento sino que los abogados del PRI “compraron” a su abogado. Para ello, advierte Aquino, “los mismos representantes priistas me dijeron que Francisco González, propietario de Grupo Multimedios, y Alejandro Carrillo Garza Sada son amigos”.

La Primicia de Milenio Diario

El lunes 17 de septiembre, Milenio Diario publicó como exclusiva que la Corte del Distrito Central de California determinó desechar la demanda de Aquino al considerar que las acusaciones “carecen de fundamento de hecho y de derecho” y que resultó ser “una queja frívola”.

De acuerdo con la nota informativa, sin firma, el tribunal de distrito fijó la fecha del lunes 17 de septiembre como plazo límite para establecer el monto de las sanciones, aunque la defensa de los acusados reclama el pago de al menos 19 mil dólares por concepto de honorarios de abogados.

La nota indica que en respuesta a la solicitud de la defensa de Erwin Lino, de David López y de Roberto Calleja, el abogado de Aquino, Maxwell C. Agha, “solicitó retirarse del caso en al menos dos ocasiones, con el argumento de ser víctima de acoso y amenazas de su cliente”.

“Entre las pruebas de dichos señalamientos, el litigante entregó extractos de correos electrónicos que le envió el propio José Aquino y entre los cuales destacan tres: ‘eres un mentiroso, un cerdo y un abogado muy corrupto’, ‘no sé cuánto dinero te habrá pagado el PRI y Milenio’ e ‘irán a la cárcel’.

“Con todos estos antecedentes, el citado tribunal de distrito estadounidense decidió el pasado 13 de septiembre el sobreseimiento de la demanda judicial y, en consecuencia, el desechamiento de las acusaciones contra Lino, López y Calleja”, afirma la nota especial de Milenio Diario.

Desde el 24 de julio, Milenio Diario publicó que Aquino ha enfrentado más de cien demandas civiles en California durante las últimas dos décadas. También documentó que el propietario de Frontera Television Network ha utilizado al menos cinco nombres distintos para realizar negocios en California.

Ante la demanda de Aquino interpuesta en California, integrantes del equipo de la campaña de Peña Nieto, involucrados en la acusación, contrataatacaron interponiendo una demanda por presunta extorsión ante la Procuraduría General de la República, el pasado 14 de junio.

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