por Jorge Meléndez Preciado

En los últimos treinta días se han difundido leyes para, supuestamente, defender a los informadores y a  los defensores de derechos humanos. También se emitieron decretos de apoyo a los derechos humanos en Veracruz e Hidalgo. Meras representaciones de fin de sexenio.

La realidad es otra. Lydia Cacho, por ejemplo, ha salido del país debido a que fue amenazada de muerte, una vez más, sin que las autoridades hagan absolutamente nada, excepto declaraciones que parecen machotes de oficina: castigaremos a los responsables, no quedará impune ningún culpable, utilizaremos toda la fuerza del estado y súmele la más tonante.

Los compañeros reporteros siguen cayendo en muchas partes, aumenta la cantidad de desaparecidos, va  adelante el ataque a medios –especialmente al grupo Reforma-. No  hay nada que  solucione asuntos  del año 2000 o actuales. Todas las instituciones estatales fallan, incluida la CNDH, según Artículo 19.

Pero en tanto la situación se hace más crítica, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, logra maicear a todos los partidos políticos con el objetivo de firmar documentos que no sirven ni siquiera para el boiler antiguo. Mientras Rafael Moreno Valle decreta que los ex gobernadores, incluido el ridículo Mario Marín, gozarán de apoyo policiaco durante varios años. Es decir, el presupuesto no con el fin de utilizarlo para la sociedad más bien para unos cuantos.

¿Qué dirá el PRD de esos actos que agravian a los ciudadanos? ¿Aceptará Manuel Bartlett el ofrecimiento de Moreno Valle? ¿Coordinará la bancada priista Emilio Gamboa acusado de pederastia por Lydia Cacho? ¿Seguirá en brazos de Elba Esther el señor Miguel Ángel Yunes, otro con el mismo sello? Partidos e instituciones oficiales no sirven para mayor cosa. Esa es la realidad y por ello el descrédito popular en cualquier acto gubernamental y político.

¿Servirá realmente la actual rebeldía que no cesa y en ocasiones crece?

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