Al utilizar por primera vez la reforma constitucional de 2011 que permitió utilizar el amparo por interés legítimo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), con el apoyo de la organización Litiga Ole, consiguió que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal aceptara la solicitud de amparo en contra de la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que autorizó la fusión entre Iusacell y Grupo Televisa.

La Amedi sostiene que el objetivo de este amparo es proteger “la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios”, y subrayó que también se solicitó la suspensión de oficio de la decisión de la CFC.

“La CFC pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico”, advirtió la Amedi.

En conferencia de prensa, encabezada por Aleida Calleja, presidenta del Comité Directivo de la Amedi, la organización subrayó que las siete condiciones que la CFC impuso a la fusión Iusacell-Televisa “no corrigen los efectos de la concentración”.

Ni siquiera el compromiso de licitar una tercera cadena de televisión digital terrestre, antes de que se cumplan dos años, ya que la CFC “no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación”.

Tampoco la CFC se ha pronunciado si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición en el que se advierte que “el Consejo de Administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”, argumentó la Amedi.

En días pasados, el área de Comunicación Social de la CFC informó que el nombramiento de Azcárraga Jean no viola esta cuarta condición, aunque el pleno del organismo no ha tomado ningún pronunciamiento al respecto.

En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, el abogado de la Amedi, Agustín Ríos, informó que insistirán para que no sólo se acepte la solicitud de amparo sino que se otorgue la suspensión definitiva. El próximo 16 de agosto se deberá celebrar una audiencia, en la cual el juzgado valorará tanto el informe que rinda la CFC como los “terceros perjudicados”.

“Esto significa que tanto Televisa como Iusacell deberán dar sus razones por las cuales estarían en contra de la petición de suspensión que hacemos al Poder Judicial”, advirtió el abogado.

Durante la conferencia de prensa, también estuvieron presentes el senador electo por el PAN, Javier Corral, y la diputada federal electa del PRD, Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones en el sexenio calderonista.

Ambos especialistas se comprometieron a impulsar una reforma integral al régimen de medios electrónicos de comunicación, para cumplir con uno de los planteamientos fundamentales del movimiento #YoSoy132.