De nada sirvieron para el Instituto Federal Electoral las investigaciones publicadas por The Guardian, por la revista Proceso desde 2005, por el libro Si Yo Fuera Presidente, por las revelaciones hechas por el reportero español José María Siles y, sobre todo, por los propios informes de Grupo Televisa ante la Securities Exchange Comission (SEC), autoridad bursátil, de Estados Unidos.

Por una mayoría de 8 votos a favor y sólo 1 en contra del consejero Alfredo Figueroa, el Consejo General del IFE determinó el jueves  16 de agosto que “no existen elementos” para acreditar que de manera irregular Enrique Peña Nieto compró espacios de televisión disfrazados de cobertura noticiosa.

En una de las decisiones más polémicas, los ocho consejeros respaldaron el dictamen de la secretaría ejecutiva del IFE, que desechó la queja presentada por el representante de la coalición Movimiento Progresista, Camerino Márquez. Consideraron que la operación de promoción a Peña Nieto no violó el artículo 41 constitucional.

“No existen elementos siquiera de carácter indiciarios que permitan tener acreditada la contratación, difusión y/o venta de propaganda proclive a Enrique Peña Nieto ni mucho menos la difusión de propaganda encubierta, a través de notas informativas, reportajes, entrevistas, publirreportajes, informerciales y notas informativas”, estableció el dictamen.

Incluso, Grupo Televisa presentó un extenso recurso como “tercero interesado” en esta queja, sin acreditar ni aportar los contratos originales ni los convenios sobre la pauta a favor de Enrique Peña Nieto, desde que éste se desempeñó como gobernador del Estado de México.

El consejero Alfredo Figueroa, el único que votó en contra, afirmó que la investigación “debió incluir requerimientos de información a personas físicas y morales referidas en la queja”.

Figueroa ejemplificó con los casos de Jessica Delamadrid Téllez, reconocida operadora de TV Promo y de Radar Servicios Especializados, empresas intermediarias creadas por Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa, precisamente para triangular los recursos. Tampoco se llamó a declarar a Laura Barranco, ex jefa de información del programa de Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer una conversación con el conductor de Primero Noticias, en la que admitió que “absolutamente todo” lo publicado por Proceso, desde octubre de 2005, era verdad.

Mucho menos solicitó información contable a la Bolsa Mexicana de Valores, a la SEC, autoridad bursátil estadounidense ante la cual Grupo Televisa ha admitido que TV Promo y otras empresas de Quintero funcionan como brókers en la venta de publicidad tanto frente a empresas privadas como gobiernos.

Tampoco se solicitó una investigación en la empresa El Mall, propiedad de Pedro Torres, productor vinculado a Grupo Televisa, donde se produjeron muchos de los infomerciales y spots a favor de Enrique Peña Nieto desde 2010.

Para el representante del PRD, Pablo Gómez, la investigación fue tan “débil” que originó una resolución que le da la razón a los propios implicados sin que el IFE haya investigado por su parte.