Primera parte del texto original aparecido en la edición 1868 del semanario Proceso.

Joaquín Vargas en conferencia de prensa el pasado 15 de agosto. Foto: Jorge Carballo.

En el ocaso del sexenio de Felipe Calderón, tras la decisión de la SCT de “rescatar” el espectro de la banda 2.5 Ghz, el presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y gobierno para revelar que desde el 2008 la administración panista optó por favorecer los intereses de Televisa y negarle a su grupo el refrendo de sus concesiones para impulsar un proyecto de internet en banda ancha.

“La decisión hoy nos indica que la decisión (de decretar el “rescate” de la banda) ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados”, sentenció Vargas en una multitudinaria rueda de prensa.

No sólo las presiones de Televisa explicarían la decisión de la SCT anunciada el 8 de agosto pasado. Joaquín Vargas relató los intentos de censura y presión, ejercidas desde Los Pinos, desde Comunicaciones y Transportes y a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano para no recontratar a la periodista Carmen Aristegui, quien el 4 de febrero de 2011 lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo de Felipe Calderón.

“Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”, afirmó Joaquín Vargas.

También el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, con quien se reuniría ese 4 de febrero, le advirtió:

“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno con MVS y en especial de la 2.5 en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”.

La advertencia más directa provino del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien le afirmó en una reunión realizada el domingo 13 de febrero, en medio del escándalo nacional e internacional generado por la salida de Aristegui del aire:

“Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta el último día”.

La advertencia de Lozano Alarcón se cumplió. MVS recontrató a Carmen Aristegui, quien se negó a leer una disculpa pública redactada desde Los Pinos. Con la decisión de la SCT quedaron paralizadas inversiones por más de 500 millones de dólares, según informó el propio Joaquín Vargas.

Todavía el 3 de junio pasado, en vísperas de que la Comisión Federal de Competencia autorizara finalmente la fusión entre Televisa y Iusacell, tras una intensa presión de Los Pinos a los tres comisionados que originalmente votaron en contra, Alejandra Sota volvió a advertirle a Joaquín Vargas que esta resolución “ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno”.

Antes de iniciar su rueda de prensa, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, Joaquín Vargas confirmó a Proceso que la decisión de anunciar el “rescate” de los 190 Mhz de la 2.5, la mayoría concesionados a MVS, fue una “venganza” de Felipe Calderón y que contaba con elementos documentales para sustentar su dicho.

“Esto fue muy similar a lo que le hicieron al general Tomás Angeles”, comentó Vargas, en clara referencia con el arresto y la acusación al militar por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Reacción Oficial

La reacción de los funcionarios aludidos fue inmediata e irascible. Javier Lozano y Dionisio Pérez Jácome reviraron la acusación de Joaquín Vargas: quien quiso “chantajear” al gobierno calderonista con el posible despido de Aristegui fue el presidente de MVS.

La oficina de Comunicación Social de los Pinos emitió un comunicado que en sus últimos párrafos constituyó una amenaza nada velada:

“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas.

“El intento de imponer intereses financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho”.

Grupo Televisa también decidió desmentir. En un breve comunicado afirmó que “es ajena a esas decisiones” de la SCT y que el tema central de confrontación es sobre el monto de la contraprestación.

Como si hubiera dictado el guión, a raíz del boletín de Televisa, las versiones de la SCT y de la Secretaría de Hacienda cambiaron. Ya no “rescataron” la banda 2.5 Ghz por estar “subutilizada”, como originalmente afirmó Dionisio Pérez Jácome, sino porque MVS pretendía pagar “una bicoca” como contraprestación.

Hacienda emitió un comunicado el jueves 16 de agosto argumentando que MVS ofreció pagar sólo 104 millones de pesos por el uso de un bien que, de acuerdo con la valoración gubernamental, asciende a 27 mil millones de pesos.  En otras palabras, la empresa ofreció “menos del 1 por ciento” de lo que pedía el gobierno, remató la SCT.

Las autoridades negaron rotundamente tener alguna injerencia en el episodio de la salida de Aristegui, entre el 5 y el 11 de febrero de 2011, pero la periodista confirmó el mismo jueves 16 de agosto en su espacio informativo que no sólo fue una petición de disculpa pública sino la orden de que leyera un texto redactado desde Los Pinos.

“Las presiones fueron escalando”, afirmó Aristegui en MVS Radio.

Algunas Pruebas de MVS

Ante la dura respuesta del gobierno federal y de los comentaristas y medios afines a Televisa y Los Pinos, Joaquín Vargas decidió suspender todo tipo de entrevistas y anunció que a partir de este lunes 20 de agosto daría a conocer “las pruebas de las presiones de Comunicación Social de la Presidencia de la República”, de su dicho frente a la amenaza de Javier Lozano y de las presiones de Grupo Televisa.

Al parecer, una de las pruebas documentales más importantes que presentará Vargas sería el modelo de “disculpa pública” enviada desde la oficina de Alejandra Sota en febrero de 2011  para que Carmen Aristegui leyera como si hubiera sido redactada por ella y pudiera regresar a conducir el programa radiofónico de MVS.

Esta carta, a cuyo texto tuvo acceso Proceso desde febrero de 2011, se titula “Carta de Disculpa Pública” y la clave está en dos líneas donde afirman que “no hay nada que pueda probar” que Felipe Calderón tiene problemas de alcoholismo y que la pregunta lanzada al aire era una “vulgar” difamación de los adversarios del presidente.

El texto de la carta es muy similar al artículo publicado por Ciro Gómez Leyva, el 9 de febrero de 2011, en su columna de Milenio Diario.

En su conferencia de prensa del miércoles 15 de agosto, Joaquín Vargas fue enfático en “dos hechos abominables”, como los calificó el empresario.

“Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno, por quienes matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica  como incómoda”.

Desde 2008, cuando MVS decidió anunciar el lanzamiento de Dish, empresa de televisión restringida vía satélite que le arrebató 2 millones de suscriptores a Sky, la filial más próspera de Televisa, arreciaron las presiones de la empresas y de las cámaras afines a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para que no se le renovaran las concesiones en la banda 2.5 Ghz y para suspender la alianza con EchoStar y con Telmex en Grupo Dish.

El 10 de julio de 2008, en un documento dirigido a Luis Téllez, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Cablevisión, filial de Televisa, le solicitó que no se renovaran las concesiones de MVS o se reservara “una porción de dicha banda a fin de que sea destinada al otorgamiento de nuevas concesiones en futuras licitaciones de bandas de frecuencias para prestar servicios de banda ancha”.

Televisa, a través de Cablevisión también le demandó a la SCT que “las contraprestaciones económicas que se exijan a las personas a quienes se prorrogue la respectiva concesión sean determinadas con posterioridad a la conclusión de las licitaciones de banda ancha del programa de licitaciones”.

El documento de Cablevisión, de 17 cuartillas y cuya copia obtuvo Proceso, fue la base para que el 10 diciembre del mismo año, 3 de los 5 comisionados de la Cofetel decidieran revocar su propia decisión, tomada en agosto de 2008, para renovar las concesiones de MVS en la banda 2.5 Ghz.

“Se estima improcedente el otorgamiento de las prórrogas solicitadas en su oportunidad por Ultravisión, MVS Multivisión, Canal Plus y el c. José Gerardo Gaudiano Peralta, relativas a la vigencia de las concesiones a que se refieren los antecedentes I, II, y V de la presente resolución atendiendo a las consideraciones técnicas señaladas”, concluye la resolución firmada por Héctor Osuna, presidente entonces de Cofetel, y los comisionados José Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera.

El 22 de agosto de 2008 la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo corporativo dominado por Televisa en su confrontación con Telmex y MVS por el mercado del triple play, le envió otro oficio a Luis Téllez para argumentar que era necesario “reasignar” el uso de la banda 2.5 Ghz “ahora que pueden proveerse servicios que antes no estaban previstos”.

En clara referencia a las concesiones de MVS, el escrito de la Canitec firmado por Alejandro Puente Córdoba, remató que “deben señalarse los efectos adversos a la competencia que tiene el hecho de que un solo concesionario concentre 190 Mhz”, ya que esto representa “cuatro veces el ancho de banda máximo a que cualquier participante en la licitación pueda acceder a sus frecuencias”.

Continúa mañana