Opositores de ACTA, en la rueda de prensa de hoy. Foto: Senado de la República. Fuente: eleconomista.com.mx

Por considerar que atenta contra los derechos humanos, la libertad de internet y porque el Ejecutivo mexicano actuó de manera “arbitraria”, representantes de empresas, académicos, activistas y especialistas en el tema de la agenda digital reclamaron que el Senado de la República no ratifique la firma del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA).

En conferencia de prensa, el senador Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, externó su preocupación porque los legisladores electos del próximo Senado “pueden varias su posición y ratificar dicho acuerdo”.

“Por esta razón, he llamado a que no solamente nos quedemos en el marco legislativo, sino que también mantengamos la presión en las redes, la presión social a los legisladores electos para que tengan toda la información disponible y tengan muy claras las consecuencias de firmar el ACTA”, advirtió Castellón Fonseca, legislador del PRD, quien encabezó las consultas en septiembre de 2011 , cuando el Senado rechazó por unanimidad la firma de este acuerdo.

Acompañado de más de 15 representantes de distintas organizaciones, Castellón Fonseca advirtió que el problema principal del ACTA radica en el artículo 27, denominado de “observancia en el entorno digital” que dice lo siguiente:

“Una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor, de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etc, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico”.

Castellón Fonseca advirtió que en un país de “presuntos culpables”, como México, “es probable que nuestra información de la cuenta de usuarios y demás sea proporcionada a ese titular”.

Antonio Martínez Velázquez, vocero de la asociación Artículo 19, informó que este organismo, con sede en Londres, concluyó que también las disposiciones de los artículos 81, 9, 1, 25.3 y 23.4 del ACTA violentan el derecho a la libertad de expresión y “se configura un escenario de censura previa del Estado”.

Ernesto Piedras, del equipo de Competitiy Inteligent Unity, que analiza mercados y regulación en telecomunicaciones, subrayó que el ACTA permite la violación a la privacidad en las esferas digitales.

A su vez, Daniel Gershenson, representante de usuarios de Twitter y de la agrupación @alconsumidor, calificó como una “tentación autoritaria” la firma del ACTA, por parte de algunos sectores políticos y económicos del país. Subrayó que esta firma coincide con el veto presidencial a la Ley General de Vícitmas.

Por su parte, Emilio Saldaña, empresario representante de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre, señaló que el ACTA criminaliza la actividad de compartir contenidos en internet

“Los usuarios de internet no estamos obligados en un momento dado a pedir permiso a cada uno de los autores para compartir material, porque además no estamos haciendo lucro del mismo, estamos ejerciendo el derecho que tenemos de acceder al conocimiento y compartir ese mismo conocimiento. Esto viene a violentarlo directamente ACTA”, resumió.

El abogado Luis Fernando García aclaró que también las negociaciones del Acuerdo  Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) está relacionado con la firma del ACTA. Castellón Fonseca agregó que una de las especulaciones es que fue una condición impuesta en la reciente reunión del G-20 realizada en México.

Oscar Mondragón, consultor en internet, insistió que lo importante es construir una contrapropuesta que defienda los derechos de los usuarios de telecomunicaciones e internet.

“Debemos comenzar a cambiar el debate y tenemos que comenzar a pensar en términos de derechos, hay que pensar sobre el derecho a acceder a internet como un derecho universal”, subrayó Mondragón.

Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, recordó que una de las razones principales del Parlamento Europeo para rechazar el ACTA fue que contiene “disposiciones ambiguas” y recordó que cuando este tipo de disposiciones se traducen en delitos penales, ocurre lo que sucedió en Veracruz, donde se persiguió a usuarios de Twitter.