Fuente: legisver.gob.mx

En la sesión del día de hoy, el Congreso de Veracruz aprobó un nuevo Código Electoral para el estado con una votación unánime (49 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones). Este nuevo ordenamiento se trata de una iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, la cual fue revisada y corregida por los partidos políticos representados en la cámara local.

El texto original presentado por el gobernador Javier Duarte fue modificado en 118 de sus artículos y ocho más fueron eliminados. El código aprobado quedó integrado por un total de 368 artículos y tres transitorios, y estará en vigor el año entrante durante el proceso electoral en el que se renovarán 212 presidencias municipales y 50 diputaciones locales.

Una de las modificaciones más importantes se realizó al artículo 48, el cual pretendía –en la versión presentada por el gobernador del estado- que las organizaciones políticas se abstuviesen de “cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros partidos o candidatos”. Este punto, según consideraron los partidos políticos en la entidad, atentaba en contra de la libertad de expresión y castigaría a los medios de comunicación que transmitieran estos mensajes.

La iniciativa presentada por Duarte proponía en ese mismo artículo, establecer límites para que los partidos políticos no contrataran espacios publicitarios en “aquellos medios que aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen en contra de cualquier partido, coalición o candidato”.

Por ello, los legisladores locales, prácticamente de todas las corrientes, presionaron para que se realizaran cambios al texto y así se respetara la libertad de expresión en los mensajes en contra de los partidos o los candidatos, bajo la única condición de que no denigren ni calumnien.

Incluso el Partido Acción Nacional criticó este artículo desde que la iniciativa fue presentada, pues consideró que se pretendía regular las expresiones ciudadanas y la inscripción de observadores electorales ciudadanos. Impone, señaló el instituto político a través de un comunicado, “una cláusula que podríamos llaman anti 132”, pues el texto en cuestión especificaba que los ciudadanos “no pueden tener vínculos con formas democráticas de expresión, que se produzcan en contra de cualquier candidato, y reducen el plazo para la inscripción de estos observadores”.

Varias organizaciones civiles se opusieron a la iniciativa de reforma, entre ellas Article 19, la cual señaló el 24 de julio en un comunicado de prensa que con su aprobación se violarían los tratados internacionales en materia de libertad de expresión, “la libertad de expresión no es un derecho absoluto y en consecuencia admite restricciones, éstas deben cumplir con las obligaciones internacionales previstas tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, señalaron.

El nuevo código aborda en sus modificaciones la elección de Consejeros del Instituto Electoral Veracruzano, estableciendo -para evitar el “entrampamiento” en su elección- el voto alternativo o preferencial para su nombramiento. También se faculta a la autoridad electoral para dictar medidas cautelares de manera inmediata cuando sea necesario sin que para ello deba intervenir ninguna otra autoridad, salvo para verificar que la medida adoptada sea legal.

Otro aspecto que regula el nuevo ordenamiento es la definición de los periodos de precampaña y de campaña. Sobre las encuestas refiere que éstas no podrán ser utilizadas como propaganda por parte de partidos y candidatos, y deberán difundirse seis días antes de una jornada electoral

Otros aspectos que tocó esta ley son las alianzas y coaliciones, financiamiento y límite a las aportaciones privadas, la obligatoriedad de dos debates entre los candidatos a elección popular y que el monitoreo de medios se inicie desde las precampañas.

Todas estas modificaciones se lograron establecer de manera consensuada entre los legisladores locales, líderes de los partidos y el Ejecutivo local. Como parte de los acuerdos se estableció realizar el próximo año una reforma integral del Código Electoral del estado.

Cabe destacar que esta es la segunda vez, en un periodo menor a un año, que el gobernador de Veracruz envía una iniciativa al congreso estatal que trata de restringir la libertad de expresión. En septiembre del año pasado el Congreso local aprobó una iniciativa enviada por Duarte que reformó el Código Penal para tipificar el delito de “perturbación del orden público”, castigándolo con penas de entre uno y cuatro años de prisión y multas entre los 29 mil 900 y los 59 mil 800 pesos. La reforma al código señala que estas penas se aplican “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.

La reforma al Código Penal se dio después de que el gobierno estatal acusara de terrorismo y encarcelara a dos tuiteros que advirtieron sobre presuntos ataques en contra de escuelas en el puerto de Veracruz. Finalmente, los dos acusados quedaron libres cuando el gobierno estatal se desistió de las imputaciones.