“Si el perro ya no existe, ya no hay rabia, nosotros atacamos la rabia a través de estos compromisos y si no les gusta, pues ya no hay perro y ya no hay rabia. Es una decisión que está en manos de ellos”, concluyó Eduardo Pérez Motta, respecto a la operación Televisa-Iusacell.

El desenlace del proyecto de fusión de las dos grandes televisoras (Televisa y TV Azteca) a través de la sociedad al 50 por ciento en Grupo Iusacell, la tercera empresa de telefonía celular más importante del país, no dejó satisfechos ni a los involucrados ni a especialistas ni a las principales empresas vinculadas con las telecomunicaciones y con la industria publicitaria y televisiva del país.

Los más satisfechos, en todo caso, fueron los operadores de Los Pinos que consideran esta medida como “uno de los mejores legados” del calderonismo en esta materia, aunque la decisión se haya adoptado en uno de los momentos más delicados del proceso electoral federal y en medio de severas críticas de los jóvenes universitarios y de la prensa extranjera al poder desmedido que han adquirido las dos empresas de televisión abierta más importantes del país.

Con un voto dividido de 4 contra 1, la aprobación de la Comisión Federal de Competencia, el organismo responsable de evitar las prácticas monopólicas, está condicionada al cumplimiento de siete medidas, entre ellas la licitación de una tercera cadena de televisión digital terrestre, que si no se cumplen en dos años “detonará automáticamente el mecanismo de disolución” de la sociedad Televisa-Iusacell.

Esta sociedad, anunciada en abril del 2011, implicó una operación de inversión de Televisa de 1,565 millones de dólares de la empresa en deuda convertible en acciones y de 37.5 millones de dólares en capital, es decir, 1,600 millones de dólares. El 24 de enero pasado, por 3 votos contra 2, el pleno de la CFC rechazó la fusión. Tras intensas negociaciones y presiones de Televisa, a través de sus funcionarios y mediante los representantes de Los Pinos, la CFC decidió aprobarla, a cambio de estas siete condiciones.

Las otras seis condiciones importantes son: la no discriminación en venta de publicidad en las pantallas de Televisa y de TV Azteca a las otras compañías de telecomunicaciones (Telcel, Nextel, MVS, Telefónica, entre otras); la prohibición de las llamadas “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell; la venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida, segmentos en donde Televisa y TV Azteca acaparan el 88 por ciento de las frecuencias (224 concesiones para Televisa y 180 para Azteca), el 90 por ciento de los contenidos y el 57 por ciento de la publicidad en medios; la prohibición del llamado “empaquetamiento” de los canales de televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida; y la prohibición de que Televisa participe en la empresa Total Play, de TV Azteca.

La resolución incluye un anexo, firmado por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, y el de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, así como el comisionado presidente de Cofetel, Mony de Swaan, y el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, para que se publiquen “a más tardar el 30 de noviembre de este año”, un día antes de que termine la administración calderonista, la convocatoria a la licitación correspondiente a los frecuencias de televisión abierta en tecnología digital.

El acuerdo indica que tanto los secretarios de Estado como los presidentes de los órganos reguladores “manifiestan su compromiso de conducir, procurar y/o apoyar, en la esfera de sus atribuciones, los procesos regulatorios y la toma de decisiones” para el cumplimiento puntual de la licitación de la tercera cadena.

Este documento no establece ninguna sanción a los funcionarios que incumplan con lo establecido. Especialistas involucrados en las negociaciones consideraron que se trata de un “acuerdo de buena fe”.

Las Presiones de Iusacell y su Plan B

Los primeros en reaccionar fueron los voceros y representantes jurídicos de Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca y de Iusacell. Luis Niño de Rivera calificó de “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones impuestas por la CFC.

Niño de Rivera afirmó que uno de los condicionamientos “más graves” es el plazo de dos años para disolver la sociedad si no se licita de manera exitosa una tercera cadena de televisión abierta.

“Si no se lleva a cabo la licitación por razones ajenas a las empresas, en qué precepto legal puede sustentar la CFC para disolver la existencia de la inversión; yo esperaría que no se llegue a ese extremo ridículo”, afirmó Niño de Rivera.

Más cauto, Grupo Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, señalando que analizará los términos y condiciones impuestos por la CFC, ya sea para aceptarlos o impugnarlos en un plazo de cinco días, a partir del 14 de junio.

El anuncio benefició a Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores. La cotización de sus acciones cerró con un alza de 3.5 por ciento, después de haber perdido más de 20 por ciento tras conocerse el rechazo inicial, en febrero de 2012.

El comisionado presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, afirmó que si las empresas no aceptan en cinco días, tienen la libertad de no concentrarse. “Si el perro ya no existe, ya no hay rabia, nosotros atacamos la rabia a través de estos compromisos y si no les gusta, pues ya no hay perro y ya no hay rabia. Es una decisión que está en manos de ellos”, afirmó Pérez Motta en declaraciones a la prensa.

Distintos observadores consultados por Proceso coincidieron en afirmar que acepten o no las condiciones impuestas por la CFC, Grupo Iusacell ya ganó porque la inyección de 1,600 millones de dólares que realizó Grupo Televisa permitió sanear las finanzas de una empresa con severos problemas de deuda.

Además, existe un “plan B” por si no aceptan las condiciones: la alianza con la empresa española Telefónica Movistar, la segunda empresa más importante de telefonía móvil en el país, hasta hace unos meses un enemigo acérrimo de Grupo Iusacell, y que se mantuvo al margen de la guerra de las telecomunicaciones armada entre las dos televisoras contra Telcel-Telmex, de Carlos Slim.

Dos días antes de que se conociera la resolución de la CFC, Grupo Iusacell firmó un acuerdo con Telefónica para aumentar la penetración del servicio móvil y beneficiar a más de 27 millones de usuarios, a través del servicio de roamming y de la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica que permitirá aumentar la calidad, cantidad y velocidad de los servicios.

Telefónica y Grupo Iusacell afirmaron que a través de esta alianza tendrán cerca del 30 por ciento del mercado de telefonía móvil que controla Telcel.

Juan Abellán, presidente ejecutivo de Telefónica, dijo que la alianza busca beneficiar a la competencia, en contra de “un monopolio que ha impedido que millones de mexicanos accedan a los beneficios de la tecnología por los altos precios de los servicios”, en clara referencia a Telcel.

Unos meses antes de esta resolución, la CFC le canceló la “megamulta” de 1 mil millones de dólares a Telcel, a cambio de que cumpliera 5 condiciones en materia de interconexión. Esta resolución dejó sin efecto, en los hechos, el acuerdo de tarifas de interconexión entre Telefónica y Telcel, de diciembre 2010, que aceleró la “guerra” entre las televisoras y las empresas del magnate Carlos Slim.

Otro actor importante en el escenario, la telefónica Nextel, afirmó que si se concreta la fusión Televisa-Iusacell no afectará a esta empresa que fue socia de Grupo Televisa en la polémica Licitación 21 de la banda 1.7Ghz.

“En nuestro escenario más competido, ya habíamos descontado que se diera la unión”, afirmó Gustavo Cantú, vicepresidente de la telefónica en México. Antes de que se diera a conocer la resolución de la CFC, la Fundación Nextel convocó a un concurso para documentar la “propiedad cruzada de los medios” de comunicación en México, en clara referencia a los riesgos de la alianza entre las dos televisoras más importantes.

Nextel es el cuarto operador por usuarios del país, con cerca del 4 por ciento del mercado, mientras que Grupo Iusacell tiene cerca del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Continúa mañana.