Reportaje Publicado Originalmente en la Edición No. 1854 de Proceso.

Enrique Peña Nieto durante el debate del pasado 6 de mayo. Fuente: redpolitica.com.mx

En el primer debate televisivo entre los cuatro candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto, el aspirante del PRI-PVEM, lanzó una frase que abrió las compuertas de una nueva polémica sobre sus millonarios contratos para promover su figura y su candidatura en Televisa y TV Azteca, las dos principales empresas de televisión abierta:

“Yo le diría a Andrés Manuel (López Obrador): si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente Andrés Manuel, porque durante su gestión como Jefe de Gobierno destinó más de mil millones de pesos y tengo aquí los documentos de la cuenta pública que representan más del doble de lo que el Estado de México gastó en comunicación social”.

En su réplica, López Obrador le presentó el resumen de 8 cuartillas del Presupuesto 2005-2006, negociado por el gobierno de Peña Nieto y las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados, ambas intermediarias o brokers de Televisa.

Para el primer año de la administración del priista presupuestaron 691 millones 734 mil pesos en tiempos de televisión vía spots (327.4 millones de pesos) y 364.3 millones de pesos en compra de información, incluyendo 180 notas informativas en los noticieros de Televisa.

El proyecto original fue publicado por Proceso en su edición No. 1512, el 23 de octubre de 2005. El presupuesto total ascendía a 724.11 millones de pesos porque incluía 44.4 millones de pesos en “estrategia integral de comunicación” más 10.7 millones de pesos en inserción de 37 publirreportajes en 9 revistas de la empresa Televisa.

Este documento, entregado a Proceso junto con un CD, incluyó 50 páginas de  un detallado Plan de Trabajo 2005-2011 cuyos objetivos principales eran deslindar a Peña Nieto, recién electo gobernador, del “escándalo Arturo Montiel”, su antecesor y padrino político, y convertir a joven mandatario en una figura política, conocida a nivel nacional y “posible candidato” del PRI a la presidencia de la República.

La información fue entregada por una fuente anónima “para proteger mi vida y la de mi familia”. Señalaba a TV Promo, “brazo político y financiero de Televisa” como un instrumento “a través del cual esta empresa vende sus espacios publicitarios, sus contenidos noticiosos e, incluso, su línea editorial a cambio de favores y de retribuciones futuras”.

La misma fuente advirtió en su escrito que Televisa lleva una doble contabilidad a través de TV Promo: “Esta televisora logra maquillar cifras y montos relacionados con los gastos de campaña de sus clientes a fin de evitar que sean sancionados por las autoridades electorales”.

El presupuesto para el primer año de gobierno vino acompañado de una factura a nombre de Radar Servicios Especializados S.A. de C.V. El “cliente” es el Estado de México. Como “responsable del proyecto” aparece Yessica de Lamadrid, que en ese entonces trabajaba para esta empresa.

Tanto TV Promo como Radar Servicios Especializados fueron empresas creadas por Alejandro Quintero, vicepresidente corporativo de Comercialización de Televisa, según consta en los folios No. 293222 del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

En 2007 ante la Securities Exchange Commision (SEC), organismo regulador bursátil de Estados Unidos, Televisa admitió finalmente que TV Promo sí realiza intermediación con diversos clientes. Junto con otras empresas bróker “definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, los cuales son más bajos que las tarifas que regularmente se pagan”. La auditoría de abril de 2008, realizada por Price Waterhouse Coopers anota que durante 2006 y 2007, Televisa “pagó comisiones sobre ventas a una empresa en donde un miembro del Consejo y ejecutivo de la compañía es un accionista por un monto de 113 millones 972 mil pesos y 49 millones 614 mil pesos, respectivamente”.

En el debate presidencial, Peña Nieto le respondió a López Obrador que esa información era “totalmente falsa” y  provenía “de una revista que de manera especulativa” la ha publicado. Nunca mencionó a Proceso por su nombre. Mucho menos admitió que existiera una intermediación a través de Alejandro Quintero.

La Danza de las Cifras

La oficina de prensa del PRI distribuyó, apenas terminó el debate, cifras con los montos que el Estado de México destinó de 2005 a 2011 al Comunicación Social durante la administración de Peña Nieto: 646 millones de pesos. Era apenas un recuadro. Citaban a Fundar y Artículo 19, especializadas en acceso a la información y transparencia que, a su vez, citaban las fuentes oficiales mexiquenses. Es decir, se autocitaron utilizando a un tercer organismo.

La información proporcionada por el PRI no desglosaba la inversión en televisión abierta y menos mostraba los contratos originales. Desde finales del gobierno de Arturo Montiel, la oficina de Comunicación Social calificó como “reservada” la información de los contratos con medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. La administración de Peña Nieto continuó manteniendo en “reserva” esa información.

En contraste, el PRI informó también que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas (2000-2006), el Gobierno del Distrito Federal gastó 1,209 millones de pesos en Comunicación Social. Según el equipo peñista, el gasto per cápita anual de la administración capitalina en ese periodo fue de 23 pesos, mientras el gobierno peñista destinó sólo 7 pesos per cápita.

También citó a Fundar para indicar que el gobierno federal invirtió de 2005 a 2011 un total de 16, 566 millones de pesos en comunicación social, “25 veces más que el Estado de México”.

Los primeros días posteriores al debate, la polémica por los gastos de Comunicación Social del Estado de México, el Gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal quedaron en segundo plano. El distractor más importante fue la polémica presencia de la edecán Julia Orayén, quien llevó un vestido escotado que generó fervor en las redes sociales y las fallas en la producción televisiva del debate, atribuidas a Jesús Tapia, quien terminó presentando su renuncia ante el IFE.

Sin embargo, la polémica adquirió  un nuevo aire el 9 de mayo. López Obrador desmintió las cifras del gasto de Comunicación Social de su gobierno ofrecidas por Peña Nieto. Según el candidato presidencial del PRD, sus gastos fueron de la siguiente manera: 148 millones de pesos en el 2001, 149 mdp en el 2002; 72.9 mdp en el 2003; 92.9 mdp en el 2004; y 93.3 mdp en el 2005. Un total de 557 millones de pesos.

El periódico Reforma publicó un comparativo con estas cifras y los datos de la Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No coincidieron las cifras del 2001 y 2002. En el primer año fueron 2002.6 mdp, y en el segundo fueron 212.7 mdp. El monto total es de 674 millones de pesos, 119 millones de pesos de diferencia.

Las cifras del Gobierno del Estado de México son más contrastantes. Según el monto de la información difundida en la página oficial de Enrique Peña Nieto, su administración destinó un total de 646.6 millones de pesos entre 2005 y 2011. Según la cifra derivada de la Cuenta Pública se destinó a Comunicación Social un total de 1 mil millones de pesos. Es decir, 354 millones de pesos de diferencia.

En entrevista con Carmen Aristegui, en el programa MVSNoticias, López Obrador le planteó el 10 de mayo un desafío a Enrique Peña Nieto:

“Si es cierto lo que él dice (Peña Nieto) en el manejo de los gastos en medios, yo renuncio a mi candidatura, pero si no es cierto lo que él dice, que haga lo propio”.

Y planteó la necesidad de contrastar las cifras y las pautas publicitarias con las televisoras y el monitoreo de ambos periodos.

El viernes 11 de mayo, Peña Nieto defendió las cifras de gasto en Comunicación Social de su gobierno, insistió que entre 2001 y 2006, el GDF destinó 1,209 millones de pesos en este rubro y evadió aceptar el reto de López Obrador. “El puso esa condición. Nadie le pide que renuncie a su candidatura”, atajó el mexiquense en entrevista con Aristegui.

Volvió a desacreditar el extenso plan de acción que Televisa le ofreció a Peña Nieto desde octubre de 2005, publicado por Proceso por un monto total de 742.1 millones de pesos, de los cuales, 691.7 millones serían en “inversión en tiempos de televisión”.

“Es un documento no nuevo. Es un documento publicado hace cinco o seis años por una revista (sic) y que no tiene fundamento ni sustento alguno. No es información oficial ni está sustentado, menos avalado por información pública del gobierno. No sé de la empresa televisiva, pero del gobierno evidentemente no tiene sustento alguno”, insistió Peña Nieto.

Peña Nieto sí aceptó que su gobierno destinó al menos 32.3 millones de pesos en “apoyos informativos” para programas radiofónicos, además de 19.7 millones de pesos en spots de radios como parte de sus campañas informativas. Los “apoyos informativos” incluyeron el pago de 9.2 millones de pesos a la empresa ASTRON Publicidad S.A., por “comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiero ‘López Dóriga’ y en el noticiero de Oscar Mario Beteta”.

El candidato presidencial priista se justificó diciendo que era pago para patrocinar el segmento, no para que hablaran bien de su persona. Es “como el comercial de Tequila Don Ramón”, afirmó Peña Nieto. “No es algo nuevo. Esos documentos son de 3 años”, minimizó.

La misma empresa ASTRON Publicidad cobró varios de estos servicios a otros gobiernos estatales. Por ejemplo, el 15 de enero de 2008, el gobierno de Nuevo León le pagó 575 mil pesos por comentarios favorables al mandatario estatal priista.

Peña Nieto negó que dependiera de Televisa o que pagara para que en los espacios informativos de la empresa hablaran bien de él. Calificó como “absurdo y falaz” que Televisa hiciera una inversión política a través de él.

La Crítica de FUNDAR

Factura que demuestra el pago de “apoyos informativos” a la empresa ASTRON Publicidad S.A., por “comentarios de Joaquín López Dóriga transmitidos dentro de su noticiero ‘López Dóriga’ y en el noticiero de Oscar Mario Beteta”. Haz clic en la imagen para ampliar.

En este posdebate sobre los gastos de comunicación social, tanto el equipo de Peña Nieto como el comentarista Héctor Aguilar Camín han citado las cifras que ha publicado el centro de análisis e investigación Fundar, especializado en asuntos de acceso a la información pública y transparencia en las cuentas públicas.

Desde marzo de 2011, Fundar publicó un diagnóstico sobre las cuentas de los gobiernos estatales en matera de comunicación social y advirtió que existen “cifras negras” a las cuales no se puede acceder ante “la falta de criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta gubernamental” en los medios de comunicación.

“La posibilidad de ‘negociar’ la pauta publicitaria inhibe el rol social que los medios de comunicación social deberían cumplir con una sociedad democrática y promueven la autocensura”, sentencia el organismo dirigido por Miguel Pulido.

En las conclusiones del estudio realizado junto con Artículo 19, dirigido por Darío Ramírez, ambos organismos advierten:

“1.-El uso de la pauta como mecanismo para premiar a los medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo en caso contrario.

“2.-Uso de los recursos destinados a comunicación social como herramienta de autopromoción, propaganda o para publicitar acciones y programas que legitimen el proceder de las instancias de gobierno.

“Además, se han desarrollado diversas formas de propaganda gubernamental que buscan perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos públicos y atentan contra el derecho a la información de la sociedad, tales como las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de ‘infomerciales’ en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en programas de entretenimiento (‘publicidad encubierta’). A ello se suma la ya tradicional existencia de gacetillas (propaganda que aparece como información) práctica que aún es recurrente, principalmente en medios impresos locales”.

La crítica de Fundar y Artículo 19 se dirigía al gobierno federal, al gobierno del Distrito Federal y también al gobierno del Estado de México. En vísperas de la contienda presidencial del 2012, ambos organismos calificaron de “alarmante” esta situación.

En el documento titulado “Publicidad Oficial en México: la Censura Estructural” establecen:

“La situación es más alarmante si se toma en consideración el aumento sostenido en la cantidad de recursos destinados a los rubros de comunicación social y publicidad oficial, lo que ha derivado en la proliferación de campañas propagandísticas en detrimento de la difusión de información de interés público; tendencia que implica un aumento en el potencial de las instancias de gobierno de incidir sobre las líneas editoriales. Lo anterior exige particular atención de cara a las elecciones del 2012”.

Monitoreo y “Publicidad Encubierta”

Un monitoreo realizado por la empresa Intelcast, al cual tuvo acceso Proceso, confirma que en por lo menos entre 2005 y 2009, los primeros cuatro años de gobierno, la presencia de Enrique Peña Nieto en medios electrónicos, especialmente en Televisa, se realizó en clara sintonía con el documento firmado por su gobierno por un monto de 691 millones de pesos en “tiempos de televisión”, tan sólo para el primer año.

Por ejemplo, entre el 1 de septiembre de 2005, fecha en la que asume la gubernatura Peña Nieto, y el 12 de julio de 2009, Intelcast contabiliza 1,880 menciones del ex mandatario, de las cuales, 1,084 fueron en medios electrónicos.

Específicamente en Televisa, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006, tuvo 226 menciones, incluyendo entrevistas y notas informativas. Entre 2006 y 2007 se elevaron a 310 menciones; de 2007 a 2008 fueron 261 menciones; y entre septiembre 2008 y julio de 2009, en vísperas de las elecciones federales, aumentaron a 398 menciones monitoreadas.

El dato más relevante es que se incrementaron en Televisa las llamadas “transmisiones especiales”, clasificados así en el monitoreo como una forma de llamar a los infomerciales o a la publicidad encubierta, a favor de Peña Nieto, en los distintos contenidos.

En el último periodo, entre septiembre 2008 y julio 2009, las transmisiones especiales se elevaron a 2 horas, 12 minutos y 42 segundos, que es más del doble del tiempo de transmisión en “notas informativas” que tuvo Peña Nieto en Las Noticias por Adela, en el canal 9, el metropolitano, que fue de 1 hora 14 minutos y 50 segundos.

En El Noticiero, con Joaquín López Dóriga, en Canal 2, las menciones a Peña Nieto sumaron 1 hora, 41 minutos y 18 segundos.

Una de esas “transmisiones especiales” fue el evento de apoyo de Antorcha Campesina a Peña Nieto, en el Estadio Azteca, de Televisa, difundido en la señal de televisión abierta el día del padre, el 21 de junio de 2009. Esto provocó una queja del PAN ante el IFE y el inicio de un proceso especial sancionador argumentando que el mandatario mexiquense violó el principio de equidad.

La discusión al interior del IFE versó sobre la legalidad o no de de los spots o “cápsulas informativas” que implican publicidad encubierta. El consejero Alfredo Figueroa argumentó que había una responsabilidad de Televisa al difundir cápsulas de propaganda política en El Noticiero, de López Dóriga. Su propuesta fue rechazada por 8 votos contra uno.

Entrevistado por Proceso durante aquel episodio, Figueroa admitió que era “evidente” que se trató de propaganda encubierta o “publicidad integrada”, aunque Televisa negó que hubiera existido un pago a cambio.

“Las propias compañías de televisión lo hacen evidente al mandar a comerciarles y aparecer una cápsula, que ciertamente tiene un contenido, digamos, informativo, pero que es parte de propaganda.

“Simplemente hay que revisar los catálogos de productos que tienen particularmente Televisa y TV Azteca. Ellos venden este tipo de productos, los comercializan y hay un enorme debate que hay que dar respecto de este tema porque no es simplemente un asunto que tenga que ver con un partido político ni con una sola persona. Tiene que ver con distintas acciones políticas, tanto de gobernantes como de partidos políticos”, argumentó Figueroa.

El proyecto de inversión de Televisa y Enrique Peña Nieto, negociado a través de TV Promo, y negado insistentemente por la televisora, el gobierno del Estado de México y el actual candidato presidencial realizó un presupuesto para este tipo de “publicidad encubierta”.

Le puso un precio de 305 millones 688 mil pesos a 180 notas informativas en los distintos noticieros de Televisa. Un costo de 5 millones 780 mil a 3 reportajes en la serie Los Reporteros y 42.8 millones de pesos a 6 entrevistas con Peña Nieto en “varios noticieros”. Incluyó un presupuesto de 10 millones de pesos en 3 programas de Zona Abierta, entonces conducido por Héctor Aguilar Camín.

Aguilar Camín rechazó vehementemente que hubiera vendido ese espacio al gobierno del Estado de México y que Enrique Peña Nieto nunca estuvo en ese programa. No negó su vieja relación de amistad con el artífice de este proyecto: Alejandro Quintero.

Ambos formaron parte, junto con Bruno Newman, de las primeras generaciones de estudiantes de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

Luis Hernández, columnista y coordinador de Opinión en La Jornada, publicó el 11 de mayo que estos tres personajes “fueron socios de la empresa Quan (por los apellidos de Quintero, Aguilar y Bruno Newmann)”.