Un día después que la Cámara de Diputados aprobara con los votos a favor de sólo 244 legisladores federales una reforma fast track para favorecer a las televisoras, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y distintos especialistas consideraron que este cambio es “anticonstitucional” e implica “un grave retroceso en la reforma electoral”, aprobada en 2007, y expresa “una inquietante subordinación de los partidos políticos al interés” de las dos grandes empresas mediáticas, Televisa y TV Azteca.

El comunicado de la AMEDI advierte que al establecer que las redes o cadenas de televisión o radio estarán obligadas a transmitir sólo las pautas nacionales determinadas por el IFE, esta reforma legal “permite que las estaciones locales no difundan mensajes electorales destinados a una ciudad o a un estado específicos”.

“Televisa y Televisión Azteca han mostrado gran reticencia para bloquear sus transmisiones nacionales e insertar, en cada repetidora, los spots de propaganda electoral dirigidos a los ciudadanos de cada localidad. Con argucias técnicas han presionado a lo largo de este tiempo al IFE para evitar dichos bloqueos, sin el éxito que esperaban y ahora promovieron una reforma que se contrapone a las disposiciones constitucionales en la materia”, explica el comunicado de la asociación, presidida por Aleida Calleja.

En la sesión del 12 de abril, los diputados federales aprobaron lo que muchos especialistas consideran como un “regalo” a las televisoras: le agregaron a los artículos 79 bis y 49 de la Ley Federal de Radio y Televisión la consideración que les permite que cuando haya una cadena o encadenamiento de señales (como en el canal 2 de Televisa o el canal 13 de TV Azteca) se den por cumplidas las pautas correspondientes a los tiempos del Estado, con el argumento de que es suficiente que la estación original demuestre el cumplimiento respectivo.

La iniciativa original fue presentada por el coordinador de la bancada del PRD, Armando Ríos Pitter, el 22 de marzo pasado. Ríos Pitter es actualmente candidato a senador de su partido por Guerrero. En la sesión no estuvo presente ni siquiera para defender su “iniciativa”.

El diputado federal del PT, Jaime Cárdenas comparó la aprobación de esta reforma con una reedición de la polémica Ley Televisa, al tiempo que el diputado panista Javier Corral, argumentó que la iniciativa ni siquiera cumplió con el trámite legislativo porque no se discutió en el seno de la Comisión de Radio y Televisión, que preside Juan Gerardo Flores, diputado del Partido Verde, parte de la telebancada y aspirante a senador para el 2012.

La AMEDI explicó que esta reforma tenía una “zanahoria” para encubrir el verdadero objetivo: facilitar el registro legal de las radiodifusoras indígenas y promover una “alimentación nutritiva y equilibrada”.

“Esas modificaciones no tienen consecuencias prácticas”, sentencia la AMEDI, ya que los medios indígenas no avanzarán si se mantienen “las mismas condiciones técnicas y financieras tan restrictivas que hacen casi imposible su viabilidad”.

“Resulta ofensivo que los legisladores utilicen el supuesto reconocimiento de emisoras indígenas para enmascarar el propósito de la reforma legal”, advierte la AMEDI.

La asociación le reprochó a los partidos políticos, los mismos que aprobaron la reforma electoral del 2007, que se propinen ellos mismos un “garrotazo” porque “ellos y sus candidatos son los interesados en tener presencia específica en las ciudades a las que llegan las cadenas nacionales de radio y televisión”.

Por su parte, Raúl Trejo Delabre, especialista en comunicación, publicó en su blog www.sociedadypoder.wordpress.com un análisis de esta reforma. Resaltó como “significativo” que “hayan sido diputados de partidos considerados como de izquierda los que promovieron y defendieron (aunque fuese sin argumento alguno) esta reforma tan conveniente para las televisoras”.

“La presentación de la iniciativa por parte del diputados Ríos Pitter y su defensa ritual por parte de (Mario) Di Constanzo permiten asegurar que la telebancada llega mucho más allá de los personeros directos de Televisa y TV Azteca”.

El dictamen pasó al Senado para su aprobación. Paradójicamente, ésta fue la cámara de origen de la reforma electoral del 2007-2008 que estableció la obligatoriedad de los concesionarios de transmitir todo tipo de spots en los tiempos de Estado y que serán pautados por el Instituto Federal Electoral.

Los consejeros del IFE, Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa, criticaron duramente esta reforma fast track. Baños consideró que se trata de una reedición de la Ley Televisa y Figueroa subrayó que es “contraria al sentido de fortalecer los medios de comunicación política con los contenidos locales”.