Primera parte del reportaje publicado en la edición no. 1840 del semanario Proceso.

La noche del martes 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, sólo se tenía claro que dos comisionados iban a votar en contra de la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos estaban a favor.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC y Rodrigo Morales Elcoro, ambos integrantes de la comisión desde el sexenio de Vicente Fox y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos como la megamulta contra Telcel por 1 mil millones de dólares, estaban en contra de apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50 por ciento de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca.

Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y de TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafusión”: Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (ver Proceso, No. 1838).

Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron a favor de la concentración, señalando que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, del magnate Carlos Slim.

Curiosamente, ambos comisionados también habían votado en contra de la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011. Ibarra Pardo, junto con Miguel Flores Bernés votaron en junio del año pasado a favor de que Pérez Motta se recusara en el caso de la megamulta a Telcel porque declaraciones suyas en medios electrónicas ponían en duda su imparcialidad.

El voto del quinto comisionado, Miguel Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba en contra de la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no iba a combatir a un gigante como Telmex-Telcel, con la creación de otro formado por las dos televisoras dominantes.

Flores Bernés, como los otros cuatro comisionados, fue objeto de intensas presiones tanto de los dos consorcios televisivos involucrados en la fusión, como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al monstruo” de Telcel-Telmex.

El punto medular de la deliberación interna del organismo, según los testimonios recabados por Proceso, se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara el 100 por ciento de Grupo Iusacell y se eliminara el “incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde ambos grupos controlan el 95 por ciento de las frecuencias concesionadas, más del 65 por ciento de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en televisión abierta y restringida.

Otro escenario, planteado por uno de los comisionados, fue que sólo se aceptaría la fusión si Grupo Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión abierta (canal 2, canal 5 o canal 9) y se regularan el must offer y el must carry, en los términos planteados por otras empresas de televisión restringida, como MVS, accionista de  Grupo Dish, que ha criticado duramente a Televisa y a TV Azteca por negarles el acceso a sus canales de televisión abierta y por bloquear la contratación de publicidad en Canal 2 o Canal 13.

Tras una larga deliberación, la fusión se rechazó por 3 votos contra 2. Se acordó que no se diera a conocer la decisión hasta que se les notificara  a los entes regulados, hasta completar el proceso de notificación de la resolución, especialmente hacia Grupo GSF Telecom Holdings, la controladora de  Grupo Iusacell, ubicado en Montes Urales 460, en el Distrito Federal.

El comunicado emitido por la CFC la noche del mismo martes 24 de enero sólo informó que “el pleno resolvió hoy sobre la concentración Televisa-Iusacell, a la que corresponde el expediente CNT-031-2011.

El mismo boletín advirtió que por mandato del último párrafo del artículo 31-Bis de la Ley Federal de Competencia, reformada recientemente por el Congreso de la Unión, la CFC y sus comisionados “están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”.

Se trató de evitar un escenario similar al de la megamulta contra Telcel, que derivó en un largo litigio de la empresa de Carlos Slim contra el presidente de la comisión Eduardo Pérez Motta por haber ventilado públicamente su posición sobre este tema, en pleno proceso jurídico.

“Ganar Tiempo”

A pesar de la extrema cautela de los comisionados de la CFC, pronto se filtraron distintas versiones sobre el sentido del voto. El Universal publicó el 25 de enero, como nota principal, que la fusión fue rechazada por 3 votos contra 2. Ese mismo día, la edición online de The Wall Street Journal, citó a “un alto ejecutivo” de Televisa afirmando que el organismo regulador rechazó la solicitud de concentración.

Para los inversionistas de la televisora y, en especial, para Alfonso de Angoitia, principal artífice de esta operación, ventilar la negativa tenía como objetivo aminorar el impacto negativo en el Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado bursátil norteamericano, donde Grupo Televisa cotiza. Las acciones de Televisa disminuyeron un 8 por ciento esa semana y registraron una baja de poco más de 3.4 por ciento el 1 de febrero, cuando se confirmó el rechazo a la solicitud de concentración.

Apenas el 20 de enero de este año, seguro que iba a ser aprobada la concentración, Grupo Televisa cubrió la totalidad de los mil 602.5 millones de dólares acordados para la compra de acciones de Iusacell, según el reporte enviado por la empresa a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El reporte de la empresa de Emilio Azcárraga Jean informó: “en relación con esta inversión, Grupo Televisa hizo pagos en efectivo durante el segundo y tercer trimestre de 2011 por un monto total de mil 152.5 millones de dólares (13 mil 528 millones de pesos), y en octubre de 2011, por un monto de 450 millones de dólares (6 mil 249 millones de pesos)”.

La negociación original fue reconocida por Televisa y Grupo Iusacell, en abril de 2011, a pesar de que la rechazaron airadamente, cuando el columnista Miguel Angel Granados Chapa, autor de Plaza Pública, la dio a conocer el 23 de enero.

Desde ese momento, el punto medular para ambos consorcios fue ganar tiempo, de tal manera que la autorización de esta operación se acercara al 2012, año de la sucesión presidencial en México y pudieran hacer valer su capacidad de presión, advirtieron analistas financieros, consultados por Proceso.

Grupo Televisa y Grupo Iusacell no notificaron de inmediato a la Comisión Federal de Competencia, entidad reguladora que debe autorizar, por ley, este tipo de operaciones. A pesar de eso, desde abril de 2011 las compañías ya habían informado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la SEC de Estados unidos.

The Wall Street Journal publicó el 6 de abril de 2011 que Televisa “compraría 50 por ciento de Iuscaell”. Citando a círculos financieros, el periódico especializado señaló que la operación implicaría “la compra de una parte, o la totalidad, de la deuda reestructurada de Iusacell, por parte de David Martínez y su fondo de inversión Fintech”.

Martínez fue adquiriendo en los mercados bursátiles deuda de Iusacell hasta hacerse propietario del 98 por ciento del papel de la emisión 2011, 92 por ciento de la 2012 y 76 por ciento de las de 2013.

David Martínez es un enigmático empresario de origen regiomontano, que vive entre Nueva York y Londres, y que mantiene una rivalidad financiera muy fuerte con los ejecutivos de Televisa, en especial, con Alfonso de Angoitia. En un principio, fue el principal apoyo para la demanda por  Paula Cussi, la última esposa legal de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien acusó a Emilio Azcárraga Jean de incumplimiento en el reparto de la sexta parte de la herencia de su padre.

Televisa vio una oportunidad en la compra de la deuda de Iusacell con David Martínez para tener el control de la cuarta compañía de telefonía celular en México y negoció con Ricardo Salinas Pliego, su presunto competidor en TV Azteca, el pago de poco más de 1,600 millones de dólares.

Apenas unos meses antes, Televisa negoció con Grupo Nextel la inversión de 1,440 millones de dólares para adquirir el 30 por ciento de la compañía, una vez que tuviera los títulos de concesión del bloque de 30Mhz, de la banda 1.7Ghz, en la polémica Licitación 21. Finalmente, Televisa abandonó la sociedad con Nextel y comenzó su negociación en secreto con Grupo Iusacell.

Ante la negativa de la CFC, Iusacell y Televisa apuestan por ganar tiempo, en función de la elección presidencial del 2012. Tienen 30 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración ante el organismo regulador y éste, a su vez, tendrá 60 días hábiles para considerar los argumentos que le presenten ambas partes.

El contenido de la resolución se desconoce, hasta ahora, porque el proceso de notificación culmina el 7 de febrero próximo. Si ambos grupos resuelven a favor de las condiciones que incluye la resolución de la CFC, la megafusión puede ser aprobada en junio de este año o irse a un litigio ante tribunales, que se prolongará más allá de julio de 2012.

(Continúa mañana)