Por considerar que la adquisición de Grupo Televisa del 50 por ciento de las acciones de la telefónica Iusacell “induce casi forzosamente” a la colusión y coordinación entre las dos televisoras que dominan el mercado de publicidad en este medio y de contenidos, la Comisión Federal de Competencia decidió rechazar por 3 votos contra 2 la solicitud de concentración.

Al dar a conocer el resultado de la resolución adoptada el 24 de enero pasado, la CFC indicó que “una asociación de esta magnitud, con poder de veto de cualquiera de las partes sobre las decisiones corporativas de la empresa conjunta y con mecanismos formales para la comunicación entre Grupo Salinas y Grupo Televisa, crea nuevos y poderosos incentivos económicos para que las partes no sólo cooperen en la empresa conjunta, sino también se coludan en otros mercados. Así lo indica contundentemente tanto la teoría económica como la práctica internacional en materia de análisis de concentraciones”.

El comunicado emitido por la CFC desglosa los posibles “impactos” que tendría la fusión de ambas compañías. En el mercado de la telefonía móvil “no origina riesgos para la competencia”, pero aclara que la transacción planteada (1,600 millones de dólares para adquirir deuda convertible en 50 por ciento de las acciones de Grupo Iusacell) “no es la única manera de lograr estos beneficios”.

Recomiendan que puede materializarse “con la inyección de recursos a Iusacell de cualquiera de otra fuente distinta a su principal competidor en otros mercados”, en clara alusión a Grupo Televisa, “o a través de una estructura accionaria que no indujera a la cooperación entre competidores”. Proceso reveló que si Grupo Televisa adquiriera el 100 por ciento de Iusacell no tendría ningún problema para la competencia.

En materia de televisión abierta, la CFC consideró que la fusión “genera riesgos graves para la competencia”, ya que se crea nuevos incentivos para que se coordinen ambas televisoras, que ya controlan el 95 por ciento de las concesiones totales de televisión abierta y el 100 por ciento de las cadenas nacionales, en un mercado “con altísimas barreras a la entrada”.

Proceso también reveló que en la discusión de los cinco comisionados que integran el pleno de la CFC se planteó la posibilidad de que Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas nacionales, pero aún así la fusión hubiera tenido incentivos peligrosos para la adopción de prácticas monopólicas.

La CFC argumentó que el 57 por ciento del gasto en publicidad total en México se destina a la televisión abierta, “lo cual muestra que publicitarse en este medio es esencial para competir en diversos mercados, sobre todo de bienes de consumo masivo”.

“Si el precio de la publicidad en televisión abierta se incrementa como resultado de una menor competencia en este mercado, las empresas anunciantes enfrentan costos mayores e incrementan sus precios al consumidor final, que a su vez ve reducido su bienestar. Todo esto sin considerar la importancia de la televisión abierta para transmitir mensajes de interés público”, advirtió uno de los párrafos centrales del comunicado.

El otro impacto negativo es en televisión restringida, ya que los canales de televisión abierta (dominados por Televisa y TV Azteca) dominan la participación o share de la audiencia total en un 40 por ciento. La coordinación entre el duopolio televisivo “provoca riesgos de que estos contenidos de televisión abierta (entre ellos, por ejemplo, la totalidad de los derechos de transmisión de partidos de futbol de primera división mexicana) se utilicen como palanca para desplazar indebidamente del mercado a empresas de televisión restringida que no están integradas verticalmente con las partes”.

Antes de que se diera la resolución de la CFC, el Grupo MVS, competidor del sistema Sky, filial de Televisa, a través de Grupo Dish, advirtió que la fusión de Iusacell y Televisa hubiera representado que en menos de tres años desapareciera la competencia en televisión satelital restringida.

La CFC advierte que “los beneficios en un mercado no pueden servir para justificar los daños a la competencia en otros mercados. En consecuencia, el pleno de la CFC resolvió negar su autorización para la concentración en los términos planteados por la empresa”.

Los comisionados que votaron en contra de la concentración fueron Eduardo Pérez Motta, presidente del pleno, Rodrigo Morales Elcoro y Miguel Flores Bernés. Mientras que a favor de la concentración y en contra de la resolución votaron Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, quienes argumentaron que la concentración de ambas empresas “podría lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado de los servicios de telefonía móvil”.

Este es el argumento central que ha planteado Grupo Iusacell a través de sendos desplegados y comunicados en prensa. Critican a la CFC porque su decisión beneficiará a Grupo Telcel, que domina ya el 70 por ciento del mercado de suscriptores de telefonía móvil.

Hasta ahora, las empresas no han respondido formalmente a la resolución. Tienen 30 días hábiles,  a partir del 1 de febrero pasado, para pedir el recurso de reconsideración, al tiempo que la CFC cuenta con 60 días hábiles para responderles.