Texto original publicado en la revista Proceso, No. 1838.

Eduardo Pérez Motta. Fuente: http://revistafortuna.com.mx/

La mañana del lunes 16 de enero llegaron hasta las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del emporio televisivo, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado el “brazo derecho” de Ricardo Salinas Pliego.

Ambos fueron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell, propiedad de Salinas Pliego, y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Ambas empresas se volverían propietarias del 50 por ciento de la empresa telefónica, a cambio de que se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de 1,600 millones de dólares por parte del corporativo televisivo de Emilio Azcárraga Jean.

La operación, considerada la más ambiciosa y peligrosa al convertir a las dos grandes cadenas de televisión abierta en socios y no en competidores, ha generado una intensa presión en el seno del pleno de la CFC, integrado por cinco comisionados.

Pérez Motta les respondió que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez, ésta última designada por Felipe Calderón como integrante de la CFC apenas el 15 de septiembre de 2011.

Padilla y De Angoitia, los ejecutivos más altos de ambas televisoras, salieron descontentos de las oficinas de la CFC en Santa Fe. Versiones extraoficiales señalaban que no tenían 3 de los 5 votos necesarios para autorizar la concentración.

Otras versiones investigadas por Proceso y ventiladas en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la CFC podría autorizar la fusión, siempre y cuando se tomaran una serie de medidas para regular el mercado de la televisión restringida, dominada por Televisa, y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo al proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Desde ese momento, las presiones dejaron de ser tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan el 93 por ciento de las señales en televisión abierta.

En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional de Televisa y TV Azteca, se difundieron noticias en contra de Eduardo Pérez Motta y del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.

La cobertura fue similar como dos gotas de agua: se trasmitió una demanda de la diputada federal del PRD, Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la CFC, argumentando que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla; dos días después, ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan, presidente de Cofetel, por los contratos que adjudicó presuntamente de manera ilegal a dos de sus amigos.

En medio de estas presiones en pantalla, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se reunió, en privado, en las instalaciones de Televisa-San Angel, con los directivos de la empresa, la tarde del miércoles 18 de enero. En algunas cuentas de Twitter se señaló que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere echar a andar a través del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).

La Presidencia de la República confirmó hasta el día siguiente esta reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa para sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión, intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.

Presiones y Extorsiones

A los dos días de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta emitió un comunicado “reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días”. En este texto, el presidente de la CFC advierte que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.

En la parte medular de su comunicado, Pérez Motta recordó el linchamiento en las pantallas de Televisa y de TV Azteca en contra de Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric, para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión:

“Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta), así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta, recuerdan, por poner sólo un ejemplo, al caso del empresario mexicano Isaac Saba (qepd) que en sociedad con una cadena estadounidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.

“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de concesión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…”

“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal, y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.

El contrataque se agudizó el 19 de enero. El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa-Iusacell a casa de bolsa Scottia Capital.

“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.

El vocero de Grupo Salinas amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia.

Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter, al mediodía del viernes 20 de enero, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes:

@RicardoBSalinas: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”.

@RicardoBSalinas: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.

@RicardoBSalinas: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!

En respuesta a estos mensajes, Pérez Motta emitió otro comunicado señalando que “así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores. Si Iusacell se siente afectado por lo que consideran que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente”.

“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa-Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor”.

Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 de enero comenzó a circular en las redacciones periodísticas y en las oficinas de la CFC un anónimo donde acusaban a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno.

“¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra del 50 por ciento de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para Telmex-Telcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”.

(Continúa Mañana)